El grupo de organizaciones no gubernamentales dedicada al fomento y la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información llegó a 2 conclusiones:

1.- La recurrente política de Estado contra los medios de comunicación que le son adversos y sus periodistas causó un silenciamiento informativo.

2.- Los editores, propietarios de medios e intermediarios en la distribución de canales deben rendir cuentas sobre los mecanismos que aplican para ocultar información y al mismo tiempo denunciar las presiones que reciben.

Se denunció censura y la autocensura en ambas partes.

ANTECEDENTE

Se determinó como un antecedente el comunicado emitido por el Directorio de Responsabilidad Social de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, emitido el 11 de febrero en la noche.

“El directorio considera de suma gravedad que nuevamente, al amparo de la libertad de expresión, plenamente garantizada en nuestro ordenamiento jurídico, algunos actores del espectro radioeléctrico realicen una cobertura mediática que podría o pudiese privilegiar, en tiempo, tratamiento y lenguaje la promoción de la violencia y los llamados a caotizar la vida pública, por encima de la convocatoria al diálogo, el respeto a la ley y la solución pacífica de los conflictos”, se indica.

Esta es una clara amenaza, de acuerdo con la alianza. El comunicado “constituye un mecanismo institucionalizado de amenaza y coerción para los medios radioeléctricos y contribuyó al silenciamiento de eventos informativos en las estaciones de radio y televisión. Fue evidente que las movilizaciones pacíficas no tuvieron cobertura en directo por los medios locales. Todo ello contribuyó a que circularan rumores e información no verificada y generó incertidumbre en amplios sectores de la sociedad”.

Lo que se pide a los medios es vencer el temor y actuar “con responsabilidad profesional”.

Aquí la nota completa.