El Comité Ejecutivo y la Comisión de Premios de la SIP destacaron que Aristegui brilla por su compromiso y valentía a lo largo de su trayectoria periodística y que, en el último año, pese a las adversidades ha elevado los estándares a favor de la libertad de expresión en México.

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, expresó: «la sólida ruta periodística de Carmen Aristegui está anclada en la rectitud, el valor y la inquebrantable vocación de arrojar luz sobre las gestiones de la institucionalidad mexicana, pese a las múltiples fuerzas que intentan callar su voz en un país donde el ejercicio de la prensa libre es objeto de un constante y muy peligroso acoso».

La organización instó al gobierno de ese país a investigar en profundidad este nuevo crimen, a detener la violencia impune en contra de los periodistas y a «mostrar su compromiso con la libertad de prensa»..

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, lamentó «este nuevo crimen en México, donde los periodistas de Acapulco y de otras zonas del país han venido advirtiendo que ejercen su trabajo con temor y gran desprotección». 

Jornet, director periodístico del diario La Voz del Interior, de Argentina, expresó: «Mientras los graves atropellos contra los periodistas mexicanos continúen impunes, se seguirá enviando el mensaje erróneo de que estos delitos no pasan por la Justicia, lo que da carta libre a los violentos». 

«Reiteramos nuestra demanda al gobierno para que actúe con firmeza ante los asesinatos contra periodistas, administre justicia, frene la violencia que padecen y demuestre su compromiso con la libertad de prensa», añadió Jornet. 

Matus Peña tenía más de 15 años de experiencia en periodismo y se especializaba en noticias policiales, violencia e inseguridad. En 2019 fue víctima de un atentado del que salió ileso. Matus Peña trabajó en Alarma y Agora Guerrero, entre otros medios.

Su asesinato se suma al de Luis Martín Sánchez Íñiguez, corresponsal del diario La Jornada, en Tepic, estado de Narayarit, hallado sin vida el 8 de julio.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados ingresaron al lugar y abrieron fuego contra varias personas cerca de la medianoche.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional tras ser alertados sobre la agresión. Asimismo, paramédicos que acudieron al lugar confirmaron la muerte de cuatro personas, y atendieron a dos más lesionadas, que fueron llevadas a un hospital.

A través de su cuenta en Twitter, la organización Artículo 19 confirmó que una de las personas fallecidas es Ernesto Méndez, el director del periódico Tu voz, excolaborador de Zona Franca y del periódico El Correo.

El periodista Ernesto Méndez, director del medio Tu Voz, fue asesinado la noche de este martes al interior de un bar propiedad de su familia en el municipio San Luis de la Paz, en Guanajuato.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados ingresaron al lugar y abrieron fuego contra varias personas cerca de la medianoche de este martes.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional tras ser alertados sobre la agresión. Asimismo, paramédicos que acudieron al lugar confirmaron la muerte de cuatro personas, y atendieron dos más lesionadas, que fueron llevadas a un hospital.

La organización dijo tener conocimiento sobre amenazas en contra de Méndez, por lo que hizo un llamado para que la Fiscalía General de la República (FGR) considere su labor periodística como el móvil del asesinato y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) atraiga el caso.

Igualmente pidió al Mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas a contactar a familiares y colegas de Méndez a fin de otorgar las medidas de protección necesarias.

El comunicador hace unos días se había presentado como uno de los que había obtenido la concesión de la Feria Regional del Noreste de San Luis de la Paz.

Agentes de Investigación Criminal acudieron al lugar y levantaron el peritaje correspondiente y los indicios que ayuden a esclarecer el hecho, los cuerpos de los fallecidos fueron llevados al SEMEFO para realizarles la necropsia de ley.

«Hubo diez periodistas asesinados en el 2021, México es el segundo país más peligroso después de Afganistán (para ser periodista). La situación sigue siendo terrible y lamentable, mientras esos números sigan siendo de esa magnitud no podemos hablar de que vivimos en un país democrático», dijo este martes a Efe la directora del documental, Juliana Fanjul.

A pesar de tener uno de los programas de noticias en radio más exitosos, Aristegui fue despedida sin explicaciones en 2015 del Grupo MVS. Meses antes, Aristegui había destapado uno de los muchos casos de corrupción del gobierno de Peña Nieto, conocido como el escándalo de «La casa blanca».

Desde el despido, Fanjul siguió los pasos que Aristegui emprendió en busca de justicia y en defensa de la libertad de expresión.

PRIMER ENCUENTRO

«Después de una hora y media de hablar y exponer mis intenciones Carmen tomó un taxi y se fue. Me sorprendió que no se fuera en una camioneta blindada de seguridad», recuerda la directora.

Fanjul era uno de los millones de oyentes a quienes robaron la posibilidad de escuchar las opiniones y el trabajo de una de las periodistas más críticas del país.

Pese a las amenazas, el cansancio y las malas noticias, Aristegui siempre se observa en el documental con una fortaleza incansable, que Fanjul destaca.

El acercamiento más íntimo que muestra el documental con la periodista, es cuando habla frente a la cámara de la necesidad de que su hijo se fuera del país y el acoso que éste también vivió por parte del Gobierno.

“Era importante mostrar a la mujer detrás del personaje mediático”, responde Juliana.

Una vez finalizado el gobierno de Peña, Aristegui regresó a la radio esta vez a Grupo Radio Centro.

Pero en la actualidad la periodista tampoco lleva una relación cordial con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente la llamó una “conservadora” por una investigación publicada en su portal en donde se señala la relación de los hijos del presidente con un programa de asistencia social del Gobierno.

“Ejercer el periodismo en Guaymas es altamente riesgoso, aunque ya está la denuncia sigue habiendo amenazas”, dijo López de 47 años en una conferencia de prensa realizada en marzo, donde aseveró que el crimen organizado lo amenazaba.

La Fiscalía General del Estado de Sonora inició la investigación correspondiente e indicó que dará conocimiento a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), al tratarse de una agresión contra un periodista. Se trata del segundo asesinato de un periodista en menos de una semana y el séptimo hombre de prensa ejecutado en el país en lo que va del año.

Cada 13 horas se genera una agresión contra un trabajador de los medios de comunicación en el país, según Artículo 19. El lunes fue asesinado en Michoacán, el periodista Abraham Mendoza.

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, lamentó el fallecimiento del periodista y solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar las indagatorias correspondientes.

A través de su cuenta de Twitter, también solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) apoyar las acciones para dar con los responsables. Reporteros sin Fronteras, y otras organizaciones defensoras de la libertad de prensa condenaron el hecho.

Periodistas, activistas de derechos humanos y abogados de todo el mundo han sido blanco de gobiernos autoritarios que utilizan un software de piratería vendido por la empresa de vigilancia israelí NSO Group, según una investigación sobre una filtración masiva de datos dada a conocer por The Guardian y otras 16 organizaciones de medios.

El software espía de piratería de NSO, Pegasus, es un malware que infecta iPhones y dispositivos Android para permitir a los operadores de la herramienta extraer mensajes, fotos y correos electrónicos, grabar llamadas y activar micrófonos en secreto.

La filtración, informa The Guardian, contiene una lista de más de 50.000 números de teléfono que, se cree, han sido identificados como de personas de interés por clientes de NSO desde 2016.

Forbidden Stories, una organización de medios sin fines de lucro con sede en París, y Amnistía Internacional inicialmente tuvieron acceso a la lista filtrada y acceso compartido con socios de medios como parte del proyecto Pegasus, un consorcio de reportajes.

Durante varios meses, más de 80 periodistas de 17 medios de comunicación ubicados en 10 países, entre ellos Proceso, The Guardian, The Washington Post, Le Monde, el Süddeutsche Zeitung o Aristegui Noticias, colaboraron en esta investigación, coordinada por Forbidden Stories, una organización periodística sin fines de lucro con sede en París, con el apoyo técnico del Security Lab de Amnistía Internacional.

The Guardian y sus socios de medios revelarán las identidades de las personas cuyo número apareció en la lista en los próximos días, pero se adelantó que figura el caso de Cecilio Pinedo, periodista mexicano que fue asesinado en 2017 tras recibir varias amenazas. El análisis afirma que México fue el país donde varias agencias gubernamentales compraron el software.

«En México, existen documentos que evidencian que tres agencias de gobierno usaron Pegasus durante el sexenio de Enrique Peña Nieto: la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); fuentes consultadas dicen que, de las tres agencias, la Sedena y el Cisen podían operar Pegasus sin orden judicial, es decir, con un amplio margen para el uso arbitrario», indica la revista Proceso.

En los datos figuran  más de 180 periodistas , incluidos reporteros, editores y ejecutivos de Financial Times, CNN, New York Times, France 24, The Economist, Associated Press y Reuters.

¿Qué es el Pegasus Project?

Pegasus Project es una investigación periodística internacional que revela los abusos que 10 gobiernos clientes de la empresa israelí NSO Group perpetraron con el spyware Pegasus contra periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos, tanto en sus países como en el extranjero.

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El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuenta con 1.478 personas beneficiarias en la mayoría de las 32 entidades federativas. Se precisó que solo seis estados cuentan con organismos locales de protección en esta materia: Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla.

En un comunicado, Gobernación dijo que de los asesinados 7 periodistas y 2 personas defensoras eran beneficiarios del mecanismo de protección.

La dependencia recordó que el mecanismo «es una garantía de protección a derechos humanos erigida dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad, de quienes ejercen el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión».

De diciembre de 2018 a la fecha se ha incrementado el número de personas beneficiarias en más del 80% y se ha fortalecido.

En 2019 y 2020 se destinaron al mecanismo 783 millones de pesos (unos 39,5 millones de dólares), mientras que en este año se aprobó un presupuesto de 227,6 millones de pesos (11,5 millones de dólares) y se solicitó una ampliación de 189 millones de pesos (unos 9,5 millones de dólares), lo cual daría un presupuesto total para 2021 de 416,6 millones de pesos (unos 21 millones de dólares).

El periódico Reforma publicó este lunes que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en lo que va de 2021 se habían asesinado a 12 activistas y desde 2019 a la fecha se acumulaban 56 asesinatos contra activistas.

López Obrador lamentó todos los fallecimientos y dijo que «luchamos para que esto no suceda, trabajamos todos los días para salvar vidas, es una entrega total a la causa de la justicia y a proteger la vida de los mexicanos».

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, criticó en Twitter las palabras del presidente mexicano. «Una vez más, López Obrador no solo descalifica los informes sobre activistas asesinados en México como ‘propaganda’, sino que asegura que su Gobierno los está protegiendo. Omite que, en 2020, su Gobierno eliminó el fideicomiso que financiaba las medidas de protección para defensores», dijo Vivanco.

La nota de Reforma cita datos de la organización Frontline Defenders, la cual contabilizó 24 defensores de derechos humanos asesinados en 2019, además de otros 20 en 2020 y los 12 citados por la CNDH en 2021.

DATO

En 2020, América Latina fue la región con mayor número de periodistas asesinados por ejercer su profesión. En conjunto, Brasil, México, Colombia y Honduras representan el 80% de los asesinatos de periodistas cometidos en esta parte del mundo durante el período de 10 años, según los datos recopilados por RSF.

Netflix lleva el reportaje de la periodista Ginger Thompson, de ProPublica, a una serie de seis capítulos que muestran el asalto mortal a un pueblo mexicano cerca de la frontera con Texas.

El reportaje que podemos leer aquí inicia así: «LOS INDICIOS DE QUE ALGO INNOMBRABLE pasó en Allende son contundentes. Cuadras enteras, en algunas de las calles más transitadas del pueblo, yacen en ruinas. Mansiones que fueron ostentosas hoy son cascarones desmoronados, con enormes agujeros en las paredes, techos carbonizados, mostradores de mármol agrietados y columnas colapsadas. Esparcidos entre los escombros quedan los vestigios raídos y enlodados de vidas destrozadas: zapatos, invitaciones a bodas, medicamentos, televisores, juguetes» .

La tragedia ocurrió en marzo de 2011 en Allende, un tranquilo pueblo ganadero, de unos 23 000 habitantes y a solo 40 minutos en auto de la frontera con Texas. Sicarios del cartel de los Zetas, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas del mundo, arrasaron Allende y pueblos aledaños. Todo comenzó en Estados Unidos, cuando la Administración para el Control de Drogas (DEA) logró un triunfo inesperado, relata el periodista: Un agente persuadió a un importante miembro de los Zetas para que le entregara los números de identificación rastreables de los teléfonos celulares que pertenecían a dos de los capos más buscados del cartel, Miguel Ángel Treviño y su hermano Omar. La DEA compartió la información con una unidad de la policía mexicana con problemas con filtraciones y colusión con el narco.

Al enterarse los Treviño de la traición, los hermanos planearon vengarse de los presuntos delatores, de sus familias y de cualquiera vinculado.

En 2016, ProPublica y National Geographic emprendieron la labor de juntar las piezas de lo que pasó en este pueblo del estado de Coahuila: «dejar a los que sufrieron la mayor parte del ataque, y a los que tuvieron algún papel en él, que contaran la historia en sus propias palabras, con frecuencia con gran riesgo para sus vidas. Voces como estas rara vez se han escuchado durante la lucha contra el narcotráfico: funcionarios locales que abandonaron sus puestos, familias asediadas por el cartel y por sus propios vecinos, operarios del cartel que cooperaron con la DEA y vieron asesinados a sus amigos y familias, el fiscal estadounidense que supervisó el caso y el agente de la DEA que lideró la investigación y quien, como la mayoría de la gente en esta historia, tiene vínculos familiares en ambos lados de la frontera». Esta pieza periodística llamada Anatomía de una masacre llegó a Netflix.

LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS

Fue producida por James Schamus (productor de Brokeback Mountain). El guion fue escrito tanto por él como por Mónika Revilla (escritora de La casa de las flores) y Fernanda Melchor, periodista , autora de la novela Temporada de Huracanes, y cronista reconocida por retratar la crudeza de la violencia en México.

En la investigación, Ginger Thompson -la ganadora del Pulitzer- destacó que durante años después de la matanza de Allende las autoridades mexicanas solamente hicieron esfuerzos inconsistentes para investigar.

Somos (Netflix) no hace apología al narco, como otras serie de este tipo. En esta ocasión se da voz a las víctimas, pero por respeto a los que fallecieron o vivieron ese infierno, la serie no se basa en personas reales. Los guionistas decidieron crear personajes desde cero utilizando varias de las anécdotas que menciona Thompson en su reportaje. El proyecto demoró tres años en materializarse, pues la pandemia frenó su desarrollo.

“Se trata de una obra coral, con múltiples protagonistas, cada uno el centro de su propio universo, y cada uno viviendo, sin saberlo, bajo una sentencia de muerte inminente o un indulto», dice la escritora Fernanda Melchor sobre la serie citada por El País.

Gustavo Sánchez Cabrera, director de la web de información Noticias Minuto a Minuto y del canal de televisión Panorama Pacífico TV, estuvo en contacto con RSF en las últimas semanas, ya que temía por su vida.

El periodista fue asesinado por hombres armados que abrieron fuego contra él mientras viajaba en motocicleta junto con su hijo, cerca del municipio de Morro Mazatán, en la región del Istmo de Tehuantepec, (estado de Oaxaca, sur de México). Estaba especializado en la cobertura de la política local y de las noticias policiales y judiciales.

«Las autoridades mexicanas le fallaron dos veces a Gustavo Sánchez Cabrera a lo largo de su vida. Fue incorporado al Mecanismo en 2014 tras recibir amenazas de muerte, pero se le dio de baja por razones no precisadas, según han explicado a RSF fuentes de dicha entidad. En julio de 2020, fue víctima de un intento de asesinato en su casa. La Fiscalía de Oaxaca emitió una orden de aprehensión contra su agresor, llamado Esteban de la Cruz Lagunas, pero la orden nunca llegó a ejecutarse. La víctima le había identificado como familiar de dos agentes de la autoridad Municipal local, por lo que la Fiscalía aún debe explicar por qué no se detuvo a De la Cruz y por qué no se investigó a los funcionarios», detalla RSF.

“El Estado mexicano estaba al corriente de los riesgos que corría Gustavo Sánchez Cabrera, pero no actuó a tiempo. Es una omisión dramática que le ha costado la vida a un hombre”, denuncia el director de la oficina de RSF en América Latina, Emmanuel Colombié.

“Era público y notorio que las publicaciones de Gustavo Sánchez Cabrera resultaban molestas y que lo ponían en peligro. El Mecanismo Federal de Protección debe replantearse a fondo su sistema de medidas de urgencia, además de dar una explicación pública y asumir su responsabilidad en este caso«, dijo.

Con Gustavo Sánchez Cabrera, ya son siete los periodistas asesinados que contaban con medidas de protección del Mecanismo desde que este organismo fue creado, en 2012. También es el segundo periodista asesinado en América en 2021. El primero fue Benjamín Morales Hernández, el 3 de mayo, en el estado mexicano de Sonora.

El político está acusado de ordenar la tortura y el arresto ilegal de la periodista Lydia Cacho en 2005, cuando gobernaba en Puebla (2005-2011). Cacho había denunciado en su libro Los demonios del edén una red de explotación sexual infantil en la que mencionaba a los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif como responsables.

La periodista fue arrestada y torturada por la Fiscalía de Puebla acusada de difamación, en una acción ordenada por el entonces gobernador.

La periodista denunció entonces el abuso de poder que el político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantenía en Puebla y su participación en los hechos de 2005.

La Administración de Andrés Manuel López Obrador pidió perdón a Cacho por los abusos y le garantizó que castigaría a Marín y Nacif.

Unos meses después, un juzgado emitió su orden de arresto y envió la información sobre el exgobernador a la Interpol. Están pendientes las detenciones de Nacif y del exjefe de la Policía Judicial de Puebla Adolfo Karam.

“Llevo 14 años buscando justicia por haber sido torturada por este cómplice de redes de #PornografíaInfantil. Vamos por todos”, escribió la periodista en Twitter.

En el diario El País de España, Cacho relata lo siguiente: «Desde hace veinte años, en que recibí las primeras amenazas de muerte por investigar crímenes de Trata de niñas, niños y mujeres, he enfrentado a las autoridades corruptas y/o ineficaces de dos gobiernos del PAN, uno del PRI y ahora el actual: MORENA. Mi perseverancia radica en la necesidad urgente de que este gobierno, y su gabinete de seguridad, cumplan con su deber junto a las instituciones relacionadas con la prevención, atención, sanción y erradicación de estos ilícitos: un millón 500 mil violaciones, los crecientes crímenes contra la niñez mexicana y la violencia de género que arrebata la vida de 10 mujeres diariamente».