La muerte de Marcela Yarce Viveros, reportera del semanario Contralínea, y Rocío González Trápaga, exreportera de Televisa, no puede quedar impune. Entre 2000 y la fecha,  74  informadores mexicanos han sido asesinados. Se dice que otros 13 están en condición de desaparecidos.

Para la organización Article19, los periodistas en México están en una situación de alerta por la “impunidad rampante”, lo que da una señal a los “perpetradores de que (matar a un periodista) no tiene ninguna consecuencia”. Así indica Darío Ramírez, director de esa agrupación para México y Centroamérica, en declaraciones a EFE.

“Esta falta de protección del Estado mexicano ha generado que los periodistas tengan que optar por un silencio lacerante para el derecho que tiene la sociedad a la información”, sostuvo Ramírez.

Para el director de la organización se busca arrinconar a la prensa, amordazarla, silenciarla y mantenerla con miedo.

Por su parte, la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), conminó a las autoridades a realizar una investigación pericial experta, profunda, pronta y expedita, en la cual sean agotadas todas las líneas de investigación vinculadas con su trabajo periodístico.

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