Un Juez de la Unidad Civil del Distrito Metropolitano de Quito ordenó el embargo de bienes y cuentas bancarias, así como la prohibición de salida del país del periodista Fernando Villavicencio, exasesor del asambleísta Cléver Jiménez, tras admitir a trámite una petición del presidente Rafael Correa para declararlo insolvente, advierte Fundamedios.

La medida se adoptó porque el periodista no pagó más de ciento cuarenta mil dólares de indemnización al que fue condenado, junto con el Asambleísta Cléver Jiménez y el activista Carlos Figueroa, por supuestas injurias al presidente.

El escrito, firmado por el juez Edwin Cevallos Ampudia, menciona que con base en el numeral 1 del artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, se presume el estado de insolvencia de Villavicencio, y en consecuencia, se declara a lugar el concurso de acreedores y que se proceda a publicar su estado en la prensa, para el conocimiento de la ciudadanía. También se ordena la acumulación de todos los juicios seguidos en contra del periodista y la interdicción de administrar sus bienes.

Villavicencio declaró a Fundamedios que estos hechos eran “impresentables”.

Para hacer esto @MashiRafael hay que ser miserable y cobarde.Quieres quitarle el pan a mis hijos para saciar tu odio pic.twitter.com/ztEN5mhHGf

— Fernando (@fevillavicencio) August 9, 2016

Orden del gobierno de @MashiRafael es silenciarme a cualquier costo, si ayer no lograron apresarme harán lo que sea para callarme #Atentos

— Fernando (@fevillavicencio) August 18, 2016

El periodista tiene tres días para pagar la deuda fijada.

El 28 de mayo de 2015, Villavicencio, Jiménez y  Figueroa fueron acusados por desacato por parte del presidente Rafael Correa quien, a través de su abogado Caupolicán Ochoa, recordó al juez de la Corte Nacional, Luis Enríquez, que se ha cumplido el plazo para que los sentenciados paguen la indemnización y se disculpen públicamente con el Primer Mandatario. El pasado 27 de marzo de 2015, el juez nacional Luis Enríquez dio un plazo de 30 días para que los sentenciados paguen al presidente Correa la suma descrita y se disculpen. Esa orden del juez se produjo después de que prescribiera la pena de prisión y a pesar de que los acusados tienen protección de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.