El gobierno turco tiene el derecho y la responsabilidad de investigar los hechos violentos que ocurrieron en el intento de golpe de Estado de julio de 2016, y de llevar a sus responsables ante la justicia. Así lo consideraron 28 organizaciones defensoras de la prensa y de los derechos humanos.

• ARTICLE 19
• Amnesty International
• Human Rights Watch
• PEN International
• Association of European Journalists
• Canadian Journalists for Free Expression
• Committee to Protect Journalists
• Danish PEN
• English PEN
• Ethical Journalism Network
• European Centre for Press and Media Freedom
• European Federation of Journalists
• Fair Trials
• German PEN
• Global Editors Network
  
• Index on Censorship
• International Media Support
• International Press Institute
• IREX Europe
• My Media
• Norwegian PEN
• Norwegian Press Association
• PEN America
• Reporteros Sin Fronteras
• Swedish PEN
• Wales PEN

Las organizaciones reconocen que «la situación inmediatamente posterior al intento de golpe de Estado supone una circunstancia excepcional en la que un Gobierno podría legítimamente invocar un estado de emergencia, pero incluso así ello no lo eximiría de sus obligaciones con respecto a los derechos humanos».

Expresaron su preocupación ante los poderes que ejercen las autoridades turcas en estos tres últimos meses de vigencia del estado de emergencia -ahora extendido a tres meses más- que ponen en peligro los principios generales del estado de derecho y los derechos humanos.

«Pedimos al Gobierno de Turquía que revoque las medidas del estado de emergencia cuya aplicación en la práctica es incompatible con las obligaciones en materia de derechos humanos adquiridas por Turquía», indican las organizaciones.

Desde el intento fallido de golpe de Estado, las autoridades turcas mantienen en prisión preventiva a 34.000 soldados, oficiales, policías, jueces, fiscales, periodistas y profesores entre otras profesiones. 70.000 personas están bajo investigación criminal y hay varias disposiciones en los decretos del estado de emergencia que suspenden las garantías que protegen a los detenidos contra la tortura y otros malos tratos, de forma que se viola la legislación internacional adoptada por Turquía, y se pone en riesgo a los detenidos. Entre las medidas se incluyen:

Y eso no es todo:

En los dos primeros meses y medio de la adopción del estado de emergencia, las autoridades han procedido al cierre de 150 medios de comunicación, dejando a un total de 2.300 periodistas y trabajadores de medios sin empleo.  Al menos 99 periodistas y escritores han sido detenidos, elevando el total de trabajadores de medios acusados por cargos relacionados con el ejercicio de su profesión a 130 a fecha de 16 de octubre de 2016.

Publicado por:

@cdperiodismo

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