La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) presentó un decálogo que pretende servir de base para consensuar estrategias comunes que combatan la proliferación y efectos de las noticias falsas. 

• Las noticias falsas son una amenaza para la libertad de información y para la democracia. Hacemos un llamamiento a la sociedad civil, el Estado, las organizaciones políticas, medios, periodistas y empresas tecnológicas a enfrentarse con firmeza a esta lacra en defensa de un entorno informativo fiable y responsable.
• Todos los actores de la cadena informativa están llamados a combatir, y no fomentar, la difusión de noticias falsas: Aunque el primer responsable de la difusión de noticias falsas es quien las fabrica, todos los actores de la cadena de producción y distribución de contenidos, deben estar comprometidos en actuar contra su propagación.
• Debe llegarse a una definición consensuada, bajo los principios de la libertad de información y expresión, sobre qué debe considerarse bulo o noticia falsa y qué no, de modo que se protejan formas de expresión legítimas como la sátira o la crítica social.
• Los medios deben comprometerse a informar de la fuente, autor, fecha y procedencia de los contenidos que elaboran o de las que se hagan eco.
• Desde los poderes públicos se promoverán campañas de ‘alfabetización mediática y digital’ que mejoren las competencias de los ciudadanos en esta materia. Además, se impulsarán herramientas que permitan al público, por sí mismo, verificar la fiabilidad de un contenido, cabecera o sitio web.
• Las empresas de distribución de contenidos, que deben considerarse como empresas informativas por el volumen que representan las noticias en su flujo de actividad, deben desarrollar mecanismos que penalicen, y no premien, los bulos así como herramientas que permitan filtrarlos del torrente de contenidos que se comparten.
• Los medios de comunicación y los periodistas son responsables de cumplir sus obligaciones éticas en el ejercicio de su función. Los códigos deontológicos deben incluir sanciones que penalicen malas prácticas y la difusión de infundios que deslegitiman el periodismo. La rectificación de contenidos erróneos será de acuerdo a las exigencias más estrictas. Los medios y periodistas, además, darán herramientas a su audiencia para que corrija las informaciones que sean inexactas.
• El periodismo de “código abierto” es uno de los mejores antídotos contra la publicación de noticias falsas. Los medios facilitarán, en la mayor medida posible, la trazabilidad de sus informaciones y contenidos: mostrando las fuentes, cómo se ha obtenido la información, el método de elaboración y la autoría.
• Las técnicas de verificación de contenidos, promovidas tanto desde los medios como desde organizaciones, deben cumplir los estándares internacionales consensuados en esta materia. Entre otros: apartidismo e igualdad en la aplicación de técnicas de fact-checking; transparencia en las fuentes; transparencia en los recursos y en quién promueve la iniciativa; transparencia en la metodología y honestidad en la publicación de correcciones.
• Todas las formas de comunicación deben ser responsables en combatir, y no promocionar, la difusión de contenidos falsos. Las campañas promocionales, sean comerciales, políticas o de cualquier tipo de organización, evitará estas prácticas en su estrategia comunicativa.
• Las iniciativas promovidas por los Estados y las organizaciones políticas serán respetuosas con los estándares internacionales sobre protección de la libertad de expresión e información. En particular, se evitará el Derecho penal como instrumento para combatir las noticias falsas y cualquier forma de injerencia política en el normal funcionamiento de los medios.

Publicado por:

Sofia Pichihua

Periodista licenciada de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Máster en Periodismo Digital en la Universidad de Alcalá de España. Profesora de Periodismo Digital/Community Manager de ISIL. @zophiap en Twitter

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