La cámara baja, con mayoría socialista, aprobó la medida. La ministra para los derechos de la mujer, Laurence Rossignol, dijo que la ley apunta a las organizaciones antiabortistas que crean «sitios web que imitan a los estatales» y contienen información en apariencia oficial.

Las penas son de hasta dos años de prisión y multa de 30.000 euros Rossignol dijo que los activistas contra el aborto pueden expresar sus opiniones libremente mientras digan «sinceramente quiénes son, qué hacen y qué quieren».

LA CRÍTICA

La asociación antiaborto Alliance Vita opinó que la ley es un ataque a la libertad de expresión, mientras que la Federación Europea One of Us lamentó la norma y dijo que es un “ataque a la libertad de expresión y a la posibilidad de información a la mujer sobre su maternidad”.

El presidente de la Federación One Of Us, Jaime Mayor Oreja, declaró a través de un comunicado que «una sociedad que no protege la maternidad como esencia misma de la existencia de esa sociedad está abocada al caos”.

La Conferencia Episcopal de Francia no se quedó atrás. Y señaló que se trata de “un precedente grave de limitación de la libertad de expresión en internet» y «un atentado muy grave a los principios democráticos».