Explicó que, con su propuesta, se tipificará como delitos las prácticas de generar noticias falsas (fake news), montajes o crear cuentas falsas y la utilización de bots. Así lo señala Los Tiempos.com.

Según dijo, ha desarrollado este proyecto de ley porque en las redes sociales existen hechos delincuenciales como la estafa, trata y tráfico, además de la difusión de noticias falsas y otros.

Huanca comentó que hay vacíos legales en la normativa actual, que se pretenden llenar justamente con una ley en el ámbito de las redes sociales.

Reconoció que es un tema sensible, pero llamó a realizar un debate junto a la oposición, medios de comunicación y otros actores involucrados en el tema.

«No puedo en redes sociales, en base a la libertad, asumir una especie de libertinaje de que abiertamente yo agreda, ofenda a alguien. Tengo que ser pasible de sanciones», reflexionó.

Señaló que en redes sociales se increpa y ofende al presidente de manera permanente, algo que -en su opinión- no debe pasar ni con el primer mandatario ni con otra autoridad, sea concejal, asambleísta o alcalde.

DISCREPANCIA

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos descartó la iniciativa del diputado masista por ser altamente atentatoria contra la liberta de expresión y la libertad de prensa.

“Ese proyecto es inviable, ni Estados Unidos ha podido hacer esa regulación (en su país) donde hay muchas libertades, donde hay un órgano judicial independiente y nosotros estamos a jugando a hacer eso porque a Héctor Arce le ponen su número como si fuera trabajadora nocturna, es una cosa absurda”, sentenció Barrientos.

La senadora resaltó que en Bolivia la justicia esta cooptada por el masismo y sus administradores no dudarían en enviar a la cárcel a periodistas y ciudadanos, que cuestionen o muestren su desacuerdo con el Gobierno, bajo el argumento de desinformación.

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) de Bolivia expresó su rechazo al artículo 11 del proyecto de ley, que señala que no se podrá hacer uso del secreto profesional o confidencialidad cuando la UIF requiera información que podrá ser obtenida de manera directa sin orden judicial o trámite previo.

«La imposibilidad de invocar el secreto profesional ante una orden de la UIF implica que los periodistas no podrán usar su derecho a otorgar la reserva o el anonimato a aquellas fuentes que así lo soliciten, antes de revelar manejos corruptos», advirtió el comunicado de la ANP.

El artículo en cuestión vulnera la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Constitución boliviana y el secreto de imprenta que ayuda a investigar a los periodistas temas de corrupción o la fiscalización del poder, señaló.

El proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas fue aprobado el viernes por la Cámara de Diputados y el documento pasó a la Cámara de Senadores para su tratamiento. Los partidos opositores alertaron que este artículo atenta contra la libertad de la prensa.

El medio Bolivia Prensa advierte:

De aplicarse esta ley, cuando un medio de comunicación informe sobre el nivel de poder económico que tiene una persona o una empresa, podrá ser requerido por la IUF para que entregue no solamente la fuente de información sino también todos los documentos que respaldan la información y no podrá oponer excepción legal de competencia al amparo de la Ley de Imprenta.

Actualmente un periodista tiene el derecho a no revelar toda la información acogiéndose al artículo 8 de la Ley de Imprenta de 1925 que dice: «el secreto en materia de imprenta es inviolable» y a continuación el artículo 9 advierte que «el editor o impresor que revela a una autoridad política o a un particular el secreto del anónimo, sin requerimiento del juez competente, es responsable, como delincuente, contra la fe pública, conforme al Código Penal».

El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de la Prensa de Bolivia, Jorge Abrego, dijo al citado medio que el artículo 11 de dicho proyecto de ley va contra la Constitución Política del Estado, la Ley del Imprenta y también el Código Nacional de Ética Periodista.

Indicó que el artículo 107 parágrafo II de la Constitución, garantiza que la información difundida a través de los medios de comunicación esté elaborada de acuerdo a normas propias, de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley.

Abrego menciona además que el artículo 5 del Código Nacional de Ética Periodística dispone que «se debe proteger la identidad de las fuentes confidenciales de información». Sin embargo, el proyecto de ley anula cualquier posibilidad de invocar confidencialidad a simple requerimiento administrativo de la IUF.

Los gremios periodísticos anunciaron que se declaran «en emergencia», ante el intento de «silenciar» a los medios y que harán una denuncia internacional para proteger la libertad de expresión en el país.

El decreto castiga penalmente a quienes «difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que ponga en riesgo o afecte a la salud pública, generando incertidumbre en la población».

Con la norma dictada el fin de semana «tienen que cuidarse esos ciudadanos que están tratando en las redes sociales de confundir, de enfrentar mal la información», advirtió este lunes el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, quien afirmó que el decreto no alcanza a los periodistas, por estar regidos por otra ley.

Para el Gobierno, quienes «deberían estar preocupados» por las nuevas disposiciones son «los que nos quieren enfrentar y dividir a los bolivianos», dijo Núñez, criticado en las redes sociales tras transportar en un vuelo militar a una reina de belleza de su región.

Los gremios de la prensa boliviana reaccionaron exigiendo la derogación del decreto de la presidenta interina, Jeanine Áñez, asegurando que restringe la libertad de expresión.

Las asociaciones de periodistas de La Paz y de Bolivia, APLP y ANPB, pidieron en un comunicado conjunto «que sea eliminada» esta norma, promulgada el fin de semana.

La norma «establece una severa restricción, inconstitucional e inconvencional, al penalizar el derecho humano y fundamental a la libertad de expresión», protestaron los gremios de periodistas, tras pedir que sea eliminada.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a dueños de medios impresos, expresó también su «profunda preocupación por el contenido del Decreto 4231 que amplía restricciones a la libertad de expresión contenidas en los decretos 4199 y 4200, aplicados en tiempos de pandemia».

DATOS

• El decreto 4231 endurece la sanción contenida en otro, el 4200, de marzo pasado, pues somete al ámbito penal al supuesto infractor. La pena oscila entre uno y 10 años de prisión.
• «Esta es una clara violación de la libertad de expresión», dijo Eva Copa, presidenta del Senado, de mayoría opositora.
• Amnistía Internacional (AI) pidió en abril al gobierno boliviano clarificar acusaciones de «desestabilización», «desinformación» y «guerra virtual», enmarcadas en esa norma contra 67 personas, 37 de las cuales ya habrían recibido sentencias a través de «procesos abreviados».

El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, consideró un «grave retroceso en libertad de expresión en Bolivia con el pretexto de combatir el Covid-19».

El relator pidió a las autoridades del Estado garantizar la libertad de prensa a través de fronteras y sin «estigmatizar» a la prensa.

“Aquellos periodistas o seudo periodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas, que son en algunos casos bolivianos o extranjeros, están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana”, señaló el 14 de noviembre la ministra recién posesionada.

Lizárraga dijo que ya se tienen identificadas a las personas supuestamente involucradas y anunció que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, “va tomar las acciones pertinentes en todo esto”.

Desde el fin de la campaña electoral y el exilio del expresidente Evo Morales, los ataques a la prensa se han incrementado en Bolivia, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras (RSF).

Los periodistas padecen violentas agresiones tanto de los manifestantes como de las fuerzas del orden. Numerosas estaciones de radio y de televisión se han visto obligadas a interrumpir sus labores y sus oficinas han sido vandalizadas, advierte  RSF, tras hacer un llamado a la sociedad boliviana para que se respete el trabajo de la prensa.

Durante la audiencia sobre la Situación del Derecho a la Libertad de Expresión y la Libertad de Prensa en la Región Andina, en el 167 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Colombia, Miralles advirtió sobre el conjunto de normas y políticas orientadas a silenciar el trabajo de periodistas y medios independientes de Bolivia.

Informó que entre 2010 y 2017, la ANP reportó un total de 136 agresiones físicas contra periodistas y medios de información, además de otros 155 casos de agresiones verbales y amenazas.

Junto a representantes de Fundamedios de Ecuador, el Instituto de Prensa y Sociedad de Perú (Ipys Perú) y el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela) que integran el Bloque Voces del Sur, el ejecutivo expresó rechazo a la acción judicial que determinó el encarcelamiento preventivo de periodistas y sin elementos que justifiquen esa medida extrema.

En un informe entregado a la CIDH, la ANP abogó por el cese de la persecución judicial contra el periodista Wilson García, y demandó justicia para las periodistas Yadira Peláez y Claudia Pardo, ambas procesadas por denunciar acoso en la empresa estatal de televisión. La organización boliviana hizo este pedido de la misma manera en que se pronunció contra el injusto encarcelamiento de los periodistas Carlos Quisbert y Juan Carlos Paco, en el año 2015.

Es por eso que el gremio demandó el viernes que pasó la anulación o modificación de sus artículos, informa AFP.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) manifestó sus temores al recordar en la fecha los 93 años de aprobación de una Ley de Imprenta que garantiza el trabajo periodístico y que se ha mantenido invariable pese a los intentos de varios gobiernos de cambiarla.

«Ahora enfrentamos una nueva lucha», señaló la ANPB en un comunicado, y agrega que el nuevo Código Penal «contiene varios artículos que amenazan la libertad de expresión, el trabajo de los periodistas (y) la Ley de Imprenta».

La nueva norma aprobada el mes pasado sanciona por la vía penal a quien difunda por medios masivos de comunicación calumnias, injurias o difamaciones. Las sanciones incluyen desde 100 hasta 400 días de trabajos comunitarios, reparaciones económicas o prohibición de concurrir a ciertos lugares.

«Los periodistas reafirmamos nuestro compromiso de lucha hasta conseguir la derogación de los artículos que lesionan la libertad de expresión y la Ley de Imprenta o en su caso, su modificación para garantizar un ejercicio pleno y sin presiones», acotó la ANPB.

El artículo 200 del proyecto de Código de Procedimiento Penal, en proceso de aprobación en la Cámara de Diputados, incorpora la figura de la mala práctica profesional como resultado de un acuerdo entre autoridades del Legislativo y representantes del Colegio Médico que habían cuestionado la redacción inicial. La figura de  “mala práctica médica” fue cambiada por “mala práctica profesional”, lo que incorpora al resto de profesiones.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), se reunirá con el Legislativo este martes, pues considera peligrosa esta medida.

La ANP, que agrupa a los principales diarios y una agencia de noticias, se declaró en alerta porque de aprobarse y  aplicarse el artículo 200 del proyecto del Código del Sistema Penal a periodistas y comunicadores vulneraría derechos e impondría la autocensura.

“Los presidentes de las Cámaras aclararon muy bien, por tanto no creo que esté en debate. Ustedes como periodistas saben muy bien (que) está garantizada la libertad expresión, de información, hasta información para mentir al pueblo”, insistió el Presidente en una conferencia de prensa.

Los presidentes de Diputados, Gabriela Montaño, y del Senado, José Alberto Gonzales, habían aclarado la anterior semana que el ajuste al código referido a la mala praxis no alcanza a los periodistas porque la labor de éstos no pone en riesgo la vida de las personas.

“¿Qué más podemos garantizar, díganme?”, cuestionó Morales a los comunicadores en la conferencia de prensa, donde dijo que «a veces se trata de tergiversar algunos términos para dañar al Gobierno”.

Morales acusó en su momento a algunos medios de formar parte de un denominado “cartel de mentira” .

El gremio  rechazó la «ilegal persecución judicial y política” en su contra.

«Pedimos al presidente Evo Morales, el cese de toda acción hostil hacia el periodista Wilson García Mérida para quien pedimos libertad irrestricta y el archivo del proceso penal instaurado por el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana por el presunto delito de sedición, una figura legal ajena a la labor de los periodistas del país”, señala el pronunciamiento de la CSTPB.

A un año del «ilegal enjuiciamiento y forzada” salida del periodista de Bolivia a Brasil, acusado por el presunto delito de sedición por el entonces ministro Quintana, la organización sindical rechazó las acciones en su contra.

«Ratificamos nuestro rechazo a la ilegal persecución judicial y política del periodista y director del periódico digital «El Sol de Pando”, quien para evitar su detención se vio obligado a dejar el país el 10 de mayo de 2016”, añade el comunicado.

La CSTPB pidió al Mandatario que gestione el retorno del periodista que se encuentra en Brasil con todas las garantías.

Freeman se encuentra en la ciudad de Santa Cruz, capital de la región donde se conservan los templos jesuitas, y donde hoy se reunió con el presidente boliviano Evo Morales para realizar una entrevista para National Geographic sobre su vida como político.

Al término de su encuentro con Freeman, Morales agradeció en su cuenta de Twitter haber sido entrevistado sobre «su vida, la lucha y la presidencia» que ejerce en Bolivia desde 2006. La entrevista duró 20 minutos.

«Fue una linda entrevista, seguramente va a ser un gran documental. Hemos hablado sobre mi vivencia en el Chapare, la vida de Evo, las luchas de los movimientos sociales. Conoce muy bien la realidad del país», afirmó Morales para la agencia oficia ABI.

Los ministerios de la Presidencia y de Comunicación publicaron en sus cuentas de Twitter fotografías del encuentro de Freeman y Morales en los jardines de la petrolera estatal YPFB.

Saludar el pedido de una entrevista de #MorganFreeman sobre la vida, la lucha y la presidencia de Evo. pic.twitter.com/b3gbpaytne

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 29 de abril de 2017

El presidente de Bolivia, Evo Morales, entregó ayer al reconocido actor y director de cine estadounidense Morgan Freeman un ejemplar del ‘Libro del Mar’, en una reunión en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.