Durante su discurso, destacó que en estas casi dos décadas «el Consejo de la Prensa Peruana ha cumplido una importante labor docente en la ciudadanía, al enfatizar tres cosas: primero  el estrecho vínculo entre libertad de prensa y democracia, una no puede existir sin la otra; luego, que cuando se afecta a la primera no solo se afecta a los medios de comunicación y los periodistas, sino también a los mismos ciudadanos; y finalmente que los periodistas entendemos, en una relación horizontal, que somos pasibles de errar, pero también que sabemos rectificar sin que nadie nos fuerce a ello».

Bernardo Roca-Rey es director de Espacio 360, y ha sido director de Publicaciones y Multimedios del Grupo El Comercio, gestor de la Revista Somos y también ha participado en la creación de Perú21 y Trome. También es fundador de Canal N.

En un editorial en Espacio 360 dice: «Autorregulación, docencia, respecto al lector-ciudadano y vigilancia democrática son los ejes sobre los que debemos seguir discurriendo institucionalmente dentro del orden constitucional.  Nos queda mucho por hacer y, al asumir el enorme reto de presidir el Consejo de la Prensa Peruana, esperamos seguir contando con el entusiasta concurso no solo de los medios independientes que lo integran, sino también de la ciudadanía en general, que cada vez  entiende más la delicada y trascendental función de nuestra entidad»

Un informe especial del Comité para la Protección de los Periodistas (CPP) elaborado por Shawn W. Crispin señala que el humor es cada vez más incómodo: la censura y la opresión contra dibujantes está en auge, y el panorama parece que no cambiará.

El informe del Comité de Protección de Periodistas recoge las historias de dibujantes e ilustradores de todo el mundo que no pueden realizar sus trabajos por despidos, cárcel, demandas, amenazas de muerte… es el precio que tienen que pagar por ilustrar y sacarle el humor a la actualidad.

El estudio denuncia el encarcelamiento, el exilio, los procesos legales o el asesinato de numerosos dibujantes, las mismas amenazas graves que los periodistas impresos y audiovisuales que informan sobre cuestiones sensibles.

El CPJ advierte que los caricaturistas han sido objeto de censura, demandas punitivas, agresiones físicas, encarcelamiento, desaparición y asesinato por su periodismo como expresión artística en todo el mundo. Algunos hasta se han visto obligados a marchar al exilio para escapar de la persecución.

Esas amenazas aumentan durante períodos de inestabilidad política, económica o civil.

«Aunque las redes sociales y otras plataformas basadas en la Internet que privilegian mensajes contundentes y concisos, han aumentado la visibilidad y el alcance de las caricaturas, la capacidad inherente que posee este medio para transcender fronteras e idiomas ha aumentado simultáneamente los riesgos para aquéllos que dibujan y difunden imágenes provocadoras», refiere el estudio.

EL CASO BONIL

En 2014, el Gobierno de Ecuador determinó que Bonil debía “rectificar” una caricatura que hacía alusión a un allanamiento policial contra la casa de un periodista que investigaba una demanda gubernamental contra la empresa de energía Chevron por la presunta degradación ambiental en la Amazonia. A El Universo le aplicaron una multa equivalente a un porcentaje de sus ingresos trimestrales, una suma de aproximadamente USD 95,000.

La SUPERCOM dictaminó en 2015 que uno de los montajes caricaturescos de Bonil que se burlaba de un torpe discurso pronunciado por un jugador de fútbol convertido en político y perteneciente al partido de Correa, representaba “discriminación socioeconómica”. El dictamen obligó a El Universo a publicar una disculpa por siete días consecutivos en los espacios de la publicación impresa y la digital donde las ilustraciones de Bonil aparecen habitualmente.

RAYMA EN VENEZUELA

Venezuela sufre graves restricciones a la libertad de prensa. Cuando la caricaturista Rayma Suprani colocó la imagen de un electrocardiograma normal con la palabra “Salud”, encima de otra imagen con las palabras “Salud en Venezuela” que convertía la firma del difunto presidente Hugo Chávez en una línea plana de electrocardiograma, los editores del periódico El Universal la despidieron a pocas horas de la publicación de la imagen.

“Lo que en realidad molesto fue la utilización de la firma del difunto presidente Chávez en la caricatura, la cual desmontaba toda una iconografía sagrada que el gobierno quiere vender a los venezolanos”, contó Suprani en referencia al gobierno actual del presidente Nicolás Maduro.

Suprani trabajaba 19 años en El Universal. En su opinión, el tono crítico de su caricaturas comenzaron a fastidiar a sus editores poco después de que la publicación fuera adquirida en 2014 por un consorcio anónimo de inversionistas privados cuya identidad, según Bloomberg, está protegida mediante cláusulas contractuales.

Revisa el estudio completo aquí

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