«La publicidad estatal en medios de comunicación es una vía de cumplimiento de una obligación del Estado para informar a la sociedad sobre sus acciones y políticas, y también sobre servicios y necesidades públicas, y además de otras situaciones que deben ser conocidas, como notificaciones, alertas, convocatorias, etcétera.», señala la organización tras referir que las dependencias públicas deben usar los medios de comunicación que mejor sirvan a tal fin, en función de sus audiencias y de la diversidad: «Limitar esta publicidad a los medios estatales y redes sociales conlleva al colapso e incumplimiento de la obligación señalada, y en determinadas situaciones podría producir un clima de desinformación insostenible.  Pensando sólo en Lima: ¿los anuncios sobre servicios públicos sólo se harían en El Peruano, TV Perú o Radio Nacional?» .

El proyecto de ley 2133 fue presentado por el congresista del Apra, Mauricio Mulder, y busca que se prohíba toda la publicidad en medios de comunicación privados, y con ella la inversión que esta implica.

La intención es que en medios comerciales no se difunda ningún tipo de propaganda, incluso campañas, por ejemplo, contra enfermedades o vacunación, o para prevención de riesgos.

Para el IPYS, el proyecto afecta la libertad de información como derecho de la población y es un mecanismo de afectación indirecta de la libertad de expresión a través del uso de prohibiciones estatales, proscrito por el artículo 13º de la Convención Americana de Derechos Humanos.

«Es pertinente perfeccionar la regulación de la publicidad estatal para hacerla más eficiente, evitar preferencias políticas o el uso personalista por parte de las autoridades, entre otros vicios. La discusión a este respecto en el mundo es cómo se hace más efectiva y razonable la inversión del Estado en publicidad, pero a nadie se le ha ocurrido prohibirla del modo en que se propone», invoca.

COLEGIO DE PERIODISTAS SE PRONUNCIA

Max Obregón Rossi, decano del Colegio de Periodistas, escribió esta mañana en su cuenta de Facebook para expresar su total desacuerdo con el proyecto de ley del congresista del APRA,

“Es inaceptable. No tiene ningún sentido. La constitución señala que no debe haber discriminación y estamos discriminando a los medios privados”, dijo en comunicación con La República.

Televisión Española es la única cadena española que no ha emitido en sus informativos el audio de la conversación mantenida por el  ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en el que ambos conspiraban supuestamente para incriminar penalmente o buscar acusaciones contra dirigentes de ERC y de CDC.

Los periodistas de la cadena pública, cita El País, han considerado este miércoles «inaceptable» la «ocultación» y el «tratamiento parcial» de la noticia y han reclamado la dimisión de los responsables de los Servicios Informativos.

También había carteles con la pregunta ¿dónde están los audios? Esta acción, según infoLibre se ha producido de una manera improvisada por los propios redactores, indignados por la actuación de la dirección en relación a este asunto.