El relator pidió a las autoridades del Estado garantizar la libertad de prensa a través de fronteras y sin «estigmatizar» a la prensa.

“Aquellos periodistas o seudo periodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas, que son en algunos casos bolivianos o extranjeros, están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana”, señaló el 14 de noviembre la ministra recién posesionada.

Lizárraga dijo que ya se tienen identificadas a las personas supuestamente involucradas y anunció que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, “va tomar las acciones pertinentes en todo esto”.

Desde el fin de la campaña electoral y el exilio del expresidente Evo Morales, los ataques a la prensa se han incrementado en Bolivia, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras (RSF).

Los periodistas padecen violentas agresiones tanto de los manifestantes como de las fuerzas del orden. Numerosas estaciones de radio y de televisión se han visto obligadas a interrumpir sus labores y sus oficinas han sido vandalizadas, advierte  RSF, tras hacer un llamado a la sociedad boliviana para que se respete el trabajo de la prensa.

El artículo 200 del proyecto de Código de Procedimiento Penal, en proceso de aprobación en la Cámara de Diputados, incorpora la figura de la mala práctica profesional como resultado de un acuerdo entre autoridades del Legislativo y representantes del Colegio Médico que habían cuestionado la redacción inicial. La figura de  “mala práctica médica” fue cambiada por “mala práctica profesional”, lo que incorpora al resto de profesiones.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), se reunirá con el Legislativo este martes, pues considera peligrosa esta medida.

La ANP, que agrupa a los principales diarios y una agencia de noticias, se declaró en alerta porque de aprobarse y  aplicarse el artículo 200 del proyecto del Código del Sistema Penal a periodistas y comunicadores vulneraría derechos e impondría la autocensura.

“Los presidentes de las Cámaras aclararon muy bien, por tanto no creo que esté en debate. Ustedes como periodistas saben muy bien (que) está garantizada la libertad expresión, de información, hasta información para mentir al pueblo”, insistió el Presidente en una conferencia de prensa.

Los presidentes de Diputados, Gabriela Montaño, y del Senado, José Alberto Gonzales, habían aclarado la anterior semana que el ajuste al código referido a la mala praxis no alcanza a los periodistas porque la labor de éstos no pone en riesgo la vida de las personas.

“¿Qué más podemos garantizar, díganme?”, cuestionó Morales a los comunicadores en la conferencia de prensa, donde dijo que «a veces se trata de tergiversar algunos términos para dañar al Gobierno”.

Morales acusó en su momento a algunos medios de formar parte de un denominado “cartel de mentira” .

El gremio  rechazó la «ilegal persecución judicial y política” en su contra.

«Pedimos al presidente Evo Morales, el cese de toda acción hostil hacia el periodista Wilson García Mérida para quien pedimos libertad irrestricta y el archivo del proceso penal instaurado por el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana por el presunto delito de sedición, una figura legal ajena a la labor de los periodistas del país”, señala el pronunciamiento de la CSTPB.

A un año del «ilegal enjuiciamiento y forzada” salida del periodista de Bolivia a Brasil, acusado por el presunto delito de sedición por el entonces ministro Quintana, la organización sindical rechazó las acciones en su contra.

«Ratificamos nuestro rechazo a la ilegal persecución judicial y política del periodista y director del periódico digital «El Sol de Pando”, quien para evitar su detención se vio obligado a dejar el país el 10 de mayo de 2016”, añade el comunicado.

La CSTPB pidió al Mandatario que gestione el retorno del periodista que se encuentra en Brasil con todas las garantías.

Freeman se encuentra en la ciudad de Santa Cruz, capital de la región donde se conservan los templos jesuitas, y donde hoy se reunió con el presidente boliviano Evo Morales para realizar una entrevista para National Geographic sobre su vida como político.

Al término de su encuentro con Freeman, Morales agradeció en su cuenta de Twitter haber sido entrevistado sobre «su vida, la lucha y la presidencia» que ejerce en Bolivia desde 2006. La entrevista duró 20 minutos.

«Fue una linda entrevista, seguramente va a ser un gran documental. Hemos hablado sobre mi vivencia en el Chapare, la vida de Evo, las luchas de los movimientos sociales. Conoce muy bien la realidad del país», afirmó Morales para la agencia oficia ABI.

Los ministerios de la Presidencia y de Comunicación publicaron en sus cuentas de Twitter fotografías del encuentro de Freeman y Morales en los jardines de la petrolera estatal YPFB.

Saludar el pedido de una entrevista de #MorganFreeman sobre la vida, la lucha y la presidencia de Evo. pic.twitter.com/b3gbpaytne

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 29 de abril de 2017

El presidente de Bolivia, Evo Morales, entregó ayer al reconocido actor y director de cine estadounidense Morgan Freeman un ejemplar del ‘Libro del Mar’, en una reunión en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Morales ofrece un promedio de cuatro discursos públicos al día, pero al estar impedido de habalr redobló sus mensajes en su cuenta Twitter, donde el domingo cumplió su primer año de usuario.

El mandatario es seguido en la red social por 155.000 usuarios, mientras que sigue únicamente al papa Francisco y a otros cuatro líderes políticos sudamericanos.

Todos los países de la región tienen el deber de decir si están con el derecho internacional o a favor de la intervención militar unilateral

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 10 de abril de 2017

#Bolivia en todo escenario político internacional defenderá principios de soberanía, independencia y solución pacífica de controversias.

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 10 de abril de 2017

Según comentó la ministra de Comunicación del país altiplánico, Gisela López la reportera Sandra Mariscal y su camarógrafo Erick Condoronea fueron impedidos de informar con libertad sobre el caso.

Los periodistas dijeron, según La Razón, que los funcionarios de Migraciones les advirtieron que si querían realizar la cobertura del caso necesitaban visas de trabajo. Sin embargo, la reportera pudo ingresar a Chile después de firmar un compromiso en el que señalaba que no ingresaba para laborar.

https://www.youtube.com/watch?v=KsmqfFOJs28&feature=youtu.be

Condoronea fue regresado en un avión comercial a Bolivia. El camarógrafo ha realizado coberturas internacionales y nunca tuvo problemas de visado como el que tuvo en Chile.

La ministra López precisó que ambos periodistas debían viajar al norte chileno para informar sobre la situación de los dos militares chilenos y los siete empleados aduaneros que están en prisión, luego de que se les acusara de planear el robo de nueve camiones.

El Gobierno de Bolivia rechazó estas acusaciones y dijo que sus ciudadanos fueron secuestrados en territorio boliviano.

Bolivia afirmó que denunciará a Chile ante la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “violar” los derechos de los nueve detenidos.

«Denunciamos a la opinión pública nacional e internacional la intención gubernamental de acallar la voz de periodistas y medios de comunicación que no le son afines», indica un comunicado difundido por la APLP.

La difusión masiva del documental, financiado por el Ministerio de la Presidencia, es –para las organizaciones de periodistas–parte de la estrategia para amedrentar y desprestigiar la labor de los trabajadores de la información.

https://www.youtube.com/watch?v=vqnTSzb9_eg&feature=youtu.be

«Lamentamos que el gobierno haya contratado los servicios de un comunicador extranjero para denigrar a periodistas bolivianos», señala el comunicado en alusión al periodista argentino Andrés Salari, productor del documental.

«La exhibición masiva en todo el país del citado documental es una incitación a la violencia, maltrato y desprestigio a los periodistas mencionadas en el audiovisual”, cuestionó la organización.

La entidad le recordó al Gobierno la obligación del Estado de proteger a aquellos periodistas cuyas vidas e integridad física están en peligro, mediante la adopción de medidas adecuadas y efectivas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

También responsabilizaron al Gobierno por cualquier tipo de violencia que afecte la integridad física de los comunicadores.

Las asociaciones que respaldan con su firma el pronunciamiento son: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija.

El video, que trata sobre el manejo informativo del caso Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, fue difundido el miércoles por la noche en el auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB) y será exhibido en otras salas cinematográficas.

Y así lo presenta el gobierno

“El Cartel de la Mentira” muestra de manera didáctica y precisa, cómo un grupo de medios de comunicación impulsaron una campaña de desprestigio contra Evo Morales y el gobierno en general, en el marco del referéndum del 21 F y como la misma continuó posteriormente con la misma intención de bombardear la gobernabilidad del país.

Es la primera vez que dentro de los procesos de cambio, una producción audiovisual describe y evidencia detalladamente el poder manipulador de la prensa en una coyuntura particular. El caso Zapata ha superado la ficción y la complicidad de los medios -se ve claramente- ha arrastrado a su ética por los suelos.

Dirigida por Andrés Salari, es una producción del Ministerio de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

DATOS:

• El productor Andrés Sal Lari, que elaboró un documental en el que critica a periodistas que supuestamente magnificaron el escándalo “Morales-Zapata”, cobró en 2014 la suma de 70.000 bolivianos (poco más de 10 mil dólares) de publicidad.
• Para elaborar el documental, Salari cobró un monto de 40.000 bolivianos (5,800 dólares), también contratado por el Ministerio de la Presidencia. El Gobierno contrató salas de cine de cinco ciudades para exhibir el producto de manera gratuita.
• El periodista, de nacionalidad argentina, aclaró que ya no es pareja de la ministra de Salud, Ariana Campero.
• Este viernes se conoció que el autor del documental recibió 375.000 bolivianos del Estado (más de 50 mil dólares) por la elaboración de otro filme, dividido en seis partes, sobre la supuesta injerencia de EEUU en Bolivia.
• Página Siete plantea estas preguntas sobre el cuestionado documental.

Fuentes: La Razón y Página Siete.

El documental estaría dirigido a un grupo de periodistas y medios de comunicación que según Quintana,tienen una política informativa manipuladora y desestabilizadora en contra del gobierno del Presidente Evo Morales.

Mentir y robar es algo indigno para el ser humano. Otro periodismo que informe la verdad, es posible.

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) September 29, 2016

La Asociación Nacional de Periodistas, como las organizaciones de La Paz, Beni, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Tarija se han declarado en “estado de emergencia” a través de un comunicado que emitieron la semana pasada, luego de confirmarse la producción del documental en cuestión.

“Los periodistas bolivianos denunciamos un nuevo intento de amedrantamiento gubernamental a la actividad periodística en el país, y nos declaramos en estado de emergencia”, dijeron en el documento, citado en Página Siete, donde piden que cese la realización de la producción.

Los medios y periodistas señalados por el gobierno son los diarios El Deber y Página Siete, los de la red mediática Erbol y la agencia Agencia de Noticias Fides (ANF), según El Deber.

El gremio periodístico advirtió que “El Cártel de la Mentira” sería financiado con dinero público y tendría como objetivo “lanzar acusaciones y agravios contra periodistas de larga y reconocida trayectoria”, publicó Página Siete.

Página Siete informa que el Ministerio de la Presidencia circula en espacios académicos una publicación en el que se acusa y señala a cuatro medios de comunicación (la Agencia de Noticias Fides, El Deber, Página Siete y Erbol) de ser un «cártel de la mentira”.

La diputada de Unidad Demócrata, Jimena Costa, hizo la denuncia y dijo que hará una petición de informe escrito para que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, explique las fuentes de financiamiento del «panfleto” cuyo objetivo es hacer «una guerra sucia” en contra de la oposición y algunos medios de comunicación.

La publicación es en tamaño tabloide de ocho páginas y a todo color. En la primera página, en fondo rojo, dice: «El cártel de la mentira” en un círculo llevan los logotipos y nombres de los cuatro medios de comunicación a los que Quintana tilda de ser un mafia. En las páginas 4 y 5 publican los titulares de estos medios de comunicación vinculados al caso Zapata.

Con información del Knight Center

¿A qué se debe esta afirmación?

El periodista Humberto Vacaflor, señala AFP, tuvo que desdecirse por orden de un juez tras afirmar en una entrevista de TV que Morales fue uno de los autores intelectuales del asesinato de un policía antidrogas y de su esposa en el año 2000.

«Me retracto, me recontrarretracto, ¿qué puedo hacer?, el sistema es tan poderoso», dijo Vacaflor en la radio luego que un juez le diera un plazo de cinco días para hacerlo. El periodista de 73 años ha sido crítico con los gobernantes de su país, pero ahora dice que ya no tiene fuerza.

Morales escribió después en su Twitter: «Mentir y robar es algo indigno para el ser humano. Otro periodismo que informe la verdad, es posible». 

El gobernante considera a algunos medios como sus «principales enemigos», y mantiene fuertes roces con los periodistas.

A través de Twitter, Morales dispara a la prensa en el peor tono. Hicimos una selección de estos mensajes:

Difamación y humillación con mentiras NO es libertad de expresión.

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) September 30, 2016

Defender a algunos medios de comunicación que hacen periodismo con la mentira y la difamación NO es defender la libertad de expresión.

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 25, 2016

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH dependiente de la OEA, se suma al "#CártelDeLaMentira" en #Bolivia.

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 25, 2016

El periodismo de la difamación NO es libertad de expresión. La injuria periodística es el veneno que daña a los medios de comunicación.

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 29, 2016

#CNN usó como "analista" a un narcotraficante sentenciado, pseudo “periodista” prófugo. ¿Qué clase de corresponsales tiene @CNN en el mundo?

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 30, 2016

La ANP señaló que el Ejecutivo “dispuso la suspensión de la publicidad estatal a los diarios con independencia editorial”, con lo que se consumó un nuevo atropello a la libertad de expresión. Además, la organización indica que se ha puesto en riesgo la fuente laboral de “cientos de periodistas, personal administrativo y de talleres de imprenta”.

“Lamentamos que una extendida campaña dirigida a desprestigiar el trabajo responsable de nuestros medios asociados se transforme en una agresión económica a manera de castigo contra el ejercicio de un periodismo alentado por la búsqueda de la verdad”, indicó la ANP.

La exclusión de estos medios de recibir anuncios publicitarios de entidades estatales vulnera la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2000.

Para la ANP, esta medida es una consecuencia “del trabajo transparente cumplido antes, durante y después” del referendo del pasado 21 de febrero, en el que los bolivianos rechazaron mayoritariamente una reforma constitucional para permitir que Evo Morales vuelva a ser candidato presidencial en 2019. durante la campaña.

Los medios asociados a la ANP ratificaron su compromiso de informar “de manera independiente, apoyados en las libertades constitucionales y en rechazo a una política que pretende imponer el silencio”.