«Son blanco de la acción (judicial) Robson Bonin, Adriano Ceolin y Daniel Pereira, que firman los reportajes de portada de la edición 2.436 de Veja, además del director de redacción de la revista, Eurípedes Alcântara», dice una nota difundida por el Instituto Lula.

El reportaje, publicado el pasado fin de semana y titulado «Le llegó la hora», afirma que uno de los empresarios detenidos por el escándalo en Petrobras ha decidido revelar «secretos devastadores» sobre una supuesta participación de Lula y uno de sus hijos en ese asunto.

A través de sus abogados, el Instituto Lula demandó «una reparación por daños morales» debido a que el reportaje «es repugnante, por la forma como fue escrito y por la absoluta ausencia de elementos que le puedan dar soporte».

También sostiene que «la libertad de comunicación y de prensa presupone la necesidad de que el periodista o el medio sean pautados por la verdad», lo cual afirma que no se ha cumplido en ese caso.

«El reportaje repite prácticas comunes en Veja: miente, hace acusaciones infundadas y sin pruebas, presenta hilaciones como si fuesen hechos, atribuye palabras y hechos, no tiene fuentes y busca atacar, de todas formas, la honra e imagen del expresidente», apunta el comunicado, el cual incluye el documento en PDF.

Por el escándalo de corrupción en Petrobras se investiga a medio centenar de políticos, entre los cuales figuran decenas de diputados y senadores, pero en la extensa lista no está Lula.

Un fiscal del Ministerio Público abrió hace diez días una investigación para determinar si Lula incurrió en el delito de tráfico de influencias al promover en el exterior a algunas empresas investigadas por la corrupción en la petrolera estatal.

Frente a esa acción, los abogados del exmandatario exigieron al Ministerio Público que investigue al fiscal Valtan Timbó Mendes Furtado, autor de esa iniciativa, por darle curso a un caso «sin ningún indicio» de delito, «ignorar el derecho a la defensa» y unas supuestas irregularidades en la conducción del proceso.

El Ministerio Público aceptó iniciar un proceso disciplinario contra el fiscal, pero se abstuvo de suspender el proceso abierto contra el expresidente.

En esa acción, Lula es investigado por supuestamente influir en el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), después de concluir su mandato, para que financiara diversas obras de la constructora Odebrecht en países latinoamericanos y africanos.

Según la Fiscalía, tras dejar la Presidencia en enero de 2011, Lula hizo viajes a Panamá, Venezuela, República Dominicana y Ghana costeados por Odebrecht, que forma parte de la veintena de empresas privadas vinculadas a las corruptelas en Petrobras.