La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) de Bolivia expresó su rechazo al artículo 11 del proyecto de ley, que señala que no se podrá hacer uso del secreto profesional o confidencialidad cuando la UIF requiera información que podrá ser obtenida de manera directa sin orden judicial o trámite previo.

«La imposibilidad de invocar el secreto profesional ante una orden de la UIF implica que los periodistas no podrán usar su derecho a otorgar la reserva o el anonimato a aquellas fuentes que así lo soliciten, antes de revelar manejos corruptos», advirtió el comunicado de la ANP.

El artículo en cuestión vulnera la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Constitución boliviana y el secreto de imprenta que ayuda a investigar a los periodistas temas de corrupción o la fiscalización del poder, señaló.

El proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas fue aprobado el viernes por la Cámara de Diputados y el documento pasó a la Cámara de Senadores para su tratamiento. Los partidos opositores alertaron que este artículo atenta contra la libertad de la prensa.

El medio Bolivia Prensa advierte:

De aplicarse esta ley, cuando un medio de comunicación informe sobre el nivel de poder económico que tiene una persona o una empresa, podrá ser requerido por la IUF para que entregue no solamente la fuente de información sino también todos los documentos que respaldan la información y no podrá oponer excepción legal de competencia al amparo de la Ley de Imprenta.

Actualmente un periodista tiene el derecho a no revelar toda la información acogiéndose al artículo 8 de la Ley de Imprenta de 1925 que dice: «el secreto en materia de imprenta es inviolable» y a continuación el artículo 9 advierte que «el editor o impresor que revela a una autoridad política o a un particular el secreto del anónimo, sin requerimiento del juez competente, es responsable, como delincuente, contra la fe pública, conforme al Código Penal».

El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de la Prensa de Bolivia, Jorge Abrego, dijo al citado medio que el artículo 11 de dicho proyecto de ley va contra la Constitución Política del Estado, la Ley del Imprenta y también el Código Nacional de Ética Periodista.

Indicó que el artículo 107 parágrafo II de la Constitución, garantiza que la información difundida a través de los medios de comunicación esté elaborada de acuerdo a normas propias, de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley.

Abrego menciona además que el artículo 5 del Código Nacional de Ética Periodística dispone que «se debe proteger la identidad de las fuentes confidenciales de información». Sin embargo, el proyecto de ley anula cualquier posibilidad de invocar confidencialidad a simple requerimiento administrativo de la IUF.

Los gremios periodísticos anunciaron que se declaran «en emergencia», ante el intento de «silenciar» a los medios y que harán una denuncia internacional para proteger la libertad de expresión en el país.

[LO ÚLTIMO] Con 70 votos a favor, 30 en contra y 7 abstenciones, #Pleno aprueba insistencia de la autógrafa de Ley que regula el gasto de publicidad del Estado Peruano. pic.twitter.com/Z4PRBqOcWO

— Congreso del Perú (@congresoperu) 14 de junio de 2018

La iniciativa legislativa, duramente condenada por organismos defensores de la libertad de expresión, fue condenada por el presidente Martín Vizcarra, quien ratificó este jueves su desacuerdo con la aprobación del ley.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario señaló que lo aprobado por el Congreso vulnera el deber del Estado, que es el de comunicar sus acciones.

El jefe de Estado anunció que interpondrá «una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Mordaza».

El periódico, que ha sido multado y obligado a rectificar bajo acusaciones de violar la ley de comunicación, vigente desde hace dos años, alegó que ha enfrentado «en completo estado de indefensión» los procesos administrativos – no penales – abiertos por la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom).

El Universo declinó comentar si tras esa decisión acataría futuras resoluciones del órgano estatal. En su mensaje, citado por AFP señaló que se acogía a la resistencia hasta que la «Supercom con sus procedimientos administrativos, garantice la seguridad jurídica y el debido proceso».

La Constitución de Ecuador permite el derecho a la resistencia frente a «acciones u omisiones» del Estado o privados que vulneren garantías constitucionales.

El 14 de mayo el diario La Hora, también cuestionado por el gobierno por su línea editorial crítica, se acogió al mismo derecho frente a la autoridad de control de medios, alegando la falta de garantías jurídicas para su defensa en los varios procesos que ha enfrentado.

LEY MORDAZA

La Supercom dijo a la AFP que de momento no había ningún pronunciamiento sobre el comunicado de El Universo.

Al igual que otros medios, ambos periódicos han sido denunciados por incumplimientos a la ley de comunicación – llamada ley mordaza por sus críticos – y sometidos a audiencias que han derivado en multas o en rectificaciones de contenidos.

«Tenemos motivos para decir que hemos sido juzgados de manera absurda y arbitraria, en completo estado de indefensión, violando estándares básicos del debido proceso», sostuvo El Universo, cuyo tiraje promedio es de 50.000 ejemplares diarios.

La norma que cuestionan organizaciones internacionales y locales de libertad de prensa, surgió de una consulta popular y es defendida por Correa como un freno a los abusos de los medios privados, a los que suele identificar como su mayor opositor.

La legislación aumentó los controles sobre la prensa y fijó una nueva distribución de frecuencia de radio y TV entre medios privados, públicos y comunitarios. La ley no prevé el cierre de medios.

EL COMUNICADO DE El UNIVERSO

La Ley Orgánica de Comunicación se aprobó en junio de 2013, en medio de muchos cuestionamientos de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la ONU, de organismos defensores de los derechos humanos y de las libertades de expresión y de prensa, como Human Rights Watch, Freedom House, World Association of Newspapers, Reporteros sin Fronteras, Comité de Protección de Periodistas, Sociedad Interamericana de Prensa y prestigiosos medios de comunicación del mundo.

La ley contemplaba el nombramiento de un superintendente de Comunicación, elegido de una terna presentada por el presidente de la República. El designado fue el licenciado Carlos Ochoa, hasta ese momento presentador estelar de noticias de Gamatv, canal incautado y al servicio del Gobierno, con una línea muy dura en contra del periodismo independiente. El proceso de designación recibió algunas críticas.

A pesar de nuestro desacuerdo con la ley, por considerarla inconstitucional y violatoria de derechos humanos fundamentales y de los convenios internacionales que los garantizan, así como del evidente prejuicio del superintendente en contra de la prensa libre, fieles a nuestra tradición de respeto a las leyes de la República, nos dispusimos a acatarla.

A los pocos meses de su designación, el superintendente se estrenó contra este Diario, sancionándolo a pagar una multa equivalente a más de 90.000 dólares porque consideró que la caricatura de Bonil, que expresaba su criterio en relación con el allanamiento de la Policía en el domicilio de Fernando Villavicencio constituía la toma de “posición institucional sobre la inocencia o culpabilidad de una persona que está involucrada en la indagación previa aludida en la caricatura y en el texto de la misma”.

Un año más tarde, pese a todas las pruebas en contra, el superintendente concluyó que otra caricatura de Bonil, relacionada con una intervención del legislador oficialista Agustín Delgado durante una sesión en la Asamblea, tenía “contenido discriminatorio en razón de condición socioeconómica” y este Diario fue obligado a publicar disculpas en el impreso y por siete días consecutivos en la página web; pero, además, se ofició a la Fiscalía General para que investigue la posible comisión del delito de discriminación. La Fiscalía resolvió archivar el expediente por NO haber encontrado elemento alguno de la comisión del delito antes referido.

En el mes de marzo de este año se reformó el reglamento del procedimiento para el juzgamiento de las infracciones a la Ley de Comunicación, el cual violenta elementales estándares del debido proceso, obligatorios en el Ecuador por estar protegidos por la Constitución y por los tratados internacionales sobre derechos humanos de plena obligatoriedad en el país, que mencionaremos más adelante.

En el mes de mayo, la Secom presentó una denuncia en contra de este Diario porque, según ellos, no se publicó una réplica como debe ser “toda vez que no se publicaron los contenidos diagramados de manera íntegra”. EL UNIVERSO cumplió con la ley que manda publicar la réplica y con el reglamento que ordena la publicación de “los argumentos de la réplica”. Ninguno de los instrumentos legales manda publicar títulos, diagramación, tipografía o diseño solicitados por el reclamante. Cumplimos, eso sí, con lo que señala la ley, la publicación gratuita, en la misma página, sección y espacio y en las 72 horas siguientes. Se recibió la notificación de la fecha de la audiencia tres días hábiles antes de su realización, sin que hubiera el tiempo necesario para preparar los medios adecuados para la defensa, se nos concedió solo 20 minutos para presentar nuestros argumentos, a pesar de que ni la ley, ni el reglamento limitan las intervenciones. Además, no llegamos al proceso, ni fuimos escuchados en condiciones de igualdad, puesto que la demandante era la Secom, que depende administrativa y financieramente de la Presidencia de la República, de acuerdo con el Decreto 386, y el juzgador es nombrado de una terna enviada por el presidente. Es decir que el demandante y el juzgador tienen el mismo origen.

Con estos antecedentes, dos años después de aprobada la ley, tenemos motivos para decir que hemos sido juzgados de manera absurda y arbitraria, en completo estado de indefensión, violando estándares básicos del debido proceso protegidos por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.

Tenemos razones para pensar que el juzgador carece de elemental independencia para conocer y resolver denuncias contra este Diario, por los antecedentes, origen de la designación y comportamiento durante el ejercicio de su función. Más aún si la denuncia procede de la Función Ejecutiva o de instituciones gubernamentales.

El domicilio de Diario EL UNIVERSO es Guayaquil. A pesar de ello y de existir una oficina regional de la Supercom en esta ciudad, se nos obliga a comparecer para ejercer nuestra defensa en Quito. También se nos ha querido obligar a señalar domicilio físico en esa ciudad, a lo que nos hemos negado.

En uno de los casos que aludimos, el delegado del superintendente nos negó la presentación de algunas pruebas que considerábamos importantes para nuestra defensa.

El superintendente, quien debe presidir el tribunal especial de la Supercom, no ha asistido a ninguna de las audiencias públicas de sustanciación, que son el único momento que tiene el acusado para ejercer su defensa y presentar pruebas. Quien preside la audiencia, por delegación, es un funcionario de la Supercom. El superintendente no asiste, pero es quien firma la resolución.

Por lo expuesto, con la certeza de que estamos en estado de indefensión, EL UNIVERSO ha decidido acogerse al principio de la supremacía constitucional que garantiza nuestro derecho al debido proceso y al derecho a la resistencia, consagrado en el artículo 98 de la Constitución, hasta que la Supercom con sus procedimientos administrativos, garantice la seguridad jurídica y el debido proceso.

]]> https://www.clasesdeperiodismo.com/ecuador-diario-el-universo-en-resistencia-ante-el-control-de-medios/feed/ 0 https://www.clasesdeperiodismo.com/mexico-sinaloa-restringe-a-periodistas-cobertura-de-notas-policiales/ https://www.clasesdeperiodismo.com/mexico-sinaloa-restringe-a-periodistas-cobertura-de-notas-policiales/#respond Fri, 01 Aug 2014 18:06:30 +0000 http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=244877 Escándalo en México. El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó este miércoles las reformas de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que supuestamente limitan la labor de los medios de comunicación en la cobertura de hechos policiales, así lo informó el sitio web, Sinembargo.

Entre los puntos más resaltantes de la polémica reforma se encuentra el que establece que los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones mediante los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública.

Otro punto que agrava el posible atropello al libre ejercicio del periodismo es la prohibición de la presencia de redactores y reporteros gráficos en los lugares de los hechos. Quedan suspendidas las actividades de “toma de audio, video o fotografías a las personas involucradas en un evento delictivo”, resumió Sinembargo.

A ello se le añade que ningún funcionario de la Procuraduría de Justicia podrá dar informes respecto de algún asunto a los medios sin autorización expresa del Procurador General.

Solo la víctima y el imputado, a través de sus abogados, son las únicas personas que podrán tener acceso a los registros de la investigación, siempre que no se afecte el desarrollo de la misma.

El procurador de Justicia de Sinaloa, Marco Antonio Higuera, aclaró que, si bien la redacción de las reformas de ley son “ambiguas”, en ningún momento se ha querido restringir la labor periodística. Puntualizó que en el acápite en el que se prohíbe el registro de materiales audiovisuales, se refiere a las personas que se encuentren en el área en donde se perpetró el delito, y que los hombres de prensa pueden ejercer su labor siempre y cuando no ingresen en el espacio señalado de modo que no contaminen evidencias ni afecten las posteriores investigaciones.

El congreso peruano aprobó ayer la norma que sanciona con cuatro años de cárcel a los ciudadanos que difundan comunicaciones privadas obtenidas ilícitamente. Al respecto, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) pidió que el Ejecutivo observe la denominada «ley mordaza».

«Lo impracticable es que el periodismo haga un estudio jurídico antes de dar cuenta de hechos de interés público para determinar si son delictivos o ilegales. Eso es tarea de la justicia, no de la prensa», se indica en un comunicado.

La norma es considerada una amenaza para la profesión. Las razones expuestas por la institución:

• El compromiso de altos funcionarios públicos en conductas contrarias a la ética o moralmente reprochables, aunque no constituyan delito ni contravengan norma legal alguna, como recientemente ha sostenido en su defensa el vicepresidente Omar Chehade.
• Graves contradicciones entre el discurso público y privado de un gobernante en asuntos de alto interés nacional.
• Falta de idoneidad o capacidad de un funcionario público para el ejercicio de su cargo o en asuntos de alto interés público.
• La identificación de los autores de una campaña de difamación anónima contra políticos de oposición al gobierno.

Revisa el comunicado del consejo directivo.

Indignación. Un proyecto de ley presentado por diputados panameños generó polémica por contemplar  la penalización de medios de comunicación «que incurran en supuestos delitos de ofensa y vilipendio de altos funcionarios de gobierno». Así lo informó la agencia DPA.

Las organizaciones de derechos humanos, los representantes de medios, juristas y políticos opositores mostraron su rechazo.

La iniciativa legislativa fue presentada por José Muñoz y Agustín Shellhorn. Este último señaló que la medida -que sanciona con hasta cuatro años de carcel a los sentenciados- no pone en peligro la libertad de prensa.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, opinó que dicha norma significa un retroceso en materia de derechos humanos. En 2007, recordó, se despenalizó la calumna e injuria.

El Consejo Nacional de Periodistas de Panamá «advirtió que denunciará el proyecto ante la Organización de Estados Americanos (OEA)». Por su parte,  el Sindicato de Periodistas de Panamá anunció marchas de protesta.