El medio de comunicación no reveló sus fuentes.

➣ Esta es la nota que publicó.

Fujimori apareció en un video en Facebook, donde niega esta afirmación y amenaza al diario con denunciarlo. Ante ello, El Comercio publicó un editorial en el que se ratifica en su versión.

«Como consecuencia de esta publicación, la señora Keiko Fujimori divulgó un amenazante video en el que, entre otras cosas: 1. Nos acusó de mentir. 2. Nos acusó de hacerlo en razón de la ‘vinculación’ de los “señores Graña” con el Diario. 3. Dijo que tenía certeza, a través de sus abogados, de que el señor Odebrecht no había dicho lo que señalamos. 4. Acusó a parte del Ministerio Público de perseguir con afán político a algunos mientras blinda a otros. 5. Dijo que nos denunciará penalmente por difamación. 6. Dijo que solicitará formalmente a la fiscalía hacer pública la transcripción del interrogatorio al señor Odebrecht», detalla El Comercio para luego remarcar su compromiso con los lectores.

«No nos dejamos amedrentar por políticos amenazantes», concluye el editorial que puedes leer aquí.

Los brasileños Leandro Stoliar y Gilzon Souza fueron liberados por el  Sebin ayer, pero hoy tendrán que abandonar el país.  De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), los reporteros están en condición de ‘secuestrados’ y llegarán en condición de custodiados al aeropuerto para que abandonen Venezuela.

NOTA ORIGINAL

Dos periodistas brasileños de la televisora Rede Record, Leandro Stoliar y Gilzon Souza, que investigaban los supuestos sobornos de la constructora Odebrecht en Venezuela, fueron detenidos este sábado por el servicio de inteligencia en el estado Zulia (norte), según la ONG Transparencia Internacional.

«La comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) los detuvo y los escoltó hasta su sede en Maracaibo para tener una entrevista. Al llegar les quitaron los teléfonos celulares. Transparencia Venezuela exige su liberación», señaló la ONG en un comunicado. 

La organización indicó que los reporteros recopilaban información en la obra de Odebrecht: segundo puente sobre el Lago de Maracaibo, en el estado Zulia y que también fueron arrestados dos activistas que les acompañaban, José Urbina y María Jose Túa.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa también lamentó en un comunicado la detención de los periodistas y exigió su liberación.

La ONG no precisó si los periodistas habían tramitado sendos permisos ante el Ministerio de Comunicación e Información, motivo por el que el gobierno ha retenido y devuelto a reporteros extranjeros a sus países.

#Alerta los #PeriodistasSecuestrados por el #Sebin estaban haciendo tomas de una construcción inconclusa de #Odebrecht #11Feb

— SNTP (@sntpvenezuela) February 11, 2017

Este viernes 30 de diciembre de 2016 , el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos remitió el texto de rectificación sin referirse con exactitud a la nota que debían arreglar.

¿QUÉ?

La entidad pública obligó al diario a incluir su texto que incluye siete puntos numerados acerca de “un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre presuntos actos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht”.

El Diario La Hora escribe un párrafo a modo de advertencia por parte de la redacción: “El texto que aparece bajo esta advertencia no es un trabajo periodístico sino una pieza de relaciones públicas firmada por la directora de ese departamento en el citado Ministerio, Alejandra Ortega. La publicamos, bajo protesta, a pesar de haber incluido en nuestras notas la versión oficial sobre este caso de corrupción que se conoció la semana pasada y se desarrolló en este Gobierno, entre los años 2007 y 2016. Lo hacemos porque ha quedado demostrado que no hacerlo representa un grave riesgo económico para este Diario en estos tiempos tan difíciles para la libertad de expresión”.

En la rectificación, se hace un recuento de la presencia de Odebrecht en Ecuador, y se muestra un listado de los cinco contratos que “están en fase de cierre”.

Al final del texto, detalla Fundamedios, se dice que se “exige revelar los nombres señalados en el citado informe así como las investigaciones que sean necesarias para determinar si hubo funcionarios públicos involucrados en una presunta red de corrupción”.