En febrero se reveló que al menos 19 policías habían utilizado la norma vigente para encontrar en secreto las fuentes periodísticas entre octubre de 2011 y octubre 2014.

Es decir, por lo menos 82 periodistas habrían sufrido interceptaciones telefónicas. Al respecto, John McLellan, director de Scottish Newspaper Society, dijo que también hubo intervenciones ilegales.

Aseguró que los policías encontraron más detalles personales que profesionales o que tengan que ver con el interés público. «Sólo ellos pueden explicar por qué los valiosos recursos fueron desviados repetidamente para localizar a aquellos cuyo único crimen era ayudar a los periodistas para traer asuntos de importancia a la atención pública», dijo.

«(Se espera) que los nuevos dirigentes de la Policía puedan forjar una mejor relación con la prensa», sostuvo. En Reino Unido, no es la primera vez que los policías interceptan comunicaciones de periodistas.

Revisa estos consejos para proteger tus fuentes.

Vía Press Gazette

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su preocupación por la intervención del Departamento de Justicia de Estados Unidos en los registros telefónicos de periodistas de la agencia de noticias AP. «Este tipo de prácticas puede afectar el ejercicio de un periodismo libre al poner en riesgo la confidencialidad de las fuentes periodísticas», señala el extenso comunicado.

El 10 de mayo de 2013, AP  recibió una carta de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en la que se le notificaba que el Departamento de Justicia había obtenido los registros telefónicos de más de 20 líneas utilizadas por editores y periodistas de la agencia durante abril y mayo de 2012. Los registros, detalla la CIDH, incluirían llamadas realizadas desde las oficinas de AP y de las líneas telefónicas personales de varios integrantes del personal. Las acciones de recopilación habrían ocurrido sin aviso previo a la agencia de noticias o a sus periodistas. 

Al respecto, el presidente y CEO de AP, Gary B. Pruitt, envió una carta de protesta al Fiscal General, Eric Holder, en la que objeta «en los términos más fuertes posibles la masiva y sin precedentes intrusión del Departamento de Justicia en las actividades de recolección de noticias de The Associated Press».  

«El Fiscal General Adjunto, James Cole, aseguró en una carta de respuesta que el Departamento de Justicia se esfuerza por alcanzar en cada caso «un equilibrio adecuado entre el interés público por la libre circulación de información y el interés público por la protección de la seguridad nacional y la aplicación efectiva de las leyes penales». A su vez, el Fiscal General, Eric Holder, declaró en una conferencia de prensa  que las acciones se tomaron en el marco de una investigación sobre una «filtración muy seria» de información que puso al «pueblo americano en riesgo», por lo que «tratar de determinar quién fue el responsable, creo que requería acciones muy firmes».

PERJUDICA EL EJERCICIO DE UN PERIODISMO LIBRE

La Relatoría Especial advierte con preocupación que este tipo de prácticas puede perjudicar el ejercicio de un periodismo libre y afectar el derecho de los periodistas a mantener en secreto la identidad de sus fuentes, como está reflejado en el Principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH: «Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales».

La CIDH recuerda a los Estados Unidos, «la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias para evitar poner en peligro esta garantía fundamental para el ejercicio de un periodismo libre».