«Se omitió a la ciudadanía dicha información por lo que se incurrió en censura previa, razón por la que se sanciona a los medios con diez salarios básicos y se los motiva a mejorar sus prácticas periodísticas», dijo el titular de la Supercom, Carlos Ochoa.

Los medios sancionados, tras una denuncia interpuesta por el Observatorio Ciudadano por una Comunicación de Calidad, son los diarios El Comercio, La Hora, Expreso, El Universo, y los canales de televisión Televicentro, Teleamazonas y Ecuavisa.

En «Lasso, el magnate de las offshore», el reportaje del diario izquierdista argentino que coincide con la gestión de Rafael Correa, denunciaba que el candidato de derecha está asociado a 49 empresas en paraísos fiscales. Se publicó el 15 de marzo.

Se acusaba a Lasso, expresidente del Banco de Guayaquil, de haberse enriquecido con la especulación con los bonos emitidos tras el feriado bancario en 1999, considerada la mayor crisis financiera en Ecuador.

La Supercom recuerda que Página 12 «es uno de los principales medios multimedia de Argentina» y que la «ley dispone abstenerse de omitir, intencionalmente, información de relevancia pública o interés general».

«¿El patrimonio de un candidato a la presidencia, sus orígenes y el lugar donde este se encuentra, es o no un hecho de interés público?», dijo Ochoa en una conferencia de prensa, donde no permitió las preguntas de los periodistas.

Resolución de La Supercom No. 006-2017-DNJRD-InPS Del 21 Abril Del 2017 by cdperiodismo on Scribd

CUESTIONAN REPORTAJE

En la audiencia del caso, El Comercio argumentó en la Supercom que la publicación de Página 12 no cumplía con el artículo 22 de la Ley Orgánica de Comunicación vigente, que exige a los medios publicar notas periodísticas contrastadas, verificadas, precisas y contextualizadas.

El Comercio precisó en su defensa que desde el 10 de marzo del 2017 entró en vigencia la campaña electoral, regulada por el Código de la Democracia, el cual en su artículo 203 señala que los medios deben abstenerse de hacer promoción directa o indirecta a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tiendan a incidir a favor o en contra de determinado candidato.

La ley de Comunicación, cuestionada por organizaciones internacionales y locales de libertad de prensa, surgió de una consulta popular y es defendida por Correa como un freno a los abusos de los medios privados, a los que suele identificar como su mayor opositor.

CONDENABLE

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció nuevamente el uso de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador como arma de persecución en contra de los medios de comunicación ecuatorianos, a los que el gobierno de Rafael Correa acusa de no reproducir la noticia de Página 12  en contra del candidato de la oposición durante las recientes elecciones presidenciales.

La SIP calificó de insólito el proceso iniciado por la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), el brazo ejecutor de la Ley Orgánica de Comunicación, que asumió una denuncia del presidente Rafael Correa durante una de sus sesiones sabatinas.

Correa denunció públicamente que varios medios ecuatorianos no se hicieron eco de una noticia que el diario Página 12 de Buenos Aires publicó sobre el candidato electoral de la oposición, Guillermo Lasso.

El presidente de la SIP, Matt Sanders, editor senior y gerente general del Deseret Digital Media, de Salt Lake City, Utah, dijo que «estamos ante un caso insólito en el que se usa la ley mordaza del Ecuador para castigar por omisión a los medios de su país. Pese a que el presidente Correa invoca el tema de censura previa, lo que estamos viendo es cómo se viola sistemáticamente el derecho de los medios a su libertad de criterio editorial».

En tres años de aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, El Universo detalla que este organismo  recaudó $ 633.000 gracias al cobro de multas aplicadas a los medios de comunicación por el cometimiento de infracciones.

Tras dar la información, Ochoa, cita El Universo, dijo: “Espero que mañana no salga el titular: $ 633.000 ha cobrado la Superintendencia en los tres años de trabajo. Aspiro. Dicen que guerra avisada no mata gente, decía mi abuelita”.

En total, se reportaron 561 sanciones, que se dividen en 281 para radios; 169 para impresos; y 111 para audiovisuales.

De un total de 554 procesos en contra de la prensa, 398 culminaron en sanción.

MASACRE A LOS MEDIOS

A tres años de vigencia y aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), Fundamedios resalta que la falta de transparencia ha sido una constante. «Negativas, evasivas, desorganización y trabas en la entrega de información resume gran parte del actuar de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) y las distintas intendencia zonales a la hora de entregar información sobre las sanciones a los medios», indica la organización.

Y agrega: «Eso ha impedido realizar un exhaustivo proceso de monitoreo de la LOC y que los ciudadanos tengan un cabal conocimiento de la verdadera masacre que se ha perpetrado bajo una aplicación abusiva y arbitraria de una normativa que viola todos los estándares de protección a la libertad de expresión».

Es la segunda caricatura que es observada por la Supercom, y es también la segunda de Bonil. Es preciso indicar que el presidente Rafael Correa también arremetió contra la ilustración.

El gran Bonil fue sancionado en 2014 por un dibujo alusivo al allanamiento de la vivienda de Fernando Villavicencio, entonces asesor del exasambleísta Cléver Jiménez.

De acuerdo con El Comercio, «Bonil se enfrenta al proceso de hoy casi con la seguridad de que la justicia, más que la suerte, ya está echada».

Un análisis del Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) determinó que la caricatura que originó el proceso es “discriminatoria por razones socioeconómicas”, lo que al dibujante no le da mayor esperanza de librarse de una sanción.

La denuncia nació de un colectivo de 17 representantes de organizaciones afroecuatorianas. En la caricatura muestra una foto de Delgado en dos escenas. En la primera, dice: “com.. con…m… mi diii..scurso todos diccen “pobre Tin pobre Tin””, y en la segunda imagen, se muestra: “¡pero con mi sueldo de asambleísta ya nadie dice “pobretón pobretón”.

La viñeta se publicó el 5 de agosto del 2014, después de que se hiciera viral un video en el que aparece el asambleísta durante una sesión del Pleno del Legislativo.

Durante su discurso, Delgado muestra dificultades para leer en voz alta.

“(La caricatura difunde) mensajes discriminatorios que denotan apología de la discriminación o incitación a la población a la realización de actos discriminatorios”, señalan los denunciantes en su escrito

Bonil ha dicho que su caricatura no fue discriminatoria. Días después de que fuera publicada, el caricaturista y el diario El Universo ya ofrecieron disculpas públicas al asambleísta Delgado por la viñeta, pero la denuncia llegó a la Supercom.

La recientemente creada Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), encargada de “fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre los derechos de la comunicación”  sancionó al diario La hora (en su versión para la ciudad de Esmeraldas), por reportar de manera “morbosa” la investigación de un asesinato.

El 21 de julio de 2014, la Supercom multó al medio con el 2% de la facturación promediada de los últimos tres meses por “tomar posición institucional sobre la culpabilidad del presunto autor del asesinato cometido” tras publicar una nota sobre el homicidio de un taxista, así lo reporta el portal Fundamedios, dedicado a la defensa de la libertad de expresión.

SANCIÓN INJUSTA

Entre los argumentos de la Supercom figura que, las imágenes publicadas “tienden a provocar atracción por un hecho desagradable y violento (…)”.

La defensa del medio argumentó que el reportaje publicado se sustentó en una información entregada por la Policía Judicial de Esmeraldas sobre la base de “un hecho real, con acontecimientos reales”. Pero la Supercom señaló que se evidenció el posicionamiento que asumió el medio en un hecho delictivo al utilizar frases y términos como “al tipo se le observa nervioso” o “arma homicida”, refiriéndose al objeto con el que se cometió un delito.

El medio ha hecho pública su indignación, al considerar la multa como injusta y capaz de promover la autocensura y la censura previa. Si bien anunció que cancelará dicha sanción, será realizada bajo protesta.