La ley, que además regulará las funciones de la comunicación institucional y comunitaria, entre otros, fue aprobada a mano alzada y por unanimidad en el pleno de la Asamblea Nacional del Poder Popular en una sesión extraordinaria.

De acuerdo con el artículo 28 del texto aprobado, los medios de comunicación social son «de propiedad socialista de todo el pueblo o de organizaciones políticas, de masas y sociales, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad».

En Cuba, las televisoras, los periódicos, revistas y demás medios de comunicación están vinculados al Partido Comunista, único autorizado en la isla.

Sobre los contenidos que transmitirán los medios de comunicación, la norma prohíbe «subvertir el orden constitucional y la desestabilización del Estado socialista», así como instigar a «la ciberguerra», a la que, según las autoridades, su país está sometido.

«Los principales elementos de debate han tenido un enfoque preventivo ante la subversión», dijo el presidente Miguel Díaz-Canel frente al pleno de la asamblea, refiriéndose a medios independientes como «mercenarios» que no serán legitimados por su gobierno.

Hace una decena de años, con la llegada del internet fijo a la isla, surgieron en el país medios independientes que han publicado en un limbo legal.

Los periodistas de estos medios críticos hacia el gobierno sufren constantes presiones y muchos de ellos se han visto obligados a salir del país.

Uno de ellos es 14ymedio, fundado en 2014 por la bloguera Yoani Sánchez. Este portal de noticias ha sobrevivido en difíciles condiciones y para acceder a la página de internet los cubanos requieren un VPN.

«El panorama es bastante oscuro para la prensa independiente» y la nueva ley «la pone en jaque», dijo a la AFP Luz Escobar, una reconocida periodista de 14ymedio que salió del país en 2022, junto con varios comunicadores.

«Informar en esas condiciones es lamentable, no es solo que tengas que sufrir la represión y las amenazas, sino que muchas veces te impiden salir de tu casa o te detienen cuando llegas al lugar y te cortan el internet», denunció Escobar.

La ley también da por primera vez un marco legal para que los medios de comunicación oficiales puedan contratar publicidad para obtener ingresos propios. Hasta ahora solo algunos medios de radio e impresos estaban autorizados a hacer este tipo de acuerdos.

CUIDADO CON LOS ME GUSTA

«Es su capítulo IV, que aborda la Comunicación social en el ciberespacio, el que ha sufrido una importante modificación desde las primeras versiones de la ley, publicadas en julio de 2022. En este apartado, el artículo 51 prevé que las personas a quienes atañe la ley (todas, como especifica el artículo 2) deben «responder por los contenidos que generan, seleccionan, modifican, interactúan y publican». En la práctica, bastará hacer un comentario o reaccionar a favorablemente a una publicación que se considere que tiene el «objetivo de subvertir el orden constitucional» o «instigar el terrorismo y la ciberguerra» para contravenir la ley, aunque se desconoce cuál será la penalización. El régimen sancionador está aún por desarrollar en un reglamento, pero el documento adelanta que se aplicará la vía «administrativa o la judicial», según corresponda», analiza 14yMedio.

Y alerta: «Esto penalizará previsiblemente la difusión de protestas, una actividad que ya ha sido señalada por la prensa oficial y los propios tribunales como reprobable por intentar «desestabilizar el orden social». También podría considerarse potencialmente dañino compartir o interactuar con la publicación de fotografías o mensajes que revelen carencias del Estado (que el régimen considera que intentan denigrar a la Revolución), como ha ocurrido con hospitales, escuelas y otras instalaciones en malas condiciones»·.

Tras ser detenida 96 horas, la corresponsal de ABC en La Habana informó que durante seis meses está prohibida de acercarse a un aeropuerto. En ese tiempo, indicó, será investigada por los delitos de desacato al grabar videos durante las manifestaciones contra la dictadura. La presión de diversas partes del mundo habría llevado a la excarcelación.

«He entrevistado a mucha gente que también llevaron a mi centro. No puede imaginar la cantidad de gente que han detenido, y a la que han dado golpes. Golpes incluso a menores de edad. Y yo decía, esta es la razón por la que Dios me puso aquí, para entrevistar a esta gente. Yo tengo que contar esto», dijo a ABC, tras aclarar que no ha sufrido maltrato físico, aunque el lugar de detención es «un campo de concentración».

La periodista de 28 años reveló que entre las detenidas «había otras mujeres que se habían acercado al lugar de las protestas por curiosidad y habían sido arrestadas, y sus familias no sabían dónde estaban. También se encontraba allí una embarazada, que pedía atención médica pero se la negaban. Se la dieron en el momento en que la pusieron en mi celda. Estaban muy preocupados sobre lo que yo podía contar sobre las condiciones de este sitio».

Tras ser sometidas a dos interrogatorios diarios de más de una hora, la corresponsal reiteró que no pensaba callarse lo que vio: «Yo reconocí que fui y que grabé, e hice un directo para CubaNet. Ellos intentaron subestimarme, diciendo que no era importante, que no era periodista, que ejercía la profesión de forma ilegal, que no tenía contrato con ABC y CubaNet, y que incluso estos medios habían negado que yo trabajara con ellos. Que ABC había dicho que no tenía corresponsal en La Habana. Pero yo sabía que no era verdad, porque no soy nueva en esto de los interrogatorios. Sé que tengo que interpretar lo contrario de todo lo que ellos digan. También me presionaban para que pactara y firmara comprometiéndome a pagar la multa, que no lo hice, y por eso me aplicaron el arresto domiciliario. Algo que también me negué a firmar. Lo único que firmé fue el acta de mi liberación».

Camila Acosta declaró que no sintió miedo, y que seguirá informando con independencia sobre lo que ocurre en Cuba.

«Informar no es un delito. Yo voy a seguir ejerciendo mi profesión. No voy a dejar de reportar. Hay que seguir denunciando porque hay mucha gente todavía detenida, y sus familias no saben dónde están. Yo quería estar presa, porque era una oportunidad única para conocer lo que pasaba dentro, todas las historias. Pero sabía, cuando intentaban pactar conmigo, que la presión fuera era muy fuerte», afirmó. En entrevista con el medio español, aseguró que no pagará la multa que le quieren imponer hasta que no le devuelvan sus dos computadoras, teléfonos, tablet, dinero y libros, objetos que fueron decomisados tras allanar su casa.

MÁS DETENIDOS

Las detenciones contra periodistas no cesan. Ányelo Troya González, productor y fotógrafo de las imágenes clandestinas rodadas en Cuba del clip Patria y Vida, se encuentra detenido desde el pasado 11 de julio, sin que familiares o amigos conozcan información exacta sobre su paradero y estado.

El medio digital 14 y medio denunció que hay más de 5.000 personas encarceladas o siendo investigadas, entre ellas más de 120, entre activistas y periodistas independientes.

Sin embargo, CiberCuba pudo comprobar que el corte de internet en la isla es selectivo: «Un análisis de los contenidos difundidos en redes sociales desde Cuba evidencia que muchos de los usuarios que han podido interactuar a través de las redes comparten mensajes progubernamentales. Medios oficialistas, funcionarios de diversos organismos del Estado, militantes de Partido Comunista de Cuba (PCC) y la propia cuenta de Díaz-Canel se mantienen activas y lanzando mensajes que pretenden transmitir una tranquilidad en las calles que dista mucho de ser la realidad del país».

El medio refiere que «aunque el monopolio estatal de las comunicaciones en la Isla (ETECSA) aún no ha dado ninguna explicación oficial sobre el corte de ese servicio desde el domingo último, empleados aseguran a los clientes que se trata de “una afectación”, a la que están buscando opciones para “resolverla”«.

“En vivo hago responsable al Gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar”, dijo la joven cubana segundos antes de retirarse.Stars es una férrea opositora al Gobierno de Miguel Díaz-Canel y en los últimos días participó en varias entrevistas para contar lo que pasaba en la isla, que afronta una serie de protestas contra la dictadura.

Apenas empezaba la entrevista con el canal Cuatro de España, la youtuber hizo señas de que algo pasaba. “Dina, ¿quieres decir algo?”, le preguntó Marta Flinch, presentadora del programa Todo es mentira.

“La seguridad del Estado está ahí afuera”, respondió desde su casa en La Habana. La conversación se detuvo, y se ve que alguien toma a computadora y la lleva a una habitación.

La presentadora le pidió que grabe el encuentro con la policía y ella enfoca la cámara del aparato. La conversación es inaudible, pero se ve a Dina Stars en la puerta hablar con alguien al otro lado. Luego vuelve a la transmisión en vivo y dice que se tiene que ir con los agentes, y que responsabiliza al Gobierno de la isla si algo le pasa.

La lista de personas de las que se desconoce su paradero se eleva sobre los 100, de acuerdo a un registro que lleva la organización Movimiento San Isidro (MSI), conformado por intelectuales y universitarios. Incluye en este momento al opositor Guillermo Fariñas y al artista Luis Manuel Otero Alcántara, agregó MSI.

¿Qué pasó? La periodista salió la mañana del lunes a realizar unas gestiones personales (acompañar a su padre a hacerse una prueba PCR), cuando fue interceptada por la policía. Eran las 10 de la mañana. Según ha podido saber Santiesteban, Acosta se encontraría retenida en la Cuarta Estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), ubicada en la avenida de Infanta, municipio del Cerro y va a ser procesada por «delitos contra la seguridad del Estado».

Todo estaría relacionado con la grabación de vídeos durante las protestas que tuvieron lugar este domingo en La Habana, que cubría para ABC y para el medio independiente Cubanet, con el que también colabora.

La policía entró a la vivienda de Acosta y se llevó los equipos  de la periodista, entre ellos su ordenador.

La periodista sufrió el bloqueo de Whatsapp y de internet, como muchos activistas y otros periodistas, informa el diario español y agrega: «Una estrategia del régimen cubano para que no trascienda lo que está sucediendo en la isla, en especial hacia el exterior. El bloqueo de comunicaciones se mantenía este lunes, lo que justificaba, en un principio, que Acosta no respondiera a las llamadas y mensajes de este periódico».

No es la primera vez que Camila Acosta es detenida por el régimen cubano por sus informaciones críticas con el Gobierno. También ha sufrido el repudio social, que le ha obligado a cambiar varias veces de domicilio al ser revocados sus contratos de alquiler por sus caseros, víctimas de las presiones de las autoridades cubanas, según ella misma relató a este periódico el pasado mes de febrero. La periodista tampoco puede salir de la isla al estar ‘regulada’, una forma de castigo contra aquellos que hacen declaraciones incómodas en el exterior sobre el Gobierno cubano.

Además de Acosta, fueron detenidos otros periodistas como Iris Mariño, de Camagüey, y Orelvis Cabrera, de Matanzas.

Depredador de la libertad de prensa

En su edición de 2021, Reportero Sin Fronteras incluía en su galería de depredadores de la libertad de prensa al presidente Miguel Díaz-Canel. Según el informe, los periodistas independientes son vigilados por agentes que tratan de limitar su libertad de movimientos, de arrestarlos y de borrar la información que poseen.

En el último índice de RSF sobre libertad de prensa, el organismo subrayaba un deterioro generalizado de la situación en América Latina. Con algunas raras excepciones, el entorno laboral de los periodistas, que ya era hostil y complicado antes de la crisis del coronavirus, se ha deteriorado aún más. En el ránking Cuba ocupa el puesto 171 de un total de 180 países.

«Exigimos: el cese de la represión contra quienes ejercen las libertades de prensa y expresión en Cuba, (y) la eliminación de los recursos legales que restringen y criminalizan el ejercicio de tales libertades», dicen los firmantes de la carta, que residen dentro o fuera de la isla.

También denunciaron que  en los últimos tiempos «ha aumentado la represión física, jurídica y psicológica contra quienes participan» en proyectos de comunicación independientes en el país, donde la estatal es la única prensa que reconoce el gobernante y único Partido Comunista.

«La existencia de medios estatales -que no por estatales son públicos- no alcanza para afirmar que en Cuba se respetan las libertades de prensa y expresión que  son derechos de todos los ciudadanos por igual y no privilegios de dirigentes del Estado, el Gobierno y el Partido», afirman.

«Debido a dificultades con la disponibilidad de papel gaceta en el país, las ediciones del periódico  Granma de los miércoles y viernes, así como de los semanarios Granma Internacional, Trabajadores, Orbe y Opciones, se reducirán de 16 a ocho páginas, a partir del viernes 5 de abril», dijo el Gobierno.

Los periódicos estatales mantienen sus ediciones digitales. Una recorte similar se produjo en la década de 1990 durante el denominado «Período Especial», como se calificaba a la crisis económica provocada tras el colapso de la Unión Soviética. Los diarios provinciales pasaron a ser semanarios.

Juventud Rebelde, diario de la juventud comunista, circulará los domingos con sus páginas habituales y «dejará de circular los sábados», mientras «otras publicaciones que se imprimen en papel gaceta verán afectada igualmente su circulación», señala la nota oficial.

El recorte en la prensa oficial se añade a un notorio desabastecimiento de productos de primera necesidad para los cubanos que van desde aceite, huevos, harina de trigo y medicamentos hasta artículos de higiene, que conllevan a largas filas en la red de mercados locales cuando son distribuidos.

De los 240 hechos violatorios documentados por el ICLEP en 2017, 102 fueron amenazas y agresiones psicológicas, hubo 84 detenciones arbitrarias, 32 despojos de medios de trabajo, 16 prohibiciones de salida del país, cuatro agresiones físicas y dos periodistas expulsados de sus trabajos o centros de estudios.

«Durante el año 2017 el régimen cubano mantuvo inalterable su monopolio sobre los medios de comunicación masiva. El liberticida artículo 53 de la Constitución cubana que condiciona la ‘libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista’ continúa amordazando a todos los cubanos. El aparato judicial se sirve de un Código Penal que sanciona cualquier tipo de libertad de prensa. La policía política acosa, detiene y amenaza con encarcelar a los periodistas por diversos, supuestos, delitos», condenó el ICLEP.

El Instituto se refirió a los casos particulares del vicepresidente regional para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, quien en 2017 fue objeto de «diversas violaciones contra su persona como arrestos, prohibiciones de salida del país y amenazas de cárcel por los supuestos delitos de propaganda enemiga, participar en una provocación internacional y ‘usurpación de capacidad legal'».

La también miembro de La Hora de Cuba, Sol García Basulto, fue otra de las periodistas «amenazadas» por el régimen. En su caso, le dijeron que «le quitaría la custodia de su hijo de tres años de edad y enjuiciarían a sus padres». Además, sobre ella pesa la misma acusación de «usurpación de capacidad legal» por la que en julio pasado le impusieron una medida cautelar de prisión domiciliaria.

También se mencionó el ataque de la estudiante de periodismo Karla María Pérez, expulsada de la Universidad Central Martha Abreu de Las Villas, «por publicar en el blog Somos+. La Seguridad del Estado antes de acusarla de ser miembro de una organización ilegal y contrarrevolucionaria intentó reclutarla».

El Instituto también recordó el caso de su propio director ejecutivo, Raúl Velázquez, que «durante el 2017 sufrió varias detenciones, su domicilio fue allanado, sus medios de producción periodística fueron confiscados. En noviembre estuvo preso durante cuatro días en la Unidad Provincial de delitos contra la Seguridad del Estado, donde fue amenazado, intimidado, torturado psicológicamente y acusado de clandestinidad de impresos, difusión de noticia falsas y de recibir dinero del Gobierno de EEUU con fines subversivos».

El ICLEP destacó que «a pesar de que la forma y los métodos represivos contra la prensa alternativa continúan inalterables» se registró un descenso de la cantidad de hechos violatorios comparados con 2016 (451).

Esta disminución la atribuyó no a un cambio de política represiva del régimen «sino a que en el 2016 los que mandan en Cuba reprimieron con puño de hierro a la prensa alternativa ante y durante dos acontecimientos únicos que ocurrieron en la Isla: la visita del expresidente de EEUU, Barack Obama, y la muerte del tirano Fidel Castro».

«Por otro lado —indica el documento—, la censura impuesta a través de la violencia física, las detenciones arbitrarias y el despojo de medios de trabajo, en 2016, provocó que en 2017 muchos informadores se autocensuraran, tomaran distanciamiento y no reportaran, por ejemplo, sobre las actividades de la Damas de Blanco en su caminata dominical. La autocensura es, también, uno de los motivos del por qué disminuyó en el 2017 los hechos violatorios a la libertad de prensa».

El aumento de las prohibiciones de salida del país con respecto a 2016 fue otra de las peculiaridades de 2017.

El documento, que analiza la evolución de la libertad de información en más de un centenar de países, durante el pasado año, enfatizó que Raúl Castro  es el responsable del drástico control sobre los periodistas en la Isla.

El documento destaca que el pasado año «el régimen castrista incrementó la censura y la represión de los periodistas independientes y de la prensa de oposición que intentan subsistir en la Isla».

«El Estado sigue monopolizando la información”, refiere RSF y puntualiza que esa situación no ha cambiado tras el fallecimiento de Fidel Castro, al que califican “como uno de los peores predadores de la libertad de prensa en el mundo».

Cuba continúa siendo un infierno para la prensa independiente, que debe soportar «detenciones abusivas, arrestos, amenazas, campañas de descrédito, confiscación de material y cierre de sitios web, suelen ser las formas de un acoso omnipresente, reforzado por un arsenal de leyes restrictivas.

CUBA

«El Gobierno (cubano) ha seguido controlando el panorama digital al bloquear sitios críticos. Las pruebas también encontraron que el proveedor de teléfonos celulares propiedad del estado, Cubacel, había estado filtrando sistemáticamente mensajes SMS nacionales que contenían palabras clave como ‘democracia’, ‘dictadura’ y ‘derechos humanos'», señala el reporte.

También alerta de la situación de periodistas independientes, las «detenciones periódicas» que sufren y que se les prohíbe acceder a puntos de acceso a internet controlados por el Estado o se les despide cuando publican simultáneamente para medios no estatales.

VENEZUELA

No es un panorama alentador.  El Gobierno de Nicolás Maduro  es un país con libertades restringidas, donde se bloquea varias páginas web, por ejemplo, aquellas que transmitían en vivo protestas antigubernamentales.

Eso no es todo: bandas armadas agredieron físicamente a usuarios de redes sociales que trataban de documentar las protestas, y se destaca que la oposición y sitios web independientes experimentaron oleadas sin precedentes de ciberataques.

GOBIERNOS USAN REDES PARA PROMOVER AGENDAS ANTIDEMOCRÁTICAS

Freedom House reportó un incremento de la manipulación y censura de información en las redes sociales en la mitad de los 65 países evaluados, los cuales representan el 87% de los internautas en el planeta.

«Los gobiernos usan ahora las redes sociales para suprimir el disenso y promover agendas antidemocráticas», dijo Sanja Kelly, director del proyecto Freedom on the Net.

Y acotó: «Esta manipulación no solamente es difícil de detectar, sino que es más difícil de combatir que otros tipos de censura porque es dispersa y por la gran cantidad de personas y cuentas automáticas involucradas».