La organización instó al gobierno de ese país a investigar en profundidad este nuevo crimen, a detener la violencia impune en contra de los periodistas y a «mostrar su compromiso con la libertad de prensa»..

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, lamentó «este nuevo crimen en México, donde los periodistas de Acapulco y de otras zonas del país han venido advirtiendo que ejercen su trabajo con temor y gran desprotección». 

Jornet, director periodístico del diario La Voz del Interior, de Argentina, expresó: «Mientras los graves atropellos contra los periodistas mexicanos continúen impunes, se seguirá enviando el mensaje erróneo de que estos delitos no pasan por la Justicia, lo que da carta libre a los violentos». 

«Reiteramos nuestra demanda al gobierno para que actúe con firmeza ante los asesinatos contra periodistas, administre justicia, frene la violencia que padecen y demuestre su compromiso con la libertad de prensa», añadió Jornet. 

Matus Peña tenía más de 15 años de experiencia en periodismo y se especializaba en noticias policiales, violencia e inseguridad. En 2019 fue víctima de un atentado del que salió ileso. Matus Peña trabajó en Alarma y Agora Guerrero, entre otros medios.

Su asesinato se suma al de Luis Martín Sánchez Íñiguez, corresponsal del diario La Jornada, en Tepic, estado de Narayarit, hallado sin vida el 8 de julio.

La ley, que además regulará las funciones de la comunicación institucional y comunitaria, entre otros, fue aprobada a mano alzada y por unanimidad en el pleno de la Asamblea Nacional del Poder Popular en una sesión extraordinaria.

De acuerdo con el artículo 28 del texto aprobado, los medios de comunicación social son «de propiedad socialista de todo el pueblo o de organizaciones políticas, de masas y sociales, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad».

En Cuba, las televisoras, los periódicos, revistas y demás medios de comunicación están vinculados al Partido Comunista, único autorizado en la isla.

Sobre los contenidos que transmitirán los medios de comunicación, la norma prohíbe «subvertir el orden constitucional y la desestabilización del Estado socialista», así como instigar a «la ciberguerra», a la que, según las autoridades, su país está sometido.

«Los principales elementos de debate han tenido un enfoque preventivo ante la subversión», dijo el presidente Miguel Díaz-Canel frente al pleno de la asamblea, refiriéndose a medios independientes como «mercenarios» que no serán legitimados por su gobierno.

Hace una decena de años, con la llegada del internet fijo a la isla, surgieron en el país medios independientes que han publicado en un limbo legal.

Los periodistas de estos medios críticos hacia el gobierno sufren constantes presiones y muchos de ellos se han visto obligados a salir del país.

Uno de ellos es 14ymedio, fundado en 2014 por la bloguera Yoani Sánchez. Este portal de noticias ha sobrevivido en difíciles condiciones y para acceder a la página de internet los cubanos requieren un VPN.

«El panorama es bastante oscuro para la prensa independiente» y la nueva ley «la pone en jaque», dijo a la AFP Luz Escobar, una reconocida periodista de 14ymedio que salió del país en 2022, junto con varios comunicadores.

«Informar en esas condiciones es lamentable, no es solo que tengas que sufrir la represión y las amenazas, sino que muchas veces te impiden salir de tu casa o te detienen cuando llegas al lugar y te cortan el internet», denunció Escobar.

La ley también da por primera vez un marco legal para que los medios de comunicación oficiales puedan contratar publicidad para obtener ingresos propios. Hasta ahora solo algunos medios de radio e impresos estaban autorizados a hacer este tipo de acuerdos.

CUIDADO CON LOS ME GUSTA

«Es su capítulo IV, que aborda la Comunicación social en el ciberespacio, el que ha sufrido una importante modificación desde las primeras versiones de la ley, publicadas en julio de 2022. En este apartado, el artículo 51 prevé que las personas a quienes atañe la ley (todas, como especifica el artículo 2) deben «responder por los contenidos que generan, seleccionan, modifican, interactúan y publican». En la práctica, bastará hacer un comentario o reaccionar a favorablemente a una publicación que se considere que tiene el «objetivo de subvertir el orden constitucional» o «instigar el terrorismo y la ciberguerra» para contravenir la ley, aunque se desconoce cuál será la penalización. El régimen sancionador está aún por desarrollar en un reglamento, pero el documento adelanta que se aplicará la vía «administrativa o la judicial», según corresponda», analiza 14yMedio.

Y alerta: «Esto penalizará previsiblemente la difusión de protestas, una actividad que ya ha sido señalada por la prensa oficial y los propios tribunales como reprobable por intentar «desestabilizar el orden social». También podría considerarse potencialmente dañino compartir o interactuar con la publicación de fotografías o mensajes que revelen carencias del Estado (que el régimen considera que intentan denigrar a la Revolución), como ha ocurrido con hospitales, escuelas y otras instalaciones en malas condiciones»·.

RSF tampoco había registrado nunca un número tan elevado de mujeres periodistas en prisión: actualmente, 78 están entre rejas, lo que supone un aumento histórico en torno al 30%, respecto al año pasado.

???? BALANCE ANUAL RSF 2022

???? Récord de periodistas encarcelados: 533 en todo el mundo (+13,4%)
???? Récord de mujeres periodistas presas: 78 (+27,9%). Ya son el 15% del total, el doble que hace 5 años
???? Aumento de periodistas asesinados: 57 (+18,8%)

Más datos y análisis ???? pic.twitter.com/22dh5lOxAg

— RSF en español (@RSF_esp) December 14, 2022

China, donde la censura y la vigilancia han alcanzado niveles extremos, se mantiene como la mayor prisión de periodistas del mundo, con 110 encarcelados. Entre ellos, la periodista independiente Huang Xueqin, que cubría temas relacionados con la corrupción, la contaminación industrial y el acoso a mujeres.

Asimismo, se confirma el recrudecimiento de la represión en la República Islámica de Irán, que se transforma en la tercera mayor cárcel de periodistas del mundo, con 47 profesionales de los medios en prisión, y ello tan solo un mes después de que se iniciase la oleada de protestas. Entre los primeros periodistas detenidos se encuentran dos mujeres, Nilufar Hamedi y Elahe Mohammadi, que contribuyeron a denunciar la muerte de la joven kurda iraní Mahsa Amini. Ambas se enfrentan a la pena de muerte.

“Los regímenes dictatoriales y autoritarios están llenando a toda velocidad sus cárceles, deteniendo a periodistas. Este nuevo récord de periodistas en prisión confirma la imperiosa y urgente necesidad de resistir a estos poderes sin escrúpulos y de ejercer nuestra solidaridad activa con todos aquellos y aquellas que defienden el ideal de la libertad, la independencia y el pluralismo de la información«, dijo Christophe Deloire, secretario general de RSF.

AMÉRICA LATINA, LA REGIÓN MÁS PELIGROSA PARA EJERCER EL PERIODISMO

Casi el 65% de los periodistas asesinados en 2022 perdió la vida en países considerados en paz. México registra por sí solo 11 periodistas asesinados, es decir, cerca del 20% del total de profesionales de la información muertos este año. Estas cifras, junto a las de Haití (6 asesinados) y Brasil (3) hacen de América Latina la región más peligrosa del mundo para los periodistas: cerca de la mitad de los asesinatos de este año (el 47,4%) se han producido en suelo latinoamericano.

Revisa el informe aquí

“Anoche se le exigió a América TV interrumpir su transmisión y se secuestró a un equipo periodístico, y se obligó a leer en vivo un manifiesto que pretendía desvirtuar una denuncia por corrupción”, señaló Federico Salazar, encargado del pronunciamiento.

“Este hecho claramente fue un hecho de extorsión que no debe repetirse (…) la extorsión a un medio es un delito que nos afecta a todos, violenta nuestros derechos y no debe ser aceptado ni normalizado”, agregó.

Salazar advirtió que esto es solo una muestra de la vulnerabilidad a la que están expuestos todos los peruanos. ”Esto nos impulsa a continuar investigando este caso y no callaremos ante cualquier acto que atente contra los intereses del país, sin importar quién o quiénes estén involucrados”, acotó.

La tarde del miércoles 6 de julio un equipo del programa Cuarto Poder integrado por el reportero Eduardo Quispe, el camarógrafo Elmer Valdiviezo y un conductor de la zona, fue secuestrado por integrantes de las rondas campesinas del distrito de Chadín, provincia de Chota, en la región Cajamarca.

Los ronderos les quitaron la cámara y los celulares, y los obligaron a pedir disculpas en televisión nacional por el reportaje sobre la hermana de la Primera Dama emitido en Cuarto Poder el último domingo. “Si eso no ocurría, les advirtieron que sus vidas estaban en riesgo”, informó América TV.

LA SIP CONDENA SECUESTRO Y EXTORSIÓN

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el secuestro y extorsión sufrido en Cajamarca, departamento del noroeste de Perú, por el equipo de periodistas.

En un comunicado, la organización hemisférica pidió a las autoridades locales que investiguen los hechos y se lleve ante la Justicia a los responsables para evitar que actos como estos se repitan.

Los secuestradores obligaron a Quispe, del programa dominical Cuarto Poder, a leer en vivo un comunicado como condición para ser liberado.

El equipo de América TV había viajado a la comunidad de Chadín, en el departamento de Cajamarca, para recabar información sobre un caso que involucra a Jenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo.

Los miembros de las organizaciones rurales denunciaban una supuesta imputación falsa contra Paredes.

El comunicado de la SIP indica que el equipo de América TV fue liberado la noche del miércoles después de la transmisión, aunque les retuvieron la cámara y los teléfonos celulares

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de esa organización, Carlos Jornet, repudiaron esos actos contra los periodistas por parte de grupos que “quieren hacer justicia por manos propias”.

“La naturaleza de esta acción de los ronderos no solo es un atentado contra los periodistas y el medio de comunicación, sino una agresión contra todas las instituciones públicas del país”, señalaron en el comunicado.

Canahuati, director ejecutivo del Grupo Opsa, de Honduras, y Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, instaron a las autoridades a “investigar, señalar y juzgar a los autores del secuestro y la extorsión, para evitar que se repitan estos hechos que atentan contra la libertad de prensa y la seguridad física de los periodistas”.

La SIP establece en sus declaraciones de Chapultepec y Salta un concepto que también se encuentra en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se identifica en este caso.

El artículo 9 de esta última establece que el secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, violan los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión.

El comunicado de la SIP se suma a la condena del pasado martes por un ataque que sufrió la periodista mexicana Susana Mendoza Carreño, apuñalada la pasada semana en Puerto Vallarta (Guadalajara, México), lo que provocó una petición para que se investigue el caso.

Aseguró que México es el país «más peligroso» de la región en la actualidad para ejercer el periodismo, con un alto índice de impunidad en los crímenes y con un sistema de protección que «no está funcionando».

En esa línea, recordó que la SIP ha rechazado la retórica estigmatizante del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que «coadyuva a que haya más violencia contra los periodistas en el país».

En los últimos seis meses, dijo, la situación de la libertad de prensa en la región se ha agravado a través de la violencia contra los medios y «el asesinato y encarcelamiento de periodistas». De hecho, ocho periodistas han sido asesinados en México. La cifra total en América Latina es 13.

Trotti señaló la «agudización de la represión contra el periodismo ya sea a través de condenas, encarcelamiento o violencia física”, particularmente en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Los más recientes informes país por país que se presentarán en la próxima reunión de la SIP en Nicaragua reflejan que «no hablamos de simples manotazos contra la libertad de prensa, sino de ataques sistemáticos«.

Explicó que en la reunión se escucharán los testimonios de los familiares de los periodistas encarcelados y perseguidos por el gobierno de Daniel Ortega, y se aprobará una declaración para responder a las agresiones al periodismo y a los derechos humanos en Nicaragua.

Ricardo Trotti advirtió que la estigmatización continúa contra los medios de comunicación, ya que países han avalado leyes que perjudican el «libre flujo informativo en la cobertura de periodistas».

Desde la madrugada del 1 de febrero fue bloqueado el acceso a tres medios digitales: Efecto Cocuyo, Crónica Uno y EVTV Miami, este último con sede en Florida, Estados Unidos.

La acción, ejecutada por las empresas de telecomunicaciones CANTV (estatal) y Movistar, Digitel, Supercable e Inter (privadas), operadoras de servicios móviles y de internet, habría respondido a órdenes de la oficialista Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

«La dictadura de Nicolás Maduro demuestra una vez más su fijación por amordazar al periodismo independiente. La comunidad internacional no puede quedarse callada ante un régimen de terror que vive atropellando el derecho a la libertad de expresión sus ciudadanos», expresó Jorge Canahuati, presidente de la SIP y CEO de Grupo Opsa, de Honduras.

La organización de monitoreo VE Sin Filtro señala que el régimen no solo bloquea los sitios web de medios no afiliados al gobierno, sino que en los últimos años también bloqueó plataformas de multimedia, streaming y redes sociales.Estas denuncias también confirman las conclusiones de un reciente informe de la organización Espacio Público, Privacidad y datos personales en Venezuela, una aproximación a la legislación y práctica vigentes, dado a conocer el 28 de enero, Día Internacional de la Protección de Datos.

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico del diario La Voz del Interior, de Argentina, agregó que esta nueva información «nos impone a reiterar nuestro compromiso, apoyo y solidaridad para con los periodistas y medios independientes que desde hace más de veinte años vienen padeciendo persecución y represalias gubernamentales por su labor».

Entre otras prácticas arbitrarias ejercidas desde el poder, Espacio Público señala la vigilancia y el robo de información a través de la clonación de sitios web y páginas de redes sociales; phishing, y retención de datos personales vía telefonía celular o fija, usando equipos tecnológicos y software israelí para la extracción de información.

El informe destaca que el acceso ilegal a equipos, en su mayoría teléfonos móviles, «configura una práctica creciente» en contra de periodistas por parte de policías y militares.

La última resolución de la SIP sobre Venezuela enfatiza que «la implacable persecución contra medios de comunicación y periodistas, así como el bloqueo a los pocos medios que aún publican en internet, ha casi completado el plan de hegemonía comunicacional del régimen, similar al modelo cubano». Sobre el embargo de las instalaciones del diario El Nacional el 14 de mayo de 2021, medida que todavía prevalece, la organización expresó que «quedará en la historia de este siglo como uno de los más grandes atropellos contra la libertad de prensa en las Américas».

Venezuela, además de Cuba y Nicaragua, son los países peor evaluados en materia de libertades individuales y sociales según el Índice Chapultepec 2021, un barómetro con el que la SIP que mide niveles de libertad de prensa y expresión en 22 naciones del hemisferio.

Se pronunció así luego de conocer la condena a dos años de prisión contra el periodista Christopher Acosta y el editor Jerónimo Pimentel por presunta «difamación agravada» en el libro «Plata como cancha», un perfil del empresario y político César Acuña.

La organización solicitó además al Congreso peruano que legisle «con urgencia» para descriminalizar los delitos contra el honor.

Las asociaciones de prensa y gremios periodísticos de Perú expresaron hoy también su rotundo rechazo a la condena por difamación dictada contra Acosta y Pimentel

El caso tiene su origen en una demanda presentada por Acuña, excandidato presidencial y empresario, por supuesta difamación agravada, tras la publicación en febrero de 2021 del citado libro, escrito por Acosta y publicado por la editorial Penguin Random House, que dirige Pimentel.

Este lunes, el juez Jesús Vega sentenció a Acosta y a Pimentel a dos años de prisión en suspenso y a pagar el equivalente a unos 100.000 dólares en reparación civil.

Según el juez Vega, «las frases agraviantes en el libro» traspasaron los límites del derecho a la libertad de expresión y atentaron contra el honor del político, líder del partido Alianza para el Progreso.

«(Esta sentencia) confirma nuestras denuncias sobre cómo en Perú y en otros países, como Panamá y Brasil, existe una epidemia de demandas que utilizan los funcionarios para amordazar a periodistas y medios para evitar la crítica y que salgan a la luz casos de corrupción y otros temas de interés público», dijo en un comunicado el presidente de la SIP, Jorge Canahuati.

LA EDITORIAL CONDENÓ EL HECHO

“Rechazamos el fallo del juez Jesús Raúl Vega contra los periodistas Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel. Se está buscando intimidar al periodismo de investigación, pieza clave para combatir la corrupción”, señaló la entidad tras conocerse la resolución.

Esta mañana, el juez Jesús Raúl Vega del 30° Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima, dictó una condena de dos años de cárcel suspendida y un pago de reparación civil de 400 mil soles.

El juez evaluó 55 frases que Acuña consideró eran agraviantes en su contra en el citado libro. Entre varias de ellas, se determinó que sí se había afectado el derecho al honor y la buena imagen del dirigente de APP por citar frases hechas por terceras personas.

La resolución incluyó al editor del libro del periodista, Jerónimo Pimentel y la casa editora Penguin Random House, quienes deberán pagar en forma solidaria con Christopher Acosta la reparación civil que asciende a 400 mil soles. Los abogados confirmaron que apelarán.

Foto: Andina.

El ataque contra periodistas con mayor incidencia durante el año fue la amenaza / hostigamiento, con 61 casos registrados; le siguen la agresión física y verbal con 58 y la intimidación judicial con 31 incidencias.

También fueron registrados ciberataques (15), discursos estigmatizantes (15), trabas al acceso a la información (14), afectaciones laborales (9), detenciones (2) y un robo.

Durante el 2021 los agresores más frecuentes fueron los civiles, que propiciaron 99 ataques; seguidos por los funcionarios (41), agentes de seguridad (31), elementos no identificados (25) y empleadores (10).

Capital de agresiones y provincias de riesgo

Lima presentó un récord histórico de 105 ataques. Le sigue Puno con 13 y Callao con 5. Las provincias Barranca, Caravelí, Hualgayoc, Paita y Rodríguez de Mendoza registraron cuatro agresiones a periodistas.

Mientras tanto, en Arequipa, Coronel Portillo, Maynas y Moyobamba fueron reportados 3 ataques en cada una. A estas les siguen Abancay, Chiclayo, Huamanga, Huanta, Huaraz, Huaura, Ilave, San Román, Santa, Satipo, Tacna y Tumbes con dos en cada una.

Datos

• El ataque ubica en primer lugar a la prensa digital (84), que compartió informaciones importantes durante la campaña electoral.
• Le siguen los medios del periodismo tradicional como son la prensa televisiva (54), escrita (35) y radial (33).
• En cuanto al ataque según el género o medio, los periodistas más atacados este año fueron los hombres (115), seguido de los ataques a mujeres periodistas (55) y medios propiamente (36).

Casos emblemáticos

El 1 de enero, el fotoperiodista del diario La Industria de Truijillo, Alí Iván Orbegoso Cipra, recibió amenazas desde cuentas troll en Facebook luego que difundiera la fotografía de su autoría en la que se aprecia a un agente policial apuntando con su arma a un manifestante durante las protestas del paro agrario en Chao, provincia Virú (La Libertad).

El 22 de enero la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima notificó a la periodista Paola Ugaz Cruz sobre la aceptación de la apelación presentada por Carlos Abelardo Gómez de la Torre Pretell quien la demandó por difamación agravada exigiendo el pago de 2 millones de soles de reparación.

El 19 de febrero el periodista Carlos Paredes Rojas, autor del libro “El perfil del lagarto”, a través de sus redes sociales y medios de comunicación, denunció que recibió una llamada amenazante de una persona desconocida que le señaló, luego de insultarle, “no sabes con quién te has metido, te vas a morir”. Volvió a recibir llamadas así el mismo día en la noche y a la mañana siguiente. Esto después de haber revelado que el expresidente Martín Vizcarra Cornejo y su esposa habían sido vacunados secretamente en Palacio de Gobierno.

El 25 de febrero, luego de publicado el informe de investigación que revelaba los testimonios de acoso en contra de Víctor Quijada Tacuri, candidato al Congreso por el Partido Nacionalista, éste interpuso querella por difamación agravada contra la periodista Graciela Tiburcio y Luciana Távara del portal Wayka. Esto además de iniciar una campaña de desprestigio en redes sociales contra el medio al que cuestionó y calificó de poco serio. A esto se le sumaron cuatro querellas por la presunta comisión de diferentes delitos, entre estos, el inexistente ejercicio ilegal de la profesión.

El 12 de marzo el candidato presidencial de Alianza Para el Progreso, César Acuña Peralta, denunció ante el Indecopi al periodista Christopher Acosta Alfaro y la editorial Penguin Random House Grupo Editorial S.A. Dicha acción pretendía restringir la circulación del libro «Plata como cancha». Acuña solicitó «el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción» y «la adopción de medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos». Posteriormente, en mayo, le interpuso querella por difamación solicitando una reparación civil de 100 mil soles al periodista, la casa editorial y el editor de la misma. En noviembre, como un nuevo intento de intimidar, solicitó el embargo preventivo de los bienes del periodista.

El 29 de marzo, el periodista Carlos Alberto Tafur Grandez, de Radio Stereo G 96.5, de la provincia Rodríguez de Mendoza, recibió a través de un número extranjero, audios de WhatsApp que, entre insultos e improperios, lo amenazaban de muerte con expresiones como: “sigue jodiendo en la radio y vas a ver la cabeza tuya colgando en la radio”, “vas a ver a tu familia también colgada en la radio”, “sigue y ya verás”. Dichas amenazas han sucedido después que el periodista revelara una serie de irregularidades de parte de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza.

El 14 de abril dos personas desconocidas se acercaron en una motocicleta y explotaron una bomba molotov en el auto del comunicador Roberto Sánchez Mamani, de Radio La Estación de Tacna, que se encontraba estacionada en la puerta de la radio. Este hecho se produjo como el corolario a las constantes amenazas que el comunicador venía recibiendo desde inicios de marzo en represalia a los cuestionamientos que desarrollaba en sus programas a algunas candidaturas al Congreso por su región.

El 15 de abril, se produjo un atentado contra las instalaciones del canal Oxapampa Televisión (OTV), que opera en dicha provincia de la región Pasco. Belfer Rojas Cano, periodista y gerente del medio, señaló que quienes cometieron el acto de vandalización son personas que estarían vinculadas al Gobierno Regional de Pasco.

En julio, el periodista Carlos Yofré López Sifuentes, del portal web Barranca.pe, fue apresado por incumplimiento de pago de una deuda de alimentos, en lo que su defensa calificó como una medida irregular porque ya había sido cancelada la deuda. Esto sucedió en un contexto en que el periodista afrontaba dos procesos judiciales interpuestos por la magistrada Juana Caballero García y el exjuez Víctor Raúl Reyes Alvarado, ambos de la Corte de Huaura, la misma que tiene bajo su cargo los procesos del periodista.

En agosto, el fiscal Provincial Penal Provisional del Tercer Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Moyobamba, Heniz Yuri Carrero Vidarte, formuló acusación contra el director del diario Amanecer, Marco Polo Carrillo Calongos, y el reportero del diario Voces, Franclin Lavan Jara, por la presunta comisión del delito contra la administración de justicia en la modalidad de revelación indebida de identidad.

El 9 de octubre, la periodista Marleny Margarita Paredes Charca, del programa “El Objetivo” emitido por el canal Antena 1 y el portal web elobjetivo.pe, fue agredida por César Mamani Pacompia, jefe de ronderos de la comunidad de Uros Chulluni, en la provincia y región Puno mientras cubría una reunión de la directiva de dicho grupo. La agresión se dio a pesar que la periodista se identificó y pidió autorización antes de iniciar labores.

El 5 de noviembre el periodista Richard Panduro Cashú, conductor del informativo de Canal 108 Max Channel Telecable Iquitos, fue agredido físicamente por Ary Thassia Oliveira Rodríguez, gerente general del sector educación del Gobierno Regional de Loreto (GOREL). Esta acción llegó como represalia por las denuncias que el hombre de prensa difundía evidenciando presuntos hechos de corrupción sobre la funcionaria.

El 26 de noviembre, durante la cobertura de los enfrentamientos por la tenencia de un sector del terreno del colegio politécnico Huáscar en Puno, fueron agredidos los periodistas Luis Hinojosa (Diario Sin Fronteras), Liubomir Fernández (Diario La República), Blas Condori (RPP) y Javier Zúñiga (portal de noticias Puno TV). El más perjudicado fue el corresponsal de La República, quien no solo fue agredido físicamente por el mayor Dany Osorio, sino que también recibió amenazas de tortura y fue detenido.

Ataques de La Resistencia y otros grupos extremistas

El grupo radical de extrema derecha autodenominado “La Resistencia” generó 8 ataques a periodistas en diferentes momentos del año, durante la cobertura de protesta social o estigmatizando en redes sociales. A esto se suman ataques de radicales de extrema derecha que promovieron discurso de odio contra periodistas como el visto durante la campaña “chapa tu caviar”, o los grupos de militares en retiro que, también en protestas y el ciberespacio, han agredido o estigmatizado a periodistas.

Balance de ataques en campaña electoral

La ANP subraya que la campaña electoral, entre enero de este año y su término formal el 19 de julio, fecha en que fue proclamado el presidente electo, dejó un total de 71 ataques a periodistas por parte de candidatos al Congreso o la Presidencia, así como sus seguidores, partidarios y simpatizantes, en lo que representó la campaña más polarizada desde el retorno de la democracia los últimos 21 años.

Ver informe: https://bit.ly/3mOWJor

En una carta dirigida al secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, la editora ejecutiva de AP, Julie Pace, instó a la agencia a explicar por qué el nombre de la periodista de investigación ganadora del premio Pulitzer, Martha Mendoza, fue revisado en las bases de datos e identificado como un posible informante confidencial durante la administración Trump, como se detalla. en un informe del inspector general de Seguridad Nacional.

«Este es un ejemplo flagrante de una agencia federal que utiliza su poder para examinar los contactos de los periodistas. Si bien las acciones detalladas en el informe del inspector general ocurrieron bajo una administración anterior, las prácticas se describieron como rutinarias”, afirmó Pace.

La investigación del DHS sobre periodistas estadounidenses, así como personal del Congreso y quizás miembros del Congreso,  fue informada por Yahoo News y AP el sábado. Se trata, indica el reporte, del último ejemplo aparente de una agencia creada a raíz de los ataques del 11 de septiembre que utiliza sus vastas capacidades para atacar a los ciudadanos estadounidenses .