Los reclamos ocurrieron mientras se realizaba una ceremonia protocolar encabezada por el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz.

Valdez, un especialista en asuntos de narcotráfico reconocido en el ámbito internacional, fue asesinado a balazos en la calle, a plena luz del día, el pasado 15 de mayo, cerca de la sede de Ríodoce, el semanario del que fue fundador. Con 50 años, también era corresponsal del diario La Jornada y fue colaborador durante una década de la AFP.

Los manifestantes colocaron cruces rojas de madera al exterior del recinto legislativo, mientras que en el interior del Congreso tres periodistas se ubicaron detrás de altos funcionarios portando carteles con la leyenda «impunidad», la imagen del gobernador y del fiscal Juan José Ríos.

Ismael Bojórquez, director de Ríodoce, denunció que a seis meses del asesinato de Valdez aún no tienen resultados de la investigación que realiza la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra de la Libertad de Expresión de la Procuraduría General (fiscalía). El veterano reportero no merece un trato así. Tampoco los otros periodistas fallecidos en ejercicio de su profesión.

«Nos han dado a conocer algunas cosas, pero no vemos solidez en la investigación. Mientras más tiempo pase, más tierra le va a caer al caso y va a ser muy difícil (…) el crimen de Javier, por el alto impacto que tuvo a nivel nacional e internacional, tiene que aclararse», aseveró Bojórquez, citado por la agencia AFP.

EL CRIMEN ORGANIZADO

Añadió que entre las posibles líneas de investigación sobre el móvil del crimen, una de las más probables es la participación del crimen organizado.

Poco antes de ser asesinado, Valdez publicó una entrevista con uno de los jefes del cartel de Sinaloa, rival de los hijos de su antiguo líder, Joaquín «El Chapo» Guzmán, por el control de la organización, desde que el capo fue capturado y extraditado en enero a Estados Unidos.

México es considerado uno de los países mas peligrosos para ejercer el periodismo. En más de 90% de los casos no se han detenido a los responsables materiales ni intelectuales de estos crímenes.

«Sucedió durante la sesión de Cabildo de este jueves, cuando en distintas acciones reporteras de los diarios El Debate y Noroeste resultaron agredidas por un grupo de gestoras, simpatizantes del alcalde Fernando Pucheta Sánchez, quienes las molestaron para impedir su cobertura y les lanzaron insultos.  Según testimonio de colegas presentes, la reportera de El Sol de Mazatlán también habría sido jaloneada durante la realización de su trabajo, pero al momento de esta publicación se esperaba la confirmación de este caso. Por su parte, El Debate denunció que su reportera recibió manotazos y picotazos en la espalda para que se retirara de su lugar», informa el colectivo.

Estos hechos se presentaron mientras el regidor de oposición, Giova Camacho, reclamaba al gobierno municipal informes sobre el destino de los víveres donados a los damnificados del sismo del 19 de septiembre, recolectados por el sistema DIF local.

La reportera se levantó de su asiento para colocar su grabadora en las bocinas del lugar, a fin de registrar las declaraciones. Y a su regreso, fue hostigada por las gestoras, como se puede apreciar en el video compartido por El Debate.

La periodista de Noroeste que se encontraba cubriendo la sesión, recibió un trato similar cuando buscó grabar a la regidora Guadalupe Valle.

Ante estos hechos, el colectivo exige al Ayuntamiento de Mazatlán frenar las agresiones a reporteros que se han presentado por parte del propio presidente municipal, al igual que de otros funcionarios y personas cercanas a la administración, como ocurrió en este caso.

El pasado 23 de agosto, este grupo emitió una alerta preventiva en la que se consignan al menos 16 agresiones u obstrucciones a la labor periodística en el sur de Sinaloa.

«En varias de ellas se vio involucrado el alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta, con actos de denostación pública hacia el trabajo de los periodistas, lo cual fue considerado un factor de riesgo para el aumento del nivel de violencia contra los representantes de este gremio, quienes son un elemento clave para el cumplimiento de los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información», señala el comunicado..

A través de un comunicado en redes sociales, el secretario del Ayuntamiento, Joel Bouciéguez, se comprometió a investigar las acusaciones y ofreció una disculpa, aunque aún no se cuenta con la versión del alcalde.

El caso será expuesto ante organizaciones de defensa de la libertad de expresión y de derechos humanos con el fin de dar un seguimiento legal.

“Ellos tienen que utilizar todas las formas posibles para allegarse de datos que puedan conducir a la identificación de los autores materiales o intelectuales de los casos de periodistas, que están incluidos ahí en la recompensa, pero me parece bastante pobre que una fiscalía, que se supone que tiene hasta recursos científicos para investigar crímenes, tenga que recurrir a métodos tan arcaicos, como en el viejo oeste, de ofrecer recompensas”, dijo al tiempo de considerar  que la fiscalía debe tener más cuidado cuando va a acudir a este tipo de método.

Sobre el caso de Javier Valdez, periodista fundador de Río Doce, dijo que está a la espera de resultados: «Entre más tiempo pase, acuérdense que justicia diferida no es justicia…, yo vería menos posibilidades de que el crimen se aclarara”.

“Nada, resultados nada. Nosotros hemos estado en comunicación permanente con las fiscalías, con las dos; lo que hemos dicho es que las investigaciones las está llevando a cabo la fiscalía federal, la Feadle, y el titular Ricardo Sánchez Pérez del Pozo está de manera casi permanente aquí conduciendo las pesquisas; hemos estado en pláticas con ellos…, ellos dicen que hay avances, de hecho se lo acaban de declarar a un noticiero nacional, pero a nosotros no nos han presentado absolutamente nada”, comentó.

El sentido editorial sostiene que Valdez fue asesinado por su trabajo periodístico: «Nos han arrancado un brazo. O los dos. Javier fue parte fundamental de Ríodoce».

LEE EL EDITORIAL

Ha sido un golpe demoledor. Pero no solo para nosotros. Un grupo de gatilleros asesinó a Javier Arturo Valdez Cárdenas, nuestro compañero. Lo esperaron a que saliera de la oficina de Ríodoce, donde estuvo trabajando por la mañana. Lo mataron con saña. Los asesinos simularon el robo de su vehículo, pero le dispararon en 12 ocasiones con dos armas distintas. No tenemos ninguna duda: quien ordenó el crimen pidió a los sicarios que se aseguraran del objetivo.

Es un golpe demoledor para nosotros, para su familia, pero también para el periodismo, el sinaloense, el mexicano, sobre todo ese que investiga, escribe y publica en libertad.

Siempre, desde que decidimos brindar cobertura al tema del narcotráfico, supimos que esto podía ocurrir; lo sabía Javier, lo sabíamos todos en Ríodoce. Y hemos reporteado con miedo todos estos años, seguros, como lo dijo él muchas veces, de que cuando alguien toma la decisión de matar a alguien, mata.

Cohabitamos con la muerte, decía. Copulamos con ella, se ríe de nosotros, nos besa, se burla. Pero seguimos todos estos años —14 desde la fundación de Ríodoce— haciendo lo que un buen periodista y un buen periódico tiene que hacer en un estado como Sinaloa, en un país como México.

Nos han arrancado un brazo. O los dos. Javier fue parte fundamental de Ríodoce desde que el semanario era apenas una quimera concebida por un grupo de periodistas que creíamos y creemos en la libertad, en la independencia, en la honradez, en la crítica; que vemos en el periodismo un compromiso con la sociedad, cada vez más desvalida en medio de gobiernos cada día más corruptos y cínicos, criminales desde el Estado.

En estas convicciones estribaba nuestra terquedad de seguir adelante a pesar de las acechanzas cotidianas, en medio de tantos crímenes, de las guerras sangrientas del narco y de las que los periodistas somos, casi siempre, víctimas del fuego cruzado.

No podemos dejar de cubrir temas del narcotráfico, decíamos; menos ahora que el fenómeno es más amplio y profundo. Nacimos para la información, no para el silencio, sosteníamos, y nos debíamos congruencia. El problema es cómo hacerlo. Por eso tratamos de tener siempre cuidado de no cruzar esas líneas tan delgadas cuya transgresión puede significar la muerte.

No tenemos ninguna duda: el origen del crimen de Javier Valdés está en su trabajo periodístico relacionado con los temas del narcotráfico. No sabemos de qué parte, de qué familia, de que organización provino la orden. Pero fueron ellos.

Esperaríamos del gobierno estatal y del federal que se abocaran a investigar y castigar este crimen. Pero, sabiendo el destino de la mayoría de los casos, sin muchas esperanzas de que hagan justicia.

Qué pena por nuestra sociedad; qué dolor de país.

A través de las redes sociales, los integrantes del gremio se han organizado y convocan a manifestarse para exigirle a las autoridades que esclarezca el asesinato y detenga la violencia que se encuentra en sus puntos más altos en Sinaloa.

En Culiacán, los periodistas han convocado a una protesta a las 09:30 horas de la mañana en las escalinatas de la Catedral, mientras que en los Mochis la protesta está programada a las 08:30 horas en el monumento a la Libertad de Expresión.

Los periodistas de Mazatlán también se sumarán a la manifestación con una protesta a las 09:30 horas en el Monumento al Pescador.

El pasado 30 de marzo, Javier Valdez participó en una manifestación por el asesinato de la periodista Miroslava Breach en Chihuahua.

INVESTIGACIÓN

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigieron que se investigue de manera exhaustiva el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas.

“Exigimos a las autoridades competentes para que realicen las investigaciones correspondientes de manera exhaustiva, que conduzcan al esclarecimiento de esos hechos y se castigue con todo el rigor de la Ley a quien o quienes resulten responsables, evitando que este artero crimen quede impune”, indicó la CEDH en un comunicad