Durante las protestas por el aumento de precio en la gasolina en México, 12 periodistas de diferentes medios resultaron heridos mientras realizaban sus labores de cobertura en la playas de Rosarito, Baja California.

El 6 y el 7 de enero , ciudadanos bloquearon una planta de Pemex en ese municipio, como protesta por el alza de hasta 20% en el precio de las gasolinas. La prensa tuvo graves problemas para la cobertura.

Se reportaron agresión física, actos de intimidación, bloqueo a la información, destrucción del equipo de trabajo e intento de detención arbitraria en contra de estos colegas:

*Luis Alonso Pérez, reportero de Animal Político

*Laura Sánchez Ley, reportera de El Universal

*Yolanda Caballero, reportera de El Sol de Tijuana

*Jesús Bustamante, fotoreportero de Frontera

*Hans Maximo Musielik, documentalista y fotógrafo freelance

*Alberto Alfonso López Elenes, reportero de Uniradio Informa y corresponsal de UNO TV

*Daniel Angel Rubio, reportero de Síntesis Televisión y El Sol de Tijuana

*Manuel Ayala, reportero de la Agencia Fronteriza de Noticias

*Julieta Martinez, de La Jornada Baja California

*Jordi Lebrija, periodista freelance para Associated Press y videoperiodista de Telemundo

*Joeveth Terriquez, fotografo de Agencia Fronteriza

*Roberto Cordova, fotoperiodista freelance

Según Artículo 19, las agresiones se dieron por parte de miembros de la Policía Federal, la Policía Estatal de Baja California, la Unidad de Reacción Inmediata de Ensenada (U.R.I.) –perteneciente a la Policía Municipal de Ensenada–, la Policía Municipal de Tijuana y Policía Ministerial de Baja California, infomó el portal animalpolítico.

El diario mexicano El Universal informó este sábado que su reportera Laura Sánchez Ley fue golpeada por la Gendarmería, una división de la Policía Federal de México, mientras cubría el desalojo de una manifestación en la planta de la petrolera Pemex, ubicada en la ciudad de Tijuana.

La periodista intentaba grabar a un detenido que la policía sometía en el piso, mientras que dos agentes mujeres la golpearon en el pecho y en la cabeza con el puño cerrado, y la agredieron verbalmente, detalló el medio local.

El esposo de Laura Sánchez, periodista y colaborador de Animal Político y Univisión, fue sometido y los agentes lo golpearon cuando estaba tirado en el piso.

Jesús Bustamante, fotoperiodista del diario Frontera,  también fue golpeado por los uniformados.

Los periodistas acudieron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) para presentar una denuncia penal por la agresión en su contra.

https://www.youtube.com/watch?v=5MM5EmnNlBU

La redacción que encabeza en Tijuana ha perdido a cuatro miembros. Y no se detiene.  Reconocida por la International Women’s Media Foundations con el Premio al Valor Periodístico 2011 y una serie de galardones, Navarro llegó a #Colpin2014 a contar su experiencia en un México bajo fuego.

En entrevista con Clases de Periodismo, plantea recomendaciones para el ejercicio del periodismo en circunstancias de autocensura y temor, y reafirma su compromiso por la libertad de expresión.

Los periodistas de una revista de Tijuana, México, vienen trabajando desde sus casas por medidas de seguridad. ¿La razón?  han recibido amenazas de muerte en la zona de comentarios de su sitio web.

Marco Tulio Castro, director de la revista Diez4, presentó la denuncia ante las autoridades de Baja California por las amenazas de muerte que ha recibido el equipo de periodistas en decenas de mensajes firmados por ‘El Tío Juan’.

Comentarios como «Y luego por que amanecen en bolsas cuartizados (sic) ” y “tu vazzz a llegar en pedacitos…salva a tu familia y todo por tus …reportajes (sic)” han alarmado al equipo de redacción.

“Sospechamos que fue por dos reportajes publicados el año pasado y reciente. Uno sobre un personaje delictivo que participó en un narcotúnel de Tijuana, que se fugó de un penal de Tamaulipas, y a la fecha se encuentra prófugo, y otro reportaje sobre los centros de llamadas (call centers), que emplean deportados y ex convictos de California”, dijo el periodista.

La revista precisó que no tiene razones para bajar el tono de las denuncias o reportajes. Sin embargo, como medida de seguridad se decidió que el personal no acuda a la redacción, por lo que los reporteros y editores se comunican  a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas.

Reproducimos la columna de la directora de la revista Zeta a continuación:

AMENAZA DEL NARCOTRÁFICO

“Ya los andan correteando. Los traen cortitos”, señaló la voz al otro lado del teléfono.

Inmediatamente sentenció: “Quieren darles un chingadazo”.

No de manera directa, pero sí en forma de aviso, llegó la amenaza.

A los que anuncian traer “cortitos” son a los editores de ZETA. Refieren con esa palabra, que los han seguido. Los han ubicado.

A la pregunta de quién es el hostigador, el anónimo interlocutor dijo sin preámbulo ni regateo: “El Melvin”. Se refirió así Melvin Gutiérrez Quiroz, un hombre extraído de los fondos del Barrio Logan en San Diego, California por miembros del cártel Arellano Félix.

Integrante del brazo armado del CAF desde inicios de la década de los noventa, Gutiérrez Quiroz sirvió a Ramón Arellano Félix, a Francisco Javier Arellano Félix, y cuando el primero fue asesinado y el segundo aprehendido en 2002 y 2006 respectivamente, se quedó en el organigrama de la mafia comandada por Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”.

Identificado ahora como cabeza de una célula criminal en Baja California, Melvin Gutiérrez Quiroz fue identificado por la DEA en 2009 en el afiche de búsqueda de miembros de la organización criminal Arellano Félix. Aún sin una recompensa por información que lleve a su captura, los norteamericanos habilitaron números especiales (01-800-720-7775 y 001858-277-4215) y un correo electrónico (afotips@usdoj.gov ), para recibir datos que puedan ayudar a la detención de ese y otros delincuentes.

Autoridades mexicanas confirmaron que Gutiérrez Quiroz pertenece todavía al CAF que comanda Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”.

La amenaza a ZETA, proviene de esa estructura criminal.

Desafortunadamente no es la primera ocasión que un anónimo interlocutor informa de intimidaciones a personal de este semanario. En el pasado inmediato fuimos alertados de las malas intenciones de otra célula perteneciente al mismo cártel. Hoy aquellos que planearon atentar contra nosotros, están tras las rejas. Detenidos unos por elementos del Ejército Mexicano, por la Policía Municipal otros.

En México el ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, se lleva a cabo aún contra las presiones de los integrantes del narcotráfico y el crimen organizados, personas todas que gozan de la impunidad que sólo el estado mexicano puede proveer. No están en prisión porque compran protección, pagan aparatos judiciales, corrompen corporaciones policíacas y gozan de cortesías oficiales.

Durante los últimos seis años en nuestro país, los cárteles de la droga se han triplicado. De 12 organizaciones criminales en 2006 hoy se cuentan 28. El poderío del cártel de Sinaloa es reconocido por autoridades y medios de los Estados Unidos, y la violencia cruenta del cártel de Los Zetas es motivo de estudios en la República y allende las fronteras mexicanas. Las autoridades federales –el gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa– encargadas de facto del combate al narcotráfico y el crimen organizado, han fallado en su estrategia de guerra. La prueba son los más de 60 mil ejecutados hasta noviembre de 2011, los cientos de secuestrados. Los 69 periodistas asesinados. Los doce comunicadores aún desaparecidos.

Melvin Gutiérrez Quiroz, el que tiene la intención de acabar con el periodismo de investigación de ZETA a partir de un crimen. Es uno de esos prófugos de la justicia sin orden de aprehensión. Al menos en México no cuenta con una.

Sirvió entrando al CAF en la célula de Gustavo Rivera “El P1”, quien a su vez se inició como escolta de Enedina Arellano Félix. Otra integrante del cártel que no interesa a las autoridades mexicanas ni a las estadounidenses.

A la detención de “El P1”, Melvin Gutiérrez Quiroz, alias “El Melvin”, “El Camacho” y “El Marino”, entre otros, permaneció cerca de la mafia Arellano. Recientemente, ante la llegada de elementos del cártel de Sinaloa a Tijuana, refrendó su posición como uno de los hombres fuertes de “El Ingeniero”.

En ZETA hemos dado cuenta, a partir de investigaciones especiales por un calificado equipo de reporteros y editores, de las actividades ilícitas de los narcotraficantes asentados a fuerza de corrupción y amenaza en territorio bajacaliforniano. “El Melvin” no ha sido la excepción. Lo ubicaron oficialmente en la reestructuración del cártel Arellano Félix, y la reorganización de los hombres del Barrio Logan en tierra mexicana.

Desde esa posición ha trasegado droga, encabezado a distribuidores y narcomenudistas. Arropado a asesinos y homicidas. Es parte de una de las estructuras que pelean calles y avenidas de Tijuana. Que contribuyen a la muerte y la perdición de las drogas. Así se ha informado, sustentados en expedientes, informes de inteligencia, fotografías y documentos que en el Consejo de Seguridad del Estado son parte de una investigación.

La fotografía de Melvin Gutiérrez Quiroz la hizo pública la DEA. Las autoridades mexicanas la replicaron para su publicación y distribución. También la de su hermano Benjamín Gutiérrez Quiroz, que le entró al negocio de la droga como quien se dedica a mantener el patrimonio familiar.

Es evidente –por la amenaza– que el periodismo de ZETA es incómodo a los del Barrio Logan. Lo mismo el trabajo de las autoridades que en San Diego y Tijuana, les persiguen.

Nosotros, como en el pasado, ante la impunidad nos queda la publicación. El ejercicio de nuestra libertad de expresión y el derecho del lector a estar informados, es lo que nos sostiene.

A las autoridades corresponde investigar, capturar, procesar y sentenciar a los criminales, a los prófugos de la justicia, acabar con la impunidad. Nuestro compromiso es informar. Y esto, es lo que sucede.

Los periodistas del combativo semanario Zeta de Tijuana, México, denunciaron que el 22 de febrero un grupo de editores recibió amenazas telefónicas» provenientes de sujetos que se identificaron como parte de un grupo criminal».

El equipo del semanario Zeta, indican en un comunicado suscrito por organizaciones periodísticas, «ha sido objeto de diversos ataques y amenazas a lo largo de sus más de treinta años de trayectoria, que han llegado, incluso, a cobrar la vida de tres de sus colaboradores. A ello se suma el atentado sufrido por su fundador. Estos lamentables hechos han estado marcados y promovidos por la impunidad; el Estado debe poner fin a este perverso ciclo».

Los medios firmantes del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia demandaron garantías para el ejercicio periodístico del Semanario Zeta.

«No admitimos la imposición del silencio como mecanismo de supervivencia. En el contexto de nuestro país, investigaciones periodísticas como las que el Semanario Zeta realiza son imprescindibles», indicaron.