En la carta dirigida al presidente de la república y a diversas autoridades señalan:

Les saludamos desde IFEX-ALC, una red compuesta por 24 organizaciones en América Latina y el Caribe que a su vez hace parte de IFEX^[2], una red global que defiende y promueve la libertad de expresión e información; junto con las organizaciones miembro de IFEX, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) Reporteros sin Fronteras (RSF).

Las organizaciones que suscribimos esta carta pública observamos con suma preocupación la reciente escalada del uso de la fuerza contra la prensa y contra quienes ejercen su derecho a protestar, así como las limitaciones a la libre circulación de información en Colombia.

Los más de 70 ataques registrados entre el 28 de abril y el 4 de mayo contra la prensa que realiza el cubrimiento de las protestas son alarmantes y revelan una violencia sin precedentes. Vemos con gran preocupación que dichos ataques tienen como objetivo censurar, generar miedo e intimidar lo cual implica, además, una vulneración del derecho a la libertad de expresión en su dimensión colectiva, al impedir que la población reciba información vital sobre sucesos que afectan sus vidas y al país en general develada por periodistas que ejercen su derecho a reportar.

En este periodo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Reporteros sin Fronteras (RSF) han documentado por lo menos 75 ataques y 85 víctimas. 30 agresiones físicas, 8 robos y eliminaciones de material, 9 obstrucciones, 5 detenciones ilegales, 8 acciones arbitrarias en redes sociales, 3 daños a infraestructura, 3 casos de negación al acceso a la información, 3 amenazas, 3 hostigamientos, 2 estigmatización y 1 exclusión. Aún están en proceso de documentación otros 14 casos, de los cuales se advierten al menos 7 agresiones, 1 amenaza, 2 detenciones ilegales, 2 obstrucción, 1 acción arbitraria en redes y 1 exclusión. Además, se han documentado 45 ataques provocados por la Policía Nacional, entre ellos, miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

En situaciones de crisis es imperativo garantizar el trabajo de los medios de comunicación para propiciar la más amplia y plural cobertura de los hechos. Tal y como lo han señalado los relatores especiales para la libertad de expresión de la OEA y la ONU “en el contexto de manifestaciones y situaciones de alta conflictividad social, el trabajo de periodistas y comunicadores, y el libre flujo de información a través de medios alternativos como las redes sociales, es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado y de la Fuerza Pública ante las manifestaciones, previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad.”

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que, “El papel de los periodistas, los defensores de los derechos humanos, los observadores electorales y otras personas que participen en la vigilancia de las reuniones o la presentación de información al respecto reviste especial importancia para el pleno disfrute del derecho de reunión pacífica”.

El Estado colombiano tiene el deber de garantizar que periodistas y comunicadores no vean limitados sus derechos de forma alguna, como consecuencia del ejercicio de su profesión. Aunado a ello, las autoridades deben enviar un mensaje claro y contundente sobre la importancia del rol de los medios de comunicación, periodistas y comunicadores en el contexto de las protestas que están teniendo lugar.

Además de las violaciones, agresiones e intimidación directamente a periodistas, observamos con alarma otros tipos de ataques a la libertad de expresión y al libre flujo de información mediante la intimidación y estigmatización por parte de funcionarios públicos contra personas que utilizan las redes sociales y sus cuentas personales para informar sobre los sucesos actuales, el uso de la fuerza excesiva por parte de agentes policiales, y la restricción del libre acceso a datos oficiales.

En ese contexto, expresamos nuestra profunda preocupación por las denuncias del uso excesivo de la fuerza contra quienes, en su mayoría de forma pacífica, han tomado las calles para expresar su descontento. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil 26 personas han muerto como consecuencia de la represión policial. La Defensoría del Pueblo por su parte ha anunciado que se encuentra investigado 19 muertes ocurridas durante las protestas.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que “Los agentes del orden deberían tratar de reducir la tensión de las situaciones que podrían dar lugar a violencia. Tienen la obligación de agotar los medios no violentos y advertir previamente si es absolutamente necesario utilizar la fuerza, a menos que ello sea manifiestamente ineficaz. Todo uso de la fuerza debe ajustarse a los principios fundamentales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación”.

El uso de la fuerza por parte de los Estados está limitado por el respeto a los derechos humanos, particularmente por los principios de «legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad».

La CIDH, en el pasado ha llamado la atención de las autoridades colombianas con relación al uso excesivo de la fuerza señalando que, “la actuación de la policía en el mantenimiento del orden público debe basarse estrictamente en los estándares internacionales de derechos humanos que rigen el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Además, la CIDH le recuerda al Estado su deber de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la libertad de manifestación.

Pero, la prensa no ha sido la única afectada en su derecho a la libertad de expresión. La gran disrupción provocada por internet es la de ser un canal de doble vía, donde las personas por sí mismas no solo son audiencia, también son generadoras de información. Considerando, como lo ha dicho la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, que la protesta es particularmente relevante “para dar mayor resonancia a las voces de las personas marginadas o que presentan un mensaje alternativo a los intereses políticos y económicos establecidos”, las redes sociales que son el instrumento que les da voz, deben ser protegidas de la interferencia estatal. Esto incluye que las autoridades deben abstenerse de estigmatizar a quienes protestan y usan las redes con este fin.

Durante las protestas de los últimos días hemos visto a una ciudadanía que usa las redes sociales para manifestar sus inquietudes y mostrar sus actividades, también para denunciar los abusos y violencia policial. La prensa no llega o no está en todos los lugares en los que la protesta sucede, mucha de la cobertura la hacen medios independientes, colectivos o las propias personas desde sus celulares, quienes además de sufrir la violencia y los problemas descritos, son también estigmatizadas. Cuando el comandante general de las Fuerzas Militares indica que se manipulan imágenes y audios, se usan irresponsablemente las redes sociales y se desinforma^[14], está estigmatizando la documentación y la protesta social y a sus protagonistas, en una actitud que no le corresponde, afecta y obstaculiza la libre circulación de información, tan necesaria en el actual contexto en que éstas sirven para permitir a las personas protestar debido al temor a la pandemia y además para denunciar los abusos de la fuerza pública en contra de las personas que ejercen el derecho a la protesta.

Observamos también con preocupación las denuncias de amenazas en contra de personas cuyas transmisiones en vivo, desde sus cuentas personales en redes sociales, se han hecho virales. Estas amenazas tienen un claro efecto inhibitorio en la población.

En este contexto, hay que recordar que tal y como lo han señalado los relatores especial para la libertad de expresión de la CIDH, ONU, OCSE y CADHP, «la interrupción del acceso a internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público (cancelación de internet) no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional«. Así mismo, el filtrado de contenidos de internet cuyo control no está en el usuario final constituye censura previa, la cual está prohibida por la Constitución Política. En fin, el derecho a la libertad de expresión protege la difusión de información que contiene críticas hacia los gobiernos o sistemas políticos.

Los medios de comunicación y periodistas han tenido dificultades para acceder a los datos, por ejemplo, sobre números de personas fallecidas, agredidas o detenidas durante las manifestaciones. El Estado debe garantizar el flujo de información, para ello debe asegurar que la prensa regional tenga acceso a información local, que no se centralice la divulgación de información en entidades nacionales. De lo contrario, se profundiza el abismo del silencio que desata la violencia.

El Estado no debe recriminar el tipo de información que se divulga, todo tipo de fuentes de información son legítimas. No se debe reducir el quehacer periodístico a la réplica de información oficial, nada sería más antidemocrático. El Estado debe alentar la pluralidad informativa, para ello debe impartir la información sin discriminación a los periodistas y los medios.

Por lo descrito anteriormente, las organizaciones que suscribimos esta carta, solicitamos:

• Al señor Presidente, al señor Ministro de Defensa y al Director General de la Policía Nacional a rechazar de forma clara y pública las violaciones cometidas contra la prensa en el contexto de las protestas que tienen lugar en el país y enviar un mensaje de cero tolerancia a los agentes estatales involucrados en dichas violaciones. Igualmente, las investigaciones disciplinarias contra quienes han estado involucrados en dichas violaciones deberán realizarse con celeridad, apegadas a los estándares internacionales en la materia para sancionar a los responsables.
• Al señor Presidente, al señor Ministro de Defensa y al Director General de la Policía a investigar y esclarecer los hechos de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y adelantar las investigaciones correspondientes para sancionar a los responsables. Debe ordenarse el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
• Al señor Presidente y al señor Ministro de Defensa y demás autoridades competentes, garantizar la libre circulación de información, incluyendo la que circula en internet y abstenerse de realizar cualquier acción que implique la interrupción del acceso a internet o el filtrado de contenidos. Debe abstenerse de estigmatizar a quienes protestan o la información que entregan incluyendo indicar que desinforman. En ese mismo sentido debe garantizarse el acceso a la información pública y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en cabeza de las entidades estatales, sin ningún tipo de discriminación.
• A la Procuradora General de la Nación que promueva la transparencia en la función pública, el acceso y la publicidad de la información de las entidades del Estado, por todos los medios. De igual manera, que promueva los procesos disciplinarios correspondientes en los casos de faltas o mala conducta derivada de las negativas al acceso a la información.
• A la Procuradora General de la Nación, que ejerza el poder preferente sobre todas las investigaciones disciplinarias relacionadas a las agresiones contra la prensa por ser población especialmente protegida.

Las búsquedas sobre vacunas alcanzaron un nivel récord en Colombia y una de las zonas del país donde más se concentra la atención es el departamento de Amazonas.

La herramienta permitirá conocer y explorar datos detallados sobre los principales términos de búsqueda en el buscador de Google, así como las preguntas que más se están formulando los colombianos acerca del tema. Contará con análisis comparativos sobre cómo se mueve el interés de búsqueda, con herramientas prácticas de visualización.

En este espacio, se podrá ver en tiempo real la evolución del interés de los colombianos en torno a este importante suceso, que marca un hito en el manejo de la pandemia en el país. Una de las características de las gráficas que arroja es que se pueden embeber e insertar fácilmente en los sitios web de los medios, si así lo desean.

Es una colaboración que se realiza especialmente para el país desde el Google News Lab, que a partir de la fecha estará produciendo reportes en exclusiva según los intereses y las solicitudes que presenten los medios de comunicación colombianos para complementar sus informes periodísticos.

La habilitación de esta nueva herramienta para los colombianos es un piloto en Latinoamérica. Colombia es el segundo país donde se implementa, después de Brasil. El proyecto se enmarca en la Google News Initiative, que agrupa los programas e iniciativas de Google para trabajar de la mano con los medios de comunicación y hacer la información del mundo más útil y accesible a todos.

Puedes ingresar aquí

El País de Cali, Colombia, que está próximo a cumplir los 70 años, se convirtió en el primer periódico en la historia de ese país que para subsistir se acogió a la LEY DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL. Los problemas económicos no son de hoy, pero al parecer todo se agravó con la pandemia.

Por solicitud de la compañía, El País fue admitido en reorganización empresarial, proceso de insolvencia contemplado en la Ley 1116 de 2006.

Como promotor de la sociedad fue designado Gustavo Adolfo Delgadillo, representante legal de la compañía, quien será el encargado de desarrollar el proceso de reorganización.

La reorganización empresarial busca preservar las empresas, evitar su quiebra y hacerlas viables por medio de la normalización de sus relaciones comerciales y de crédito.

El periódico «se encuentra en incapacidad de pago inminente, debido principalmente a la caída en las ventas de los últimos años, ocasionada por la disminución de los ingresos de la publicidad impresa». Añade el documento sobre la medida que «la situación del mercado mundial ha afectado en forma grave el cumplimiento de sus obligaciones».

En las causas de la insolvencia se dice también que «la industria de periódicos ha venido, desde hace más de 10 años, enfrentando un proceso de transformación y cambio en su modelo de negocio. La era digital ha traído consigo grandes retos para la supervivencia de los medios, principalmente los medios impresos». 

A eso se suma que «el sector financiero considera la industria de periódicos como un sector de alto riesgo, por lo cual a la empresa no le han sido otorgados nuevos cupos de crédito de ninguna índole. Esta situación aquí expuesta hace evidente la crítica situación de recursos de caja disponibles en la Compañía, la cual ha obligado a financiar las operaciones con proveedores, corriendo el riesgo de afectar las compras y el abastecimiento de materia prima, principalmente la importación de papel periódico».

En el documento se agrega que «las tendencias del mercado y de la industria señalan que la caída en las ventas continuará en los próximos años lo que obliga a redimensionar la compañía para lograr su sostenibilidad en el corto y mediano plazo».

Como parte de las estrategias del periódico para salir a flote están avanzar en el «desarrollo y crecimiento del modelo de negocio digital asegurando su posición competitiva en el entorno regional y nacional, maximizando la monetización de sus audiencias digitales».

En esa línea, poner en marcha nuevos proyectos digitales que complementen el negocio digital actual y generen nuevos ingresos para la compañía es parte de la reorganización integral.

El País cuenta con 2.200 suscriptores que pagan por el contenido digital del periódico, espacio en el que, por el contrario, la publicidad sí ha visto un repunte, de 22 % exactamente.

Así lo contó María Elvira Domínguez, directora de El País, en diálogo con Blu Radio, en el que agregó que la difícil situación financiera la vienen observando desde 2018.

Domínguez aseguró que por el momento no está en los planes de la compañía eliminar la edición impresa del periódico.

En El País trabajan 430 personas. 

¿EL PAÍS SALDRÁ FORTALECIDO?

La directora y gerente general de El País, María Elvira Domínguez, explicó que “esta empresa, como la mayoría de medios de comunicación escritos de Colombia y el mundo, durante los últimos años ha debido afrontar una serie de cambios, derivados de la irrupción de las nuevas tecnologías en el sector de las comunicaciones, que han distorsionado la relación con los anunciantes y por ende han afectado los ingresos de la compañía”.

Y añadió: “decidimos acogernos a la Ley de Reorganización Empresarial con el fin de poder adaptarnos mejor a estas nuevas circunstancias y de garantizar hacia el futuro la permanencia de esta empresa, que este año cumple 70 años”.

“Estamos seguros de que con esta y otras medidas que estamos tomando y con el apoyo decidido de nuestros colaboradores, anunciantes y lectores, El País saldrá fortalecido de este proceso”, añadió María Elvira Domínguez.

Próximo a cumplir los 70 años de existencia, El País mantiene su liderazgo entre los medios de comunicación regionales y hoy suma 400.000 lectores diarios en su dos productos impresos, El País y el diario popular Q Hubo Cali y 4.500.000 usuarios únicos mensuales en sus portales digitales.

Atendiendo las preguntas de sus lectores resaltamos estas respuestas:

–¿Volver a SEMANA significa que renuncia a discrepar de las decisiones editoriales de la revista?

Al contrario. Vuelvo porque SEMANA garantiza que seguiré escribiendo con total independencia. Esa independencia incluye la posibilidad –presente y futura– de manifestar mi desacuerdo con la propia revista y de atenerme a las consecuencias de hacerlo. Reitero, letra por letra, la columna ‘La explicación pendiente’. Los hechos demuestran la validez de las preguntas planteadas en esa columna.

–¿Está satisfecho con las explicaciones ofrecidas por la revista en el editorial ‘Lecciones aprendidas’?

Esas explicaciones solo vinieron a conocerse después de mi despido. Valoro mucho que el director Alejandro Santos haya hecho el humilde y complicado ejercicio de evaluar sus decisiones en el caso de la no publicación de las órdenes del Ejército que pueden conducir a la reaparición de los falsos positivos. Aprecio también que SEMANA reconociera al menos tres errores. El editorial contesta una parte importante de mis preguntas. Confío en que la otra parte será respondida por el trabajo periodístico de la revista que seguirá investigando el tema.

–¿Puede un columnista discrepar públicamente del medio para el que trabaja?

–¿Es posible reconciliarse con un medio que lo despidió?

Siempre es posible reconciliarse. Aunque me dolió mucho la manera como esto sucedió pienso que SEMANA sigue siendo el mejor lugar –en Colombia– para publicar esta columna. Con este episodio redescubrimos que las cosas que nos unen son muchas más que las que nos separan. Entiendo perfectamente que no era fácil para la revista reversar su decisión y creo que ellos entienden que para mí aceptar, después de lo que pasó, tampoco era sencillo. Sin embargo el periodismo debe estar por encima del orgullo. SEMANA ha sido un medio ejemplar en el combate contra la corrupción y la denuncia de los abusos del poder. Todos queremos más y mejor periodismo.

Pienso también que todos los ejemplos de reconciliación son importantes para Colombia.

Revisa la columna completa aquí

Veamos estos enlaces para profundizar en el caso.

➤ El editorial de Semana. 

➤ Entrevista a Felipe López, fundador y accionista de Semana Felipe López.

➤ Daniel Coronell le responde a Felipe López.

➤ Daniel Samper Ospina lee su columna «Mi solidaridad con Coronell».

➤ Vicky Dávila lee su columna «Lecciones de Coronell».

➤  María Jimena Duzán lee su columna «La hora de Semana»

➤ La última columna de Coronell en Semana.

➤ El reportaje que NYT publicó y Semana no.

➤ The New York Times y los falsos positivos: ¿A quién le sirve la prensa? | Hagamos Memoria I VIDEO 

➤ Comunicado de la Fundación para La Libertad de Prensa de Colombia sobre Daniel Coronell.

➤ Daniel Coronell sobre la revista Semana. 

Morelo es descrita por el jurado como «una periodista capaz de moverse a la velocidad que exige el presente, sin faltar a los valores de una profesión anclada en el pasado”. 

“Si alguien en Colombia ha sabido caminar al filo de los cambios que el periodismo ha vivido en las últimas décadas, es Ginna Morelo, quien pasó de la tradicional sala de redacción de un diario en su natal Montería a impulsar trabajos periodísticos de corte investigativo en escenarios donde los límites apenas se están dibujando”, destacó el jurado en su acta.

Rafael Quintero, con quien trabajó codo a codo cuatro años. declaró para El Tiempo: “Obsesionada por recorrer el país en busca de historias, Ginna jamás se ha detenido en su afán por buscar las voces de la Colombia profunda, las que no suelen ser escuchadas en los medios. Junto a ella recorrimos territorios como Tumaco, Buenaventura, Inírida y la frontera entre nuestro país y Ecuador siempre con los oídos abiertos y los sentidos puestos en cada detalle para luego narrar historias donde los derechos de los más vulnerables marcaban la línea editorial”.

Morelo compartió el honor de los dos grandes reconocimientos que otorga este certamen con su colega Alberto Donadío Copello, quien fue reconocido con el «Gran premio vida y obra de un periodista».

Ginna Morelo encabezó el equipo que ganó el premio Gabriel García Márquez en la categoría Cobertura por el trabajo Venezuela en fuga.

Para ver la lista completa de los ganadores del premio Simón Bolívar por categorías, clic aquí.