“Anoche se le exigió a América TV interrumpir su transmisión y se secuestró a un equipo periodístico, y se obligó a leer en vivo un manifiesto que pretendía desvirtuar una denuncia por corrupción”, señaló Federico Salazar, encargado del pronunciamiento.

“Este hecho claramente fue un hecho de extorsión que no debe repetirse (…) la extorsión a un medio es un delito que nos afecta a todos, violenta nuestros derechos y no debe ser aceptado ni normalizado”, agregó.

Salazar advirtió que esto es solo una muestra de la vulnerabilidad a la que están expuestos todos los peruanos. ”Esto nos impulsa a continuar investigando este caso y no callaremos ante cualquier acto que atente contra los intereses del país, sin importar quién o quiénes estén involucrados”, acotó.

La tarde del miércoles 6 de julio un equipo del programa Cuarto Poder integrado por el reportero Eduardo Quispe, el camarógrafo Elmer Valdiviezo y un conductor de la zona, fue secuestrado por integrantes de las rondas campesinas del distrito de Chadín, provincia de Chota, en la región Cajamarca.

Los ronderos les quitaron la cámara y los celulares, y los obligaron a pedir disculpas en televisión nacional por el reportaje sobre la hermana de la Primera Dama emitido en Cuarto Poder el último domingo. “Si eso no ocurría, les advirtieron que sus vidas estaban en riesgo”, informó América TV.

LA SIP CONDENA SECUESTRO Y EXTORSIÓN

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el secuestro y extorsión sufrido en Cajamarca, departamento del noroeste de Perú, por el equipo de periodistas.

En un comunicado, la organización hemisférica pidió a las autoridades locales que investiguen los hechos y se lleve ante la Justicia a los responsables para evitar que actos como estos se repitan.

Los secuestradores obligaron a Quispe, del programa dominical Cuarto Poder, a leer en vivo un comunicado como condición para ser liberado.

El equipo de América TV había viajado a la comunidad de Chadín, en el departamento de Cajamarca, para recabar información sobre un caso que involucra a Jenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo.

Los miembros de las organizaciones rurales denunciaban una supuesta imputación falsa contra Paredes.

El comunicado de la SIP indica que el equipo de América TV fue liberado la noche del miércoles después de la transmisión, aunque les retuvieron la cámara y los teléfonos celulares

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de esa organización, Carlos Jornet, repudiaron esos actos contra los periodistas por parte de grupos que “quieren hacer justicia por manos propias”.

“La naturaleza de esta acción de los ronderos no solo es un atentado contra los periodistas y el medio de comunicación, sino una agresión contra todas las instituciones públicas del país”, señalaron en el comunicado.

Canahuati, director ejecutivo del Grupo Opsa, de Honduras, y Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, instaron a las autoridades a “investigar, señalar y juzgar a los autores del secuestro y la extorsión, para evitar que se repitan estos hechos que atentan contra la libertad de prensa y la seguridad física de los periodistas”.

La SIP establece en sus declaraciones de Chapultepec y Salta un concepto que también se encuentra en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se identifica en este caso.

El artículo 9 de esta última establece que el secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, violan los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión.

El comunicado de la SIP se suma a la condena del pasado martes por un ataque que sufrió la periodista mexicana Susana Mendoza Carreño, apuñalada la pasada semana en Puerto Vallarta (Guadalajara, México), lo que provocó una petición para que se investigue el caso.

Se pronunció así luego de conocer la condena a dos años de prisión contra el periodista Christopher Acosta y el editor Jerónimo Pimentel por presunta «difamación agravada» en el libro «Plata como cancha», un perfil del empresario y político César Acuña.

La organización solicitó además al Congreso peruano que legisle «con urgencia» para descriminalizar los delitos contra el honor.

Las asociaciones de prensa y gremios periodísticos de Perú expresaron hoy también su rotundo rechazo a la condena por difamación dictada contra Acosta y Pimentel

El caso tiene su origen en una demanda presentada por Acuña, excandidato presidencial y empresario, por supuesta difamación agravada, tras la publicación en febrero de 2021 del citado libro, escrito por Acosta y publicado por la editorial Penguin Random House, que dirige Pimentel.

Este lunes, el juez Jesús Vega sentenció a Acosta y a Pimentel a dos años de prisión en suspenso y a pagar el equivalente a unos 100.000 dólares en reparación civil.

Según el juez Vega, «las frases agraviantes en el libro» traspasaron los límites del derecho a la libertad de expresión y atentaron contra el honor del político, líder del partido Alianza para el Progreso.

«(Esta sentencia) confirma nuestras denuncias sobre cómo en Perú y en otros países, como Panamá y Brasil, existe una epidemia de demandas que utilizan los funcionarios para amordazar a periodistas y medios para evitar la crítica y que salgan a la luz casos de corrupción y otros temas de interés público», dijo en un comunicado el presidente de la SIP, Jorge Canahuati.

LA EDITORIAL CONDENÓ EL HECHO

El ataque contra periodistas con mayor incidencia durante el año fue la amenaza / hostigamiento, con 61 casos registrados; le siguen la agresión física y verbal con 58 y la intimidación judicial con 31 incidencias.

También fueron registrados ciberataques (15), discursos estigmatizantes (15), trabas al acceso a la información (14), afectaciones laborales (9), detenciones (2) y un robo.

Durante el 2021 los agresores más frecuentes fueron los civiles, que propiciaron 99 ataques; seguidos por los funcionarios (41), agentes de seguridad (31), elementos no identificados (25) y empleadores (10).

Capital de agresiones y provincias de riesgo

Lima presentó un récord histórico de 105 ataques. Le sigue Puno con 13 y Callao con 5. Las provincias Barranca, Caravelí, Hualgayoc, Paita y Rodríguez de Mendoza registraron cuatro agresiones a periodistas.

Mientras tanto, en Arequipa, Coronel Portillo, Maynas y Moyobamba fueron reportados 3 ataques en cada una. A estas les siguen Abancay, Chiclayo, Huamanga, Huanta, Huaraz, Huaura, Ilave, San Román, Santa, Satipo, Tacna y Tumbes con dos en cada una.

Datos

• El ataque ubica en primer lugar a la prensa digital (84), que compartió informaciones importantes durante la campaña electoral.
• Le siguen los medios del periodismo tradicional como son la prensa televisiva (54), escrita (35) y radial (33).
• En cuanto al ataque según el género o medio, los periodistas más atacados este año fueron los hombres (115), seguido de los ataques a mujeres periodistas (55) y medios propiamente (36).

Casos emblemáticos

El 1 de enero, el fotoperiodista del diario La Industria de Truijillo, Alí Iván Orbegoso Cipra, recibió amenazas desde cuentas troll en Facebook luego que difundiera la fotografía de su autoría en la que se aprecia a un agente policial apuntando con su arma a un manifestante durante las protestas del paro agrario en Chao, provincia Virú (La Libertad).

El 22 de enero la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima notificó a la periodista Paola Ugaz Cruz sobre la aceptación de la apelación presentada por Carlos Abelardo Gómez de la Torre Pretell quien la demandó por difamación agravada exigiendo el pago de 2 millones de soles de reparación.

El 19 de febrero el periodista Carlos Paredes Rojas, autor del libro “El perfil del lagarto”, a través de sus redes sociales y medios de comunicación, denunció que recibió una llamada amenazante de una persona desconocida que le señaló, luego de insultarle, “no sabes con quién te has metido, te vas a morir”. Volvió a recibir llamadas así el mismo día en la noche y a la mañana siguiente. Esto después de haber revelado que el expresidente Martín Vizcarra Cornejo y su esposa habían sido vacunados secretamente en Palacio de Gobierno.

El 25 de febrero, luego de publicado el informe de investigación que revelaba los testimonios de acoso en contra de Víctor Quijada Tacuri, candidato al Congreso por el Partido Nacionalista, éste interpuso querella por difamación agravada contra la periodista Graciela Tiburcio y Luciana Távara del portal Wayka. Esto además de iniciar una campaña de desprestigio en redes sociales contra el medio al que cuestionó y calificó de poco serio. A esto se le sumaron cuatro querellas por la presunta comisión de diferentes delitos, entre estos, el inexistente ejercicio ilegal de la profesión.

El 12 de marzo el candidato presidencial de Alianza Para el Progreso, César Acuña Peralta, denunció ante el Indecopi al periodista Christopher Acosta Alfaro y la editorial Penguin Random House Grupo Editorial S.A. Dicha acción pretendía restringir la circulación del libro «Plata como cancha». Acuña solicitó «el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción» y «la adopción de medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos». Posteriormente, en mayo, le interpuso querella por difamación solicitando una reparación civil de 100 mil soles al periodista, la casa editorial y el editor de la misma. En noviembre, como un nuevo intento de intimidar, solicitó el embargo preventivo de los bienes del periodista.

El 29 de marzo, el periodista Carlos Alberto Tafur Grandez, de Radio Stereo G 96.5, de la provincia Rodríguez de Mendoza, recibió a través de un número extranjero, audios de WhatsApp que, entre insultos e improperios, lo amenazaban de muerte con expresiones como: “sigue jodiendo en la radio y vas a ver la cabeza tuya colgando en la radio”, “vas a ver a tu familia también colgada en la radio”, “sigue y ya verás”. Dichas amenazas han sucedido después que el periodista revelara una serie de irregularidades de parte de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza.

El 14 de abril dos personas desconocidas se acercaron en una motocicleta y explotaron una bomba molotov en el auto del comunicador Roberto Sánchez Mamani, de Radio La Estación de Tacna, que se encontraba estacionada en la puerta de la radio. Este hecho se produjo como el corolario a las constantes amenazas que el comunicador venía recibiendo desde inicios de marzo en represalia a los cuestionamientos que desarrollaba en sus programas a algunas candidaturas al Congreso por su región.

El 15 de abril, se produjo un atentado contra las instalaciones del canal Oxapampa Televisión (OTV), que opera en dicha provincia de la región Pasco. Belfer Rojas Cano, periodista y gerente del medio, señaló que quienes cometieron el acto de vandalización son personas que estarían vinculadas al Gobierno Regional de Pasco.

En julio, el periodista Carlos Yofré López Sifuentes, del portal web Barranca.pe, fue apresado por incumplimiento de pago de una deuda de alimentos, en lo que su defensa calificó como una medida irregular porque ya había sido cancelada la deuda. Esto sucedió en un contexto en que el periodista afrontaba dos procesos judiciales interpuestos por la magistrada Juana Caballero García y el exjuez Víctor Raúl Reyes Alvarado, ambos de la Corte de Huaura, la misma que tiene bajo su cargo los procesos del periodista.

En agosto, el fiscal Provincial Penal Provisional del Tercer Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Moyobamba, Heniz Yuri Carrero Vidarte, formuló acusación contra el director del diario Amanecer, Marco Polo Carrillo Calongos, y el reportero del diario Voces, Franclin Lavan Jara, por la presunta comisión del delito contra la administración de justicia en la modalidad de revelación indebida de identidad.

El 9 de octubre, la periodista Marleny Margarita Paredes Charca, del programa “El Objetivo” emitido por el canal Antena 1 y el portal web elobjetivo.pe, fue agredida por César Mamani Pacompia, jefe de ronderos de la comunidad de Uros Chulluni, en la provincia y región Puno mientras cubría una reunión de la directiva de dicho grupo. La agresión se dio a pesar que la periodista se identificó y pidió autorización antes de iniciar labores.

El 5 de noviembre el periodista Richard Panduro Cashú, conductor del informativo de Canal 108 Max Channel Telecable Iquitos, fue agredido físicamente por Ary Thassia Oliveira Rodríguez, gerente general del sector educación del Gobierno Regional de Loreto (GOREL). Esta acción llegó como represalia por las denuncias que el hombre de prensa difundía evidenciando presuntos hechos de corrupción sobre la funcionaria.

El 26 de noviembre, durante la cobertura de los enfrentamientos por la tenencia de un sector del terreno del colegio politécnico Huáscar en Puno, fueron agredidos los periodistas Luis Hinojosa (Diario Sin Fronteras), Liubomir Fernández (Diario La República), Blas Condori (RPP) y Javier Zúñiga (portal de noticias Puno TV). El más perjudicado fue el corresponsal de La República, quien no solo fue agredido físicamente por el mayor Dany Osorio, sino que también recibió amenazas de tortura y fue detenido.

Ataques de La Resistencia y otros grupos extremistas

El grupo radical de extrema derecha autodenominado “La Resistencia” generó 8 ataques a periodistas en diferentes momentos del año, durante la cobertura de protesta social o estigmatizando en redes sociales. A esto se suman ataques de radicales de extrema derecha que promovieron discurso de odio contra periodistas como el visto durante la campaña “chapa tu caviar”, o los grupos de militares en retiro que, también en protestas y el ciberespacio, han agredido o estigmatizado a periodistas.

Balance de ataques en campaña electoral

La ANP subraya que la campaña electoral, entre enero de este año y su término formal el 19 de julio, fecha en que fue proclamado el presidente electo, dejó un total de 71 ataques a periodistas por parte de candidatos al Congreso o la Presidencia, así como sus seguidores, partidarios y simpatizantes, en lo que representó la campaña más polarizada desde el retorno de la democracia los últimos 21 años.

Ver informe: https://bit.ly/3mOWJor

Desde que asumió la presidencia, Castillo se ha caracterizado por su hostil relación con los medios de comunicación

La Declaración de Chapultepec es un decálogo de principios para mantener y promover las libertades de expresión y de prensa que rige a nivel regional desde 1994. La Declaración de Salta, del 2018, es una extensión de la anterior enfocada en el ecosistema periodístico digital. Estos documentos son promovidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos, y el Perú es signatario de ambos. Desde su creación, todos los presidentes peruanos y más de cien otros jefes de Estado han firmado ambos documentos al inicio de su mandato comprometiéndose así al respeto de estos derechos universales.

DATOS

• Acceda aquí a la Declaración de Chapultepec
• Acceda aquí a la Declaración de Salta

Este miércoles, la reportera Tifanny Tipiani que trabaja para el canal del Estado TV Perú fue apartada a empujones y casi cargada por un escolta del presidente, quien vio lo ocurrido y siguió de largo.

La periodista intentaba recoger las declaraciones del presidente Castillo que caminaba por el Centro de Lima para una reunión con el alcalde la ciudad, cuando el escolta cogió por la espalda a la reportera, la jaló con fuerza hasta lograr apartarla del camino. El video del hecho permite ver la hostilidad contra la colega.

Tipiani le reclamó al sujeto e intentó volver donde caminaba el presidente Castillo pero fue impedida por varios miembros de la seguridad.

Los cuestionamientos al régimen de Castillo no tardaron. Por ejemplo, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) rechazó el comportamiento de los agentes de seguridad del presidente y pidió que se identifique y sancione al escolta que cometió estos hechos que afectan el trabajo de la prensa en la cobertura de temas de interés público.

La Presidencia pidió disculpas por el incidente, pero vale la pena preguntarnos si esa práctica no es acaso una política del gobierno de Castillo.

La ministra de la Mujer también emitió un tuit sobre el hecho:

Los medios recibieron una nota de prensa sobre la actividad, donde se precisaba que las imágenes del evento se transmitirían vía el canal del Estado, TV Perú.

En tanto, la Policía colocó rejas en todos los accesos a Palacio para restringir el pase de periodistas, gráficos y camarógrafos. Nadie pudo acercarse más, viendo su cobertura claramente limitada. IPYS rechazó la medida en un comunicado pues la considera restrictiva al ejercicio del periodismo.

La prensa tampoco pudo cubrir la reciente juramentación del nuevo gabinete de ministros.

Dato: Hoy también se dio a conocer que el presidente Castillo mandó colocar cortinas en las lunas del automóvil oficial que usa para el traslado a sus actividades.

La ceremonia estaba prevista a realizarse a las 8:30 de la noche en el Centro de Convenciones de San Borja. Durante la espera, se presentaron enfrentamientos y discusiones entre los presentes en los exteriores de dicho recinto.

Asimismo, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y el Consejo de la Prensa Peruana protestaron por la decisión del actual presidente de la República, Pedro Castillo, quien temprano nombró al congresista Guido Bellido titular de la Presidencia de Ministros. Cabe resaltar que el legislador afronta una investigación preliminar por apología al terrorismo que fue iniciada el 26 de abril de este año por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima.

IPYS señala que el impedimento de la cobertura es «un hecho que no había sucedido antes».

«La oficina de prensa del presidente Castillo anunció esta tarde a través de una nota de prensa que la juramentación sería hoy a las 8:30pm. La prensa acudió al lugar para cubrir todos los detalles pero fueron impedidos de ingresar al recinto. Según informaron periodistas y reporteros, cuando llegaron a la puerta del lugar se les dijo que no podían entrar, con la excusa de que como recién asumía el nuevo gobierno no cuentan con un equipo de prensa que pueda organizar el ingreso de la prensa a la juramentación. Los únicos autorizados de entrar al local son los periodistas del canal del Estado», se indica en el pronunciamiento.

El Consejo de la Prensa Peruana pidió a las autoridades el acceso de los periodistas a la juramentación como ocurre en toda democracia.

El abogado Luis Lamas Puccio refirió este lunes en la conferencia de prensa «En defensa de la libertad de prensa y expresión», organizada por el canal peruano Willax, que existe en el país una creciente preocupación por la libertad de expresión y de prensa, a propósito de las numerosas amenazas, denuncias penales y cartas notariales que este medio de comunicación viene recibiendo por parte de miembros del partido Peru Libre y aliados, incluido el propio candidato presidencial, Pedro Castillo Terrones.

Puccio señaló dos temas puntuales: 

-El primero tiene que ver con el inicio de una investigación administrativa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (Politización de la política del Estado en relación al tema de la libertad de prensa).

-El segundo, de manera específica, una investigación preliminar contra periodistas y funcionarios administrativos directamente relacionados a temas que están tipificados como delitos en la legislación penal. (Criminalización de la libertad de prensa a través del forzamiento de figuras penales).

Sobre el primer punto hizo referencia a una carta dirigida por el doctor Julián Palacín al MTC que cuestiona la labor periodística de Beto Ortiz. «Esa solicitud de una investigación administrativa en el MTC no solo está firmada por Palacín sino también por Pedro Castillo», puntualiza.

«Es cierto que cualquier persona que se sintiera agraviada por aseveraciones que en teoría podrían afectar su honorabilidad tienen la vía judicial correspondiente, pero en el presente caso se trata de una denuncia administrativa para que se aperture una investigación en la que además está de por medio el canal Willax TV», aseveró.

De acuerdo con el abogado, con dicha carta se busca llevar a la dimensión política el principio de la libertad de prensa. «Si bien es cierto esta es una investigación administrativa, lo real y lo concreto es que se tendría que resolver administrativamente en el fuero del MTC, pero como es fácilmente previsible, si el señor Castillo es elegido presidente, él tendrá que decidir a quién corresponderá dirigir el MTC». 

«Este es un tema que intenta ser llevado a una dimensión política para dejar de lado un tema estrictamente individual y posibilitar que esta controversia adquiera una dimensión política y al adquirir una dimensión política se pueda convertir en una política de Estado en cuyo ámbito central está la libertad de prensa y de expresión», añadió.

PRESIONES

Respecto a la investigación preliminar, se estaría buscando criminalizar la libertad de expresión y de prensa tratando de llevar esta controversia no solo al ámbito judicial sino de forzar la figura en materia de tipificación para recurrir a tipos penales, en las que quien dirige la investigación es el Ministerio Público.

«En esta investigación hay periodistas, políticos.. evidentemente surge una especie de manto de presión para tratar de recurrir al sistema de justicia como una forma de coartar el ejercicio libre de la prensa y la libertad de expresión», puntualizó. 

Puccio refiere que eventualmente, en el caso de que se encontrara responsabilidad penal, no se descarta la posibilidad de que se aplique una pena privativa de la libertad.  «Se está forzando la legislación penal para criminalizar la libertad de prensa y convertir las acciones judiciales en un mecanismo de coerción contra la libre expresión, que como todos sabemos es fundamental en una democracia», mencionó. 

UNA CLARA AMENAZA

Milagros Leiva, periodista de Willax, mencionó que la opinión de un periodista político no se puede criminalizar y también resaltó el hecho de que la primera ministra Violeta Bermúdez no defienda la libertad de expresión.

«Pedro Castillo llamó a los periodistas del país que hacíamos periodismo basura, de porquería. Es la primera vez que veo a un candidato referirse a los periodistas con desprecio. (…) No somos un canal del Estado, jamás lo vamos a ser. No se puede permitir esta clara amenaza para callarnos», refirió. 

El periodista Beto Ortiz comentó que se está defendiendo la libertad de expresión: «Cuando los periodistas estamos bajo amenaza, la única manera que tenemos de defendernos es hacer nuestro trabajo, seguir hablando, seguir denunciando». 

«Los gobiernos siempre van encontrar una manera de acallar a los periodistas que les resultan incómodos. Solo quiero mencionar algunas de las razones por las cuales el gobierno actual morado de Sagasti y el que parece que va a entrar, me tienen en la mira. Razones son las denuncias», dijo.

«No somos un coro ni tenemos que serlo, nosotros expresamos nuestra opinión, pero no se puede criminalizar. (…) Dónde se ha visto a un candidato que cuando le da la gana termina la entrevista. Dónde se ha visto un movimiento político que cada vez que tengan un micrófono adelante habla pestes de la prensa», señaló Ortiz. 

MIRA LA CONFERENCIA DE PRENSA DESDE ESTE ENLACE.

La idea era oficializar y repartir el Manual de redes sociales para asesores de prensa del Congreso a los comunicadores y legisladores con el aval de la Mesa Directiva de aquel entonces, cuando me desempeñaba como comunicador en la Presidencia del Congreso, a cargo del ex presidente del Parlamento, Pedro Olaechea, pero no hubo suficiente tiempo debido al clima político que se vivía y luego por el cierre del Legislativo ordenado por Martín Vizcarra, vacado poco tiempo después y posteriormente inhabilitado de la gestión pública por 10 años.

Hubo la mejor de las intenciones en mejorar la institución abordando temas que merecen más atención. En el Congreso no hay algún material similar trabajado con anterioridad.

«No hay una sola fórmula para entablar comunicación con los ciudadanos a través de las redes sociales, pero se debe tener en cuenta que estas son herramientas que ayudarán a los políticos a crear un vínculo con la gente que se debe mantener a lo largo de la legislatura y, de ser posible, luego de que esta finalice», menciono en la introducción, y lo único que debe preocuparnos es qué tan comprometidos estarán los próximos legisladores a comentar sus acciones y compartir el motivo de sus decisiones con el público, simpatizante o no. 

En la edición que preparé, Sofía Pichihua, jefa de redes sociales de la Agencia Andina, nos ayuda a encontrar la atención de los medios en las redes sociales; Esther Vargas, la directora del este portal y editora multiplataforma en Perú21, brinda claves para potenciar la transparencia de una institución como el Congreso; y Augusto Ayesta, CEO de Trend PR y Reputación, plantea un texto valioso para mejorar la reputación digital de un político, una tarea bastante complicada en estos días. Y hay más. Los asesores de prensa o los más cercanos a los legisladores deben tener en cuenta este material.

Se puede descargar desde este enlace.

Kevin Morán se especializó en Comunicación Política en la Universidad del Pacífico y desde 2020 sigue estudios de maestría en Gestión Pública en la misma universidad. En la actualidad trabaja en la sección web del diario Perú21.

Los reporteros cubrían la campaña de Castillo en Ayacucho, al sur del país. El maestro de ceremonias empezó a despotricar contra los periodistas en el lugar. 

La periodista Stefanie Medina y el camarógrafo Carlos Brown reportaban los hechos cuando los sujetos partidarios de Castillo, exacerbados, golpearon de una patada a Medina y de un palazo de carrizo a Brown, informa el Instituto de Prensa y Sociedad. “Me tiraron una patada en la espalda”, contó Medina.

Medina escribió en Twitter que Castillo “tiene derecho a opinar lo que desee sobre los medios de comunicación, pero no considera que al decirlo frente a miles de personas, las azuza, y quienes agreden son a los que reportamos sus actividades. Es a nosotros quienes insultan y golpean”. 

Canal N se pronunció al respecto señalando que «si (Pedro Castillo) no garantiza la integridad de nuestros reporteros, dejaremos de transmitir sus eventos».

Periodistas en redes sociales han mostrado su solidaridad con los periodistas:

Nota del editor: 

En Clases de Periodismo nos solidarizamos con los periodistas golpeados y condenamos las agresiones que claramente significan un ataque contra la libertad de información y expresión. Pedro Castillo, al azuzar a sus simpatizantes, solo demuestra un total desprecio por los hombres y mujeres que justamente se encuentran en primera línea para informar a la ciudadanía como parte de un sistema democrático. Estar de acuerdo o no con la línea editorial de un medio no justifica en lo absoluto la violencia en cualquiera de sus formas. Las discusiones se enfrentan y se ganan con argumentos e información que se sustenta en evidencia y que se exponen en entrevistas, como en las que Castillo asiste y hasta pone el límite de tiempo, o en debates como el que hace poco propuso y al que no asistió. En el año del Bicentenario del Perú, la agresión a los periodistas es inaceptable, pues solo nos devuelve a las épocas más oscuras de nuestra vida republicana.