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Twitter y la decisión de entregar datos de sus usuarios a los gobiernos
Por Alvaro Reyes
Publicado el 13 de julio del 2013
Twitter se enfrenta a un caso sin precedentes en Francia. Tras comprobarse la existencia de usuarios que tuitean mensajes de odio contra los semitas, la compañía se ha comprometido a identificarlos al violar las leyes de ese país. Este hecho va en contra de las políticas de libertad de expresión que la red social defiende.
Un acontecimiento como éste ha motivado que la empresa esté viendo vulnerado su rígido cerrojo ante las autoridades gubernamentales. En otros países, algunos Estados le han exigido a la red de 140 caracteres proporcionales información acerca de internautas y activistas.
Twitter se encuentra en un disyuntiva que aún no puede resolver. Continuar protegiendo a sus usuarios o ceder ante la presión de los gobernantes y entregar datos personales de una persona que usa sus servicios en países, como el galo, donde su negocio es rentable.
“Los gobiernos tienen una sed insaciable de obtener más información sobre sus ciudadanos y las empresas de Internet, como almacenes de datos, van a estar en la lista de objetivos“, expresó Eric Goldman, profesor de derecho en la Universidad de Santa Clara, al New York Times.
La red de microblogging, finalmente, ha entregado datos a un fiscal de París sobre los usuarios que manifiestan su rechazo a otras culturas que conviven en Francia. La tensión con la que vive Twitter es latente ya que hay muchos grupos judíos que presionan para que esta compañía siga entregan información.
Las normas de la red social piden dicen que “los usuarios pueden publicar contenido, incluido el contenido potencialmente inflamatorio, siempre y cuando no viole los Términos de Servicio y las Reglas de Twitter”, los que incluyen Los que incluyen la prohibición ” de amenazas directas y específicas de violencia en contra de otros “.
Esta clases de casos complica las intenciones de expansión de Twitter. Un conflicto con las leyes de cualquier país potencialmente hace vulnerable a tener sus bienes confiscados y sus empleados detenidos.
Fuente: New York Times
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