Bruno Araújo Pereira, de 41 años, viajaba con Dom Phillips (57), un periodista colaborador de The Guardian, quien lleva 15 años reporteando y viviendo en Brasil. La Policía Federal conoce la situación y la Marina se dirige a la zona para emprender las tareas de búsqueda.

La asociación Univaja (la União dos Povos Indigenas do Vale do Javari) y el Observatorio de los Pueblos Aislados (OPI) expresaron que Pereira y Phillips habían emprendido una travesía en lancha para adentrarse en el valle de Yavarí hasta un puesto de vigilancia en el lago Jaburu. ¿La razón? El periodista debía entrevistar a algunos de los nativos que participan de las tareas para impedir la entrada de cazadores y pescadores furtivos.

Phillips está escribiendo un libro sobre medioambiente con ayuda de la Fundación Alicia Patterson, según The Guardian. Por su parte, Bruno Pereira lleva más de una década trabajando en el valle del Yavarí. Actualmente se le considera el mejor especialista en pueblos indígenas aislados.

PIDEN QUE INTENSIFIQUEN LA BÚSQUEDA

La esposa del reportero ha instado a las autoridades del país a hacer más para encontrar al «amor de mi vida».

En un video lleno de lágrimas, la esposa de Phillips, Alessandra Sampaio, refirió que todavía tenía «alguna pequeña esperanza» de encontrarlos. La familia de Pereira también ha pedido a las autoridades que aceleren la búsqueda.

El Jornal O Globo está actualizando un hilo en Twitter con la información referente al caso.

La restricción de acceso a perfiles de políticos con cargos públicos, como el presidente, ministros, diputados y senadores, afecta a 88 periodistas en el país (una misma persona puede ser bloqueada por varias autoridades). Entre los casos evaluados, el presidente Jair Bolsonaro es el campeón del bloqueo: hay 50 casos, puntualiza el Knight Center.

Los casos registrados corresponden a relatos personales de las autoridades, pero Abraji identificó un bloqueo contra la periodista Cecilia Olliveira realizado por el perfil oficial de la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro. Olliveira es también la directora ejecutiva del Instituto Fogo Cruzado, que recopila datos sobre violencia armada.

“Después de cuestionar el motivo a través de la Ley de Acceso a la Información, [la periodista] fue desbloqueada”, dijo Mirella Cordeiro, a cargo del monitoreo de Abraji, a LatAm Journalism Review (LJR).

Olliveira se encuentra actualmente bloqueada por siete autoridades, incluido el presidente Bolsonaro y sus hijos, el concejal Carlos Bolsonaro y el diputado federal Eduardo Bolsonaro, además de ministros y secretarios.

“La transparencia pública debe ser la norma, pero no es así. Los perfiles públicos de las autoridades, donde informan de las actividades que realizan en sus cargos, son como un podio, una rueda de prensa. Impedir el acceso es impedir la actividad profesional del periodista. E impedir el trabajo periodístico es incompatible con la democracia”, dijo Olliveira a LJR.

Según la asesora legal de Abraji, Letícia Kleim, los bloqueos a periodistas son parte de un contexto más amplio de restricciones al acceso a la información y la transparencia en el país y son “otra de varias amenazas y violaciones a estos derechos”.

“Incluso en las redes sociales existen formas más graves de persecuciones, amenazas y hostigamientos que obstaculizan el ejercicio de la labor periodística. Los bloqueos en Twitter y otras redes sociales contribuyen a diagnosticar un cuadro general de restricciones en internet, con medidas para prevenir o limitar la libertad de expresión y de prensa en la red”, dijo.

En Brasil, actualmente no existe una ley que regule este aspecto y, por ello, Abraji defiende la adopción de una norma legislativa que sirva de parámetro para estos casos.

Uno de los objetivos del seguimiento de Abraji incluye intentar influir en los parlamentarios para discutir la legislación sobre el tema. El Proyecto de Ley 2630/2020, conocido como el proyecto de ley de noticias falsas, aún pendiente en el Congreso, considera de interés público los perfiles de varias autoridades ejecutivas y legislativas, lo que evitaría bloqueos. El proyecto de ley tiene varios puntos controvertidos. Por esta razón, 47 organizaciones, incluida Abraji, presentaron una carta conjunta pidiendo que se posponga la votación sobre el proyecto.

Con su nueva campaña – “La verdad desnuda”, realizada por la agencia BETC -, Reporteros sin Fronteras (RSF) recuerda la importancia crucial del periodismo para acceder a información fidedigna sobre la pandemia.

Desde el 22 de febrero de 2021, la nueva campaña de comunicación de RSF en Brasil llama a mostrar la «verdad desnuda», la realidad de los hechos más allá de acusaciones disparatadas o manipuladoras.

En un fotomontaje, puede verse al jefe de Estado brasileño, Jair Bolsonaro desnudo y con un cartel sobre el torso en el que figura el número de muertes por Covid-19 y la cifra de casos positivos. «Es una manera simbólica de colocar frente a la realidad de los hechos al presidente Bolsonaro, que acusa a la prensa del caos en el país para desentenderse de su desastrosa gestión de la crisis sanitaria. Ahora que Brasil es ya el tercer país del planeta más afectado por la epidemia de Covid-19, esta campaña recuerda la importancia de los hechos para comprender y actuar sobre la pandemia. Unos hechos a los que la población brasileña no podría acceder sin el trabajo de los periodistas», explica RSF.

ATAQUES NO CESAN CONTRA LA PRENSA

Para Christophe Deloire, secretario general de RSF, esta ‘campaña de impacto’ tiene como objetivo despertar las conciencias y rebelarse contra los constantes ataques del sistema Bolsonaro a la prensa«.

Y agrega: “Estos ataques no solo son intolerables desde el punto de vista moral, sino también peligrosos para la población brasileña, que se ve privada de información esencial sobre la pandemia. El trabajo de los periodistas es fundamental para dar a conocer los hechos y para informar a la ciudadanía sobre la realidad de la crisis sanitaria. El derecho a la información, estrechamente vinculado al derecho a la salud, debe ser defendido más que nunca en Brasil”.

A finales de enero, nuevamente, Jair Bolsonaro invitó a los periodistas a » joder en casa de su p…. madre» y a «introducirse latas de leche condensada por el c…«. Esta declaración delirante se enmarca en una meticulosa estrategia de ataques coordinados del presidente y sus familiares contra la prensa, de acuerdo con RSF en un informe que registra nada menos que 580 ataques contra la prensa en 2020.

La campaña está disponible en cuatro idiomas (francés, inglés, español, portugués). 

Brasil ocupa el puesto 107 entre 180 países en La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por RSF.

El medio publicó este domingo en su portada los nombres de los 10 mil fallecidos con el texto: “10 mil historias. Es el evento más letal en Brasil en 102 años. El COVID-19 llegó ayer a 10.627 muertos. Para que la dimensión humana de la tragedia no se pierda en la frialdad de las estadísticas, O’Globo honra las vidas reunidas en un monumento virtual”.

El diario se dedicó a contar la historia de las víctimas. Se asoció con el proyecto colaborativo Inumeráveis para lograr elaborar un monumento virtual que, según la organización, “repersonifica” las estadísticas, presentando breves informes basados en amigos y familiares de los que murieron. Una red de periodistas voluntarios ayudó a recuperar la singularidad de estas historias, de acuerdo con el medio.

«Desde la primera muerte, el 17 de marzo, los brasileños se han acostumbrado a ver el conteo de las muertes al ritmo de los boletines diarios, en una progresión geométrica cuya frialdad vacía la dimensión humana y trivializa las consecuencias de la mayor catástrofe sanitaria en un siglo», anota la publicación.

Estas son las páginas del diario:

Brazil Journal informa que el Grupo Estado, propietario de Estadão, sostuvo una reunión con sus más de 250 periodistas para anunciar una reducción salarial del 25% durante los próximos tres meses.

En la reunión, la gerencia del grupo dijo que si el sindicato no acepta la propuesta, las negociaciones serán individuales con cada empleado.

El mes pasado, EPTV, afiliado de Globo en Campinas, Ribeirão Preto y São Carlos, y el SBT de Araçatuba anunciaron que aplicarán la reducción salarial a partir de mayo.

«Con motivo de la pandemia de Covid-19 y tratando de preservar cada trabajo, y encontrar soluciones que nos devuelvan a la normalidad lo antes posible, Grupo O Dia decidió implementar un esquema de pago salarial proporcional, con efecto inmediato pero temporal. A partir de marzo de 2020, suspenderemos el bono de transporte y el bono de comida. En cualquier caso, garantizamos el pago del monto equivalente al 75% del total de cada salario, garantizando el monto mínimo mensual de R $ 1.300,00″, señala el Grupo O Dia de Río de Janeiro.

En tanto, la Federación Nacional de Periodistas (FENAJ), el máximo órgano de representación para periodistas, advirtió en una nota que las relaciones laborales son colectivas y, por lo tanto, los derechos y deberes siempre deben resolverse mediante convenios colectivos entre sindicatos (que expresan la voluntad organizada de la categoría) y empresas.

Editora Globo, que forma parte del grupo de medios más grande de Brasil, dejó de publicar seis revistas mensuales, que solo estarán disponibles en formato digital. Los diarios O Globo y Extra, además de la revista semanal Época, siguen siendo impresos. También  Monet , Casa Vogue y Vogue. 

La decisión se toma debido al flujo de trabajo reducido en impresoras y las medidas de aislamiento social adoptadas por los gobiernos para frenar la proliferación del nuevo coronavirus.

MEDIDAS INHUMANAS

La encuesta preliminar realizada por FENAJ con los sindicatos de periodistas de todo el país denuncia la adopción de medidas parlamentarias por parte de compañías periodísticas, eliminando y flexibilizando los derechos de la categoría, incluso bajo el Decreto Federal 10.288, que estableció el periodismo como una «actividad esencial «en este momento de la pandemia de coronavirus, como una herramienta fundamental para informar a la sociedad sobre la enfermedad. 

En su sitio web, el Sindicato de Periodistas de Bahía (Sinjorba) denuncia la imposición de vacaciones colectivas a los periodistas en el Estado sin negociar con el sindicato y sin pagar un tercio adicional del salario. “Poner de vacaciones al trabajador sin hablar con él, además de ni siquiera pagar el salario adicional, es una medida inhumana y antilaboral ”, dijo el presidente del sindicato Moacy Neves.

El periódico O Povo, el más antiguo de Ceará, con 92 años, realizó despidos masivos, llegando a trabajadores de todos los sectores.  Los despidos comenzaron alrededor del 24 de marzo y alcanzaron a unos 90 trabajadores, incluidos al menos cuatro periodistas.

«El 7 de noviembre, Augusto Nunes, un crítico de extrema derecha y simpatizante de Bolsonaro me atacó físicamente en un estudio de televisión y radio en São Paulo mientras estábamos al aire.
Este es el ejemplo más reciente y quizá el más vívido de cómo el movimiento de Jair Bolsonaro está asediando, amenazando y sometiendo a violencia a los periodistas y las organizaciones noticiosas en Brasil por el solo hecho de hacer nuestro trabajo», relata.

«Nunes —quien fue editor jefe de Veja, el semanario más importante del país— era un periodista destacado de los medios convencionales. Siete semanas antes de que me atacara, respondió en su programa de radio a una serie de revelaciones periodísticas que había publicado en The Intercept, en las que saqué a la luz casos de corrupción en los niveles más altos del gobierno de Bolsonaro», detalla, tras advertir que este personaje solicitó que un juez del tribunal familiar investigara si su esposo David Miranda —quien es diputado del Partido Socialismo y Libertad—, y él cuidaban bien a sus dos hijos adoptados, pues ambos trabajaban.

«Pero ese ataque a nuestra familia no fue fortuito. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha usado desde siempre su animadversión por la comunidad LGBT como un arma central de su arsenal político y me ha atacado en varias ocasiones por ser homosexual. Él y sus aliados han atacado a otros periodistas y activistas opositores», advierte.

The Intercept investiga hace seis meses al gobierno de Bolsonaro. Como consecuencia, los ataques no cesan.

«El movimiento de Bolsonaro, al igual que muchas facciones autoritarias, prefiere la intimidación y la violencia en lugar del discurso cívico, en general en contra de sus adversarios, pero en particular en perjuicio de los periodistas a los que considera obstáculos. Como era de esperarse, el ambiente para los periodistas desde la elección presidencial de 2018 se ha vuelto mucho más peligroso que antes», sostiene en la columna.

El periodista asevera que mientras haya prensa libre «podremos no solo revelar la corrupción y los delitos cometidos por los actores más poderosos del país, sino además garantizar que la historia no se reescriba, que los horrores de las dos décadas del régimen militar de Brasil ni se encubran ni se olviden. Precisamente por eso el movimiento de Bolsonaro nos tiene en la mira: saben que la transparencia y la libertad de expresión son los principales obstáculos para hacer que Brasil retroceda a sus días más oscuros».

La dirección del periódico aún no ha definido todos los ajustes que se harán. En diálogo con portal Imprensa, Gilberto Menezes, director del medio, dijo que estaba evaluando la situación y que era necesario fortalecer el online.

Entre las bajas de esta medida se encuentra  el ex director de redacción, Toninho Nascimento, que se desligó a principios de esta semana. La situación de algunos editores también permanece indefinida. De los cerca de 50 empleados que trabajaban en el periódico, cerca del 50% no integra más el equipo, se informó. Solo en el online casi no hubo alteración.

A principios de febrero, los periodistas estuvieron de huelga por retrasos en el pago de los salarios.

Fundado en 1891, el JB dejó de circular ocho años y mantuvo sus actividades solo en la web. En enero de 2018, la versión impresa se reanudó.

Las complicaciones financieras retornaron el año pasado.

En un audio de conversación con el ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gustavo Bebianno, divulgado por la revista Veja, Bolsonaro utiliza el término «enemigo» para referirse a la emisora. El Grupo Globo respondió a través de una nota oficial contundente

«El Grupo Globo considera que no tiene ni cultiva enemigos, la propia naturaleza de su actividad jamás permitiría cualquier postura en contrario. Hoy, como siempre, su misión es llevar al público periodismo independiente, dando transparencia a todo lo que es relevante al país, y el entretenimiento de calidad. El Grupo Globo continuará trabajando en esa misma dirección «, indica el medio, donde se resalta  además que el contacto entre la emisora ​​y las autoridades públicas es normal.

La nota fue leída por William Bonner poco después de la presentación de un reportaje sobre los audios. En las grabaciones, Bolsonaro se queja de un encuentro entre Bebianno y el vicepresidente de Relaciones Institucionales del Grupo Globo, Paulo Tonet Camargo.

Esta no es la primera vez que Bolsonaro crea polémica con la prensa. Poco después de ser elegido, el presidente atacó a la Folha de S. Paulo .

El portavoz de la Presidencia brasileña, Otavio do Rego Barross, negó este martes que el Gobierno vea a la prensa como “enemiga”.

“La prensa en cualquier democracia es el punto de equilibrio de la sociedad”, dijo en una rueda de prensa do Rego Barros, quien además subrayó que “el presidente no ve a la prensa como enemiga”, sino como parte del “fortalecimiento de la sociedad”.

Tomado de Portal Imprensa

El juez Gustavo Gomes Kalil argumentó que «la filtración del contenido de la investigación es perjudicial, pues expone datos personales de los testigos, así como perjudica el buen avance de las investigaciones, obstaculizando la dilucidación de los crímenes», informó el periódico O Globo. 

Tv Globo manifestó que cumplirá con la orden judicial pero intentará revocarla en otros tribunales por considerar que «hiere gravemente la libertad de prensa y el derecho del público a informarse, especialmente cuando se toma en cuenta que el crimen investigado es de alto interés público, en Brasil y en el exterior». 

También aclaró que accedió al contenido de las investigaciones la semana pasada y emitió los reportajes «evitando divulgar algo que pudiese poner mínimamente en riesgo los testigos o las investigaciones», siguiendo sus principios editoriales.

La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) condenó lo que consideró como una «censura» que «viola el derecho de los brasileños a la libre circulación de informaciones de interés público».