Según ha denunciado la propia Bernal, funcionarios municipales le exigieron a la radiodifusora que se eliminaran tales publicaciones o se verían afectados los contratos de publicidad. Los periodistas exigen que se dejen de utilizar los contratos de publicidad como un medio de coerción y piden a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato que inicie una investigación de oficio por la utilización de recursos públicos en el control de la libertad de expresión.
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