«La FeSP reclama a quienes aspiran a gobernar España un profundo compromiso para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía, un derecho constitucional y humano reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos», se indica en un comunicado.

Se agrega que, en el documento, la FeSP plantea la necesidad de elaborar con la máxima urgencia una Ley sobre el Derecho a la Información y la Comunicación de la Ciudadanía, una cuestión en la que muchos países de nuestro entorno nos llevan una considerable ventaja democrática.

De otro lado, se pide «una Ley de Derechos Laborables de los Periodistas, que contribuya a poner fin a la precariedad laboral generalizada del sector, especialmente en el colectivo más desfavorecido (freelancers, periodistas a la pieza y autónomos), que en Europa sí está regulado».

Otra petición a los candidatos «consiste en que promuevan las reformas legislativas necesarias para desgubernamentalizar RTVE y la Agencia EFE y dotarlas de mecanismos de gestión y dirección plenamente independientes, elegidos por sistemas democráticos y transparentes».

El documento puede ser descargado aquí.

La iniciativa ya viene siendo apoyada por la Federación Europea de Periodistas (FEP), y otras organizaciones como Articolo 21, Ordine dei Giornalisti Italiani, Federazione Nazionale della Stampa Italiana y Union RAI (USIGRai).

La campaña #nohatespeech pretende «luchar contra el odio e impedir su difusión es un acto de responsabilidad civil, pero que para los periodistas es, además, un principio básico de la profesión: el deber de defender la verdad sustancial de los hechos».

En un comunicado se explica que con ese fin han iniciado una campaña a través de change.org solicitando firmas de apoyo para un documento en el que se pide:

– A los periodistas: no permanecer pasivos frente a los discursos del odio. Estos discursos no son opiniones: se fundamentan en el racismo, son brutales falsificaciones de la realidad y contradicen los principios básicos de la convivencia ciudadana, además de las verdades científicas. Es un deber profesional refutar las afirmaciones racistas y revelar a los lectores y a los oyentes su falsedad.

– A los lectores y oyentes: aislar a quienes expresan discursos de odio, no establecer con ellos ningún diálogo, ni siquiera por indignación, y evitar cualquier acto que pueda legitimarlos como sujetos de una confrontación. Los lectores y oyentes están invitados a señalar a las redacciones los discursos de odio para que puedan ser borrados y para que sus autores no puedan repetirlos y, en los casos previstos por la ley, denunciarlos a la autoridad judicial.

– A las empresas periodísticas y a sus editores: activar los protocolos necesarios para evitar y suprimir de forma inmediata los comentarios de odio y frenar a sus autores.

– A los dueños y administradores de las redes sociales: adoptar procedimientos simplificados para facilitar a las redacciones periodísticas y a los usuarios de los redes señalar los discursos de odio y excluir a sus autores de la Red.

Puedes firmar la petición aquí.