“El IPYS rechaza la decisión del fiscal por no existir ningún hecho objetivo vinculado a la participación de los periodistas en un levantamiento en armas, elemento necesario para cualquier imputación por el delito señalado”, se señala en la misiva.

“En su resolución, del cinco de julio, la fiscal menciona una serie de hechos vinculados al ejercicio de opinión de los periodistas, atribuyéndoles el intento de desprestigiar a los organismos electorales así como al jefe del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Medina. La denuncia fue interpuesta por un grupo de ciudadanos y contra los periodistas y otros políticos del movimiento derechista Renovación, que objeta los resultados electorales que dieron como vencedor al izquierdista Pedro Castillo. Ortiz y Butters consideran que hubo fraude electoral”, agrega.

La investigación es por los presuntos delitos de conspiración para sedición y grave perturbación de la tranquilidad pública. El documento hace referencia a las declaraciones de Butters el pasado 7 de junio en donde califica al congresista electo por Perú Libre, Guillermo Bermejo, como “terruco”. En la actualidad, Bermejo es acusado de haber pertenecido a la organización terrorista.

Esta medida restrictiva contra la libertad de expresión de la periodista Sheyla Herrera, fue dirigida desde el despacho de la parlamentaria Alejandra Aramayo.

La carta es clara al pedir la sanción de la redactora. Se argumenta que por ser un canal estatal, los periodistas que allí se desempeñan, no pueden emitir opiniones políticas.

«La señorita Sheyla Herrera Yui, quien se desempeña como redactora en TV Perú, vienen realizando publicaciones a través de su cuenta personal de Facebook, denigrando la imagen de la señora Keiko Fujimori, quien se encuentra detenida en una investigación preliminar dispuesta por el Poder Judicial «, menciona a carta.

El Instituto Prensa y Sociedad levanta una protesta contra esta medida, ya que atenta contra el derecho a la libertad de opinión y expresión de la periodista.

ATROPELLO

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú condenó, una vez más, el accionar de un grupo de legisladores de Fuerza Popular, quienes en carta dirigida a la Ministra de Cultura, Patricia Balbuena Palacios, exigen una sanción contra la periodista Sheyla Herrera Yui, de TV Perú, por el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de opinión y expresión como ciudadana en redes sociales.

Para la ANP este tipo de demandas son propias de regímenes totalitarios. 

«Es una decisión que demuestra el compromiso de la OEA con el periodismo que investiga la corrupción y las violaciones de derechos humanos, en ocasiones bajo dictaduras y ataques del crimen organizado», dijo el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, tras una reciente reunión con Ricardo Uceda, Director Ejecutivo de IPYS.

La iniciativa es coincidente con el trabajo de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con las resoluciones de la VIII Cumbre de las Américas, celebrada en Lima el mes pasado.

Uceda precisó que las distinciones, con premios de 10.000 dólares al ganador, 5.000 dólares a los lugares segundo y tercero, y diplomas para diez finalistas, seguirán siendo decididas por un jurado independiente de los organizadores.

PREMIO JAVIER VALDEZ 

Desde 2018 el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación llevará el nombre de Javier Valdez, en homenaje a este ejemplar periodista asesinado por el narcotráfico en México, donde han muerto más de cien reporteros desde el año 2000.

El Secretario general de la OEA entregará el Premio en noviembre de este año en Bogotá, durante la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN 2018). Y el año que viene lo hará en Culiacán, Sinaloa, México, donde se realizará COLPIN 2019. En esta ciudad Javier Valdez dirigía el semanario Riodoce, cuando fue asesinado un día como hoy, el 15 de mayo del 2017.

REVELAR LA CORRUPCIÓN

El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, anunció un acuerdo con el IPYS para premiar a los mejores reportajes que empleen peticiones de acceso a la información pública, con distinciones que serán entregadas anualmente en las COLPIN. «El periodismo de investigación desempeña un rol crítico en lo que refiere a revelar hechos de corrupción, y en ese contexto del derecho de acceso a la información en poder del Estado puede ser una herramienta muy útil para la investigación de irregularidades”, dijo Lanza.

Alerta. el periodista shipibo, Cecilio Soria, denunció haber encontrado una amenaza de muerte contra Magdalena Florez Agustín y Bernardo Murayari Ochavano en la Comunidad Intercultural Nueva Era, frente a la UNIA. Ambas personas son líderes de comunidades nativas de Ucayali.

Entre el 2006 y 2015, UNESCO ha condenado 176 asesinatos de periodistas en esta parte del mundo, y solo el 11.4% de esos casos fueron resueltos. La impunidad es alarmante.

Si nos concentramos en Colombia, donde una investigación independiente —solicitada por la Presidencia de la República de ese país—revisó tres décadas de asesinatos de periodistas, se puede notar que la impunidad es incluso mayor: 98% de los casos no hallaban culpables.

Pese al peligro, el periodismo de investigación no se detiene. Esta región está dando a conocer numerosos casos de corrupción gubernamental, crimen organizado, derechos humanos y delitos medio ambientales. 

El problema es abordado por IPYS y UNESCO en una nueva serie investigativa con casos en cuatro países. Así se quiere dar a conocer el lento o negligente papel de los estados para hallar culpables en casos que atentan contra periodistas, de acuerdo con el Instituto de Prensa y Sociedad.

La entidad reitera que atentar contra la libertad informativa afecta el derecho de los ciudadanos por estar bien informados.

Ingresa a este enlace para conocer la investigación.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), pidió al presidente electo de Ecuador, Lenin Moreno Garcés, desplegar sus mejores esfuerzos para superar el estado hostil que enfrenta el ejercicio de la libertad de expresión en su país,

El IPYS demanda hacer lo que le corresponda para que cese la persecución política contra el activista y periodista ecuatoriano, Fernando Villavicencio, como consecuencia del ejercicio crítico de su libertad de expresión e información.

El proceso abierto contra el Fernando Villavicencio se origina en un artículo publicado en el medio digital Plan V, «cuyo contenido transmite información de interés público y que en modo alguno puede ser pasible de la acusación mencionada», señala el IPYS.

La orden de detención fue dictada luego de un llamado a la justicia hecho por el presidente Rafael Correa para que actúe en contra del periodista.

Villavicencio es autor de continuas denuncias de corrupción publicadas en libros y medios de información, que a juicio del IPYS son el origen de una persecución política en su contra a través del sistema judicial.

«Existen innumerables evidencias de esta persecución, especialmente desde el año 2010. Además, el periodista ha sido objeto de amenazas. Para preservar su seguridad y la de su familia, y en salvaguarda de su libertad personal y de expresión, en el 2014 solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH, con relación a un proceso anterior, ya concedió medidas cautelares a favor de Villavicencio que el gobierno ecuatoriano ignoró, pese a que fueron declaradas vigentes por la CIDH el año pasado», reseña IPYS.

En abril del 2013, Villavicencio fue sentenciado por la justicia ecuatoriana por una supuesta “injuria judicial” al presidente Correa, por lo que debió pagar US$ 47,000 y pasar un año en la clandestinidad,

En este proceso la justicia actuó ante un pedido público del presidente. «La elección de un nuevo gobierno del mismo signo político que el encabezado por el señor Correa, no garantiza que Villavicencio tenga un juicio con las debidas garantías», explica IPYS en un comunicado.

«EL FERIADO PETROLERO»

El periodista denuncia en su más reciente libro que «millonarias pérdidas habría registrado el país (Ecuador) a causa de una supuesta “ineficiencia en la gestión y casos de corrupción” en los principales proyectos hidrocarburíferos de los últimos años».

El libro ‘El feriado petrolero’ detalla 27 casos en los cuales habría existido perjuicio económico para el Estado, entre ellos, las pérdidas por renegociación de los contratos de participación y prestación de servicios con tarifas fijas ($ 3.000 millones); intermediación del petróleo entregado a China y Tailandia ($ 2.400 millones), incremento de $ 3 de los costos de producción en campos de Petroamazonas y Petroproducción ($ 4.000 millones), así como los ya conocidos de las Refinerías del Pacífico y de Esmeraldas, cita El Universo.

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El concurso tuvo «el propósito de estimular el periodismo de calidad, que enriquece la información pública disponible y el debate democrático», de acuerdo con la organización.

GANADORES:

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:

CÁMARA PERIODÍSTICA:

REPORTAJE REGIONAL:

REPORTAJE RADIAL:

FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA:

REPORTAJE ELECTORAL:

REPORTAJE ESCRITO:

REPORTAJE TELEVISIVO:

GRAN PREMIO NACIONAL:

El objetivo es estimular el periodismo de calidad, que enriquece la información pública disponible y el debate democrático, señala el IPYS.

Los premios distinguen el producto emblemático de la prensa, el reportaje periodístico, de acuerdo con las bases publicadas.

También está el Gran Premio Nacional, el cual distingue valores periodísticos expresados de modo sobresaliente.

Las bases presentan un diseño inclusivo, que permite participar a periodistas y medios de cualquier nivel económico y procedencia geográfica.

➣ Para la edición 2016 se aceptan trabajos publicados entre el 1 de setiembre de 2015 y el 30 de setiembre de 2016.

Estos premios son posibles gracias al patrocinio de la PUCP, que junto con el IPYS son responsables de la organización y pautas del concurso. Los jurados son autónomos.

➣ Un Comité de Premios independiente gobierna la transparencia y buen término del proceso, así como resuelve posibles controversias. Está presidido por Alejandro Miró Quesada Cisneros e integrado por César Lévano, Rosana Cueva, Pedro Tenorio, Santiago Pedraglio. Alberto Ku King y Úrsula Freund

Los Premios Nacionales tienen como auspiciadores principales a Telefónica del Perú y el Banco de Crédito del Perú.

Este año los premios también distinguen dos categorías especiales: el Mejor Reportaje Regional, que es auspiciado por la Sección de Prensa y Cultura de la Embajada de los Estados Unidos, y el Mejor Reportaje sobre Cobertura Electoral, otorgado por IDEA Internacional con el aporte de la Unión Europea.

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