García, de 23 años, trabajaba en la radio comunitaria «Expresa Voces al aire» y presuntamente fue atacado por pandilleros debido a su negativa a permitir que utilizaran su espacio en la radio, el cual se dedicaba a la prevención de la violencia.

La CIDH recordó que este es el sexto asesinato de un comunicador en lo que va de 2016 en el continente americano y subrayó la obligación de los Estados de adoptar medidas para prevenir la violencia contra los trabajadores de los medios.

«Esta obligación resulta particularmente importante en países en los cuales existe un riesgo de que se produzcan estos hechos y en situaciones concretas en que las autoridades saben o deberían haber sabido que hay un riesgo real e inmediato de que se cometan tales delitos», sostuvo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

Organizaciones salvadoreñas, encabezadas por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Asociación de Radios y Programas Participativos (ARPAS), exigieron la semana pasada a la Fiscalía una «diligente investigación» y a la Policía una «mayor presencia en la zona para que garantice la seguridad de los comunicadores».

Las cifras ofrecidas sobre los patrones de violaciones son preocupantes: hostigamiento verbal (52), intimidación (50), censura (36) y  agresiones (27).

Las organizaciones denunciaron una serie de prácticas “institucionales-burocráticas” que limitan el funcionamiento regular de los medios de comunicación y afectan el derecho de la sociedad a estar informada.

“Persisten los obstáculos para la compra de papel e insumos para prensa. La venta de papel es monopolizada por la Corporación Maneiro, la cual vende a libre discreción con serias restricciones para medios críticos al Gobierno. Tampoco entregan divisas para compra de insumos como planchas y tinta, los cuales deben ser comprados a un precio 66 veces superior al establecido oficialmente. Esto ha causado la reducción del formato de al menos 10 impresos regionales en los últimos dos años. Además, más de 300 emisoras de radio esperan respuesta por parte de Conatel respecto a la concesión del espectro radioeléctrico”, documentaron ante la CIDH.

Los casos de Beatriz Lara y Alejandro Parada, periodista y fotógrafo del diario El Aragueño, detenidos y agredidos física y sexualmente por funcionarios del Cicpc,  fueron denunciados, así como otros ataques.

El grupo denunció que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, mantiene hostigamiento contra periodistas, defensores de derechos humanos y medios de comunicación en su programa televisivo «Con el mazo dando», que es transmitido por Venezolana de Televisión. De acuerdo con IPYS Venezuela, 58 defensores de derechos humanos han sido acosados en ese espacio.

Los medios de comunicación cumplen una doble función: informadores y educadores de la sociedad de manera ética y veraz

— Espacio Público (@espaciopublico) October 19, 2015

"En Con El Mazo Dando fui acusado, sin fundamento, de estar vinculado con grupos paramilitares", denuncia @marinoalvarado #VzlaenCIDH

— Espacio Público (@espaciopublico) October 19, 2015

Por el Estado asistió el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), William Castillo, quien aseguró que “ningún periodista ha sido encarcelado por sus opiniones”, dejando a un lado los casos de los trabajadores de la prensa detenidos durante las protestas, entre ellos la fotoperiodistas Francesca Comissari, relata Espacio Público.

En el documento, la CIDH resalta además de la inseguridad y violencia, así como las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y tortura; la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales de periodistas. En la lista de afectados figuran personas en situación de pobreza, migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, defensoras y defensores de derechos humanos, lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBTI), entre otros.

«La violencia y el amedrentamiento busca acallar las voces que más necesita México», se indica en el documento.

La Comisión Interamericana se entrevistó con autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado y de los distintos niveles de gobierno. Se  reunió con representantes de la sociedad civil, órganos autónomos, organismos internacionales, académicos y periodistas; y recabó testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares.

La delegación visitó la Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz.

Revisa el informe aquí

«Lo más preocupante es que el Tribunal de Justicia emite declaración sin ningún tipo de proceso previo», dijo Lanza.

CIDH condena el continuo ‘hostigamiento’ a… por elnacionalweb

A través de un comunicado de prensa emitido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, el organismo condenó el hecho e hizo un llamado a las autoridades locales para que encuentren a los responsables y se les aplique la sanción correspondiente.

El organismo pidió soluciones para acabar con los ataques a la libertad de expresión, así como también la necesidad de crear cuerpos y protocolos especiales de investigación para proteger a todo aquel periodista que se sienta amenazado por realizar su trabajo.

Este comunicado se suma al pronunciamiento emitido por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), otra organización que lamentó la muerte del comunicador brasilero.

Conoce más detalles sobre el caso de Gleydson Carvalho aquí.

IMPORTANTE:

• Gleydson Carvalho es el cuarto periodista asesinado en Brasil en lo que va del año.

Foto: Facebook Gleydson Carvalho

El relator de dicha organización Edison Lanza adelantó algunas cifras sobre este reporte anual. Por ejemplo, sostuvo que  se registraron al menos 25 asesinatos de periodistas e incluso de sus familiares en el 2014, en México.

«Estamos hablando de uno de los niveles más altos registrados desde 2002»,  sostuvo.  «Se trata no sólo de un ataque a la integridad y la vida del comunicador, sino al derecho a la información porque las personas dejan de recibir la información», dijo.

En marco de la VII Cumbre de las Américas manifestó que se hace uso del derecho penal para suprimir informaciones en países como Honduras, Ecuador y Venezuela.

Gran concurrencia a evento sobre #libertad de expresión con @EdisonLanza @FLarue_libex y @SantiagoACanton pic.twitter.com/S6EC3WwyxN

— Mauricio Alarcón-S. (@aIarconsalvador) abril 9, 2015

Se trata del director del semanario sinaloense ‘Nueva Prensa’ Jesús Antonio Gamboa y de la tuitera María del Rosario Fuentes Rubio. Ambos se dedicaban difundir información relacionada con la corrupción y la política.

A través de un comunicado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la organización hizo un llamado a las autoridades mexicanas a esclarecer estos crímenes y solicitó poner en práctica todos los instrumentos jurídicos para sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

La entidad pidió al gobierno que se maneje como primera hipótesis que ambos comunicadores fueron asesinados para interrumpir su ejercicio libre de periodismo.

También señaló  la importancia de que se consolide un mecanismo de protección para periodistas, que coordine directamente con las autoridades federales y con distintos niveles del gobierno.

Lee el comunicado completo aquí.

LAS VÍCTIMAS

– Jesús Antonio Gamboa: Secuestrado, torturado y asesinado.  El reportero fue uno de los principales opositores a la denominada “Ley Mordaza”, cuya derogación fue gracias a las numerosas protestas de las que el fallecido comunicador participó.

– María del Rosario Fuentes Rubio: Secuestrada por un grupo armado cuando terminaba su labor en la Clínica Tierra Santa, en Tamaulipas.

La preocupación por el deterioro del derecho a la libertad de expresión en Venezuela aumenta entre las organizaciones como la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues los estándares internacionales sobre dicho derecho no están plenamente garantizados en el Gobierno de Nicolás Maduro.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH expresó a la administración venezolana que debe permitir que los periodistas y medios de comunicación ejerzan sus deberes sin intervenciones indebidas. Y pidió que se «investiguen las razones que han conducido al bloqueo de los portales y aplicaciones de medios de comunicación».

Esta oficina de la CIDH mencionó que el pasado 18 de setiembre, el presidente Maduro acusó de «terrorismo psicológico» y «terrorismo mediático» a varios medios de comunicación, como  el diario «El Nuevo Herald» y las cadenas de televisión CNN En Español y NTN24, por haber informado sobre las muertes ocurridas en el Hospital Central de Maracay.

En su pronunciamiento denunció los últimos casos de censura:

1. Rayma Suprani fue despedida de El Universal por criticar el sector salud en una de sus viñetas, en la cual menciona a expresidente Hugo Chávez. La Relatoría señala que el despido de otros 20 periodistas o columnistas de opinión se ha producido tras el cambio de propietarios del medio en julio.

#Venezuela: Despiden a la caricaturista Rayma de #ElUniversal http://t.co/GWAoOMWspC pic.twitter.com/ZTzbEtWAFk

— Clases de Periodismo (@cdperiodismo) septiembre 18, 2014