Después de un año, la Institución de Auditorías del Estado (DDK) por fin determinó que la Presidencia de Turquía cometió una negligencia debido a que no garantizó la seguridad del periodista Hrant Dink, quien fue asesinado en 2007.
En 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidió que DDK debería investigar si el estado turco tenía responsabilidad por el terrible asesinato. En ese momento, se había capturado a varios sospechosos del disparo a Dink, quien murió muy cerca de la redacción del diario donde laboraba.
En enero pasado, Ogün Samast fue condenado a 22 años de cárcel, mientras que Yasin Hayal -un cómplice- recibió cadena perpetua por «incitación». Después de conocerse la sentencia, más de 40 mil personas exigieron justicia «verdadera».
La cadena de televisión turca NTV revela que el informe «recomienda además que altos cargos de la policía y la gendarmería, que nunca aparecieron en los tribunales, sean juzgados por no haber impedido el asesinato».
Según la agencia EFE, el reporte indica que «los sucesivos actos de negligencia por parte de los oficiales no fueron investigados en su conjunto» y concluye que la investigación parcial, por parte de diferentes secciones, ha resultado en que «los hechos no fueron evaluados como conjunto, ni se juzgaron todas las acusaciones juntas».
