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Otra amenaza contra periodistas en Venezuela: La ley del odio

Por @cdperiodismo

Publicado el 01 de febrero del 2018

Los ataques a la prensa en Venezuela no cesan. Los  periodistas Yndira Lugo y Daniel Trujillo, directora y editor jefe del diario Región, respectivamente, fueron citados a declarar en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar N° 24 de Cumaná, estado Sucre, por una denuncia del Círculo de Lucha Popular de la parroquia Altagracia que consideró que una noticia del diario “incita a la violencia”.

En una publicación de portada y en la tercera página del diario, del 11 de enero, s e citó una declaración de Perfecto Abreu, integrante del comité nacional del Partido Comunista, en la que advertía –en una rueda de prensa– que Venezuela “puede estar a las puertas de grandes estallidos sociales”, debido a la situación socioeconómica del país que comparó con 1989 cuando se originó el Caracazo.

Los integrantes del Círculo de Lucha solicitaron que se prohíba la publicación de ese tipo de información porque, supuestamente, crean zozobra y violencia en la ciudadanía.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó la investigación contra ambos periodistas. “El diario Región es el único medio impreso independiente de Sucre. Este es el primer caso de investigación y sometimiento a la persecución judicial por presuntos delitos de odio establecidos en la Ley contra el odio”, dijo Marco Ruiz, secretario general del gremio, citado por El Nacional.

La polémica ley entró en vigencia el año pasado. La normativa cuenta con 25 artículos, disposiciones transitorias y finales, para establecer la responsabilidad por la promoción del odio y la difusión de mensajes que instan a la confrontación y la guerra.

La medida tiene como objetivo intimidar, inhibir y censurar a los periodistas y medios de comunicación independientes.

En 2017, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) registró 499 casos de ataques a la libertad de expresión y al acceso a la información. El 80% de los casos fueron por organismos de seguridad del Estado.

 

 

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