La decisión del Tribunal Constitucional de España de considerar «ilegítimo» que los periodistas usen cámaras ocultas en sus reportajes ha motivado una serie de críticas.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, señaló a El Mundo que la sentencia «afecta de forma muy grave»  al periodismo de investigación que en el pasado ha destapado escándalos de corrupción, casos de trata de mujeres o sobornos.

«El periodista debe ser un vigilante del poder de cualquier orden, no solo político, y si se le retiran recursos que le permiten ejercer esa función vital para la sociedad, realmente mal vamos», dijo, tras considerar que el periodista debe usar estos métodos con un  respeto absoluto hacia quien graba, evitando ofrecer imágenes que puedan dañar la imagen e incluso eludiendo facilitar la identidad de quienes aparecen, salvo que la relevancia o el interés publico lo demande.

Para González «no todo vale» y esta técnica debería ser el último recurso. El uso de cámaras con fines tendenciosos o banales fue criticado, pero pidió que no se generalice.

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