La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Venezuela otorgar medidas cautelares a favor de varios directivos de medios que enfrentan hostigamientos y demandas judiciales por parte de altos funcionarios gubernamentales, informó el ente este martes.

Las medidas cautelares están dirigidas a Teodoro Petkoff, ganador del Premio Ortega y Gasset 2015, así como a Miguel Henrique Otero, Alberto Federico Ravell e Isabel Cristina Ravell, quienes según la CIDH “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos estarían amenazados y en riesgo”.

Hace solo unos días, Otero -presidente editor del diario El Nacional- sostuvo enérgicamente que en Venezuela no había libertad de expresión.

.@miguelhotero, de El Nacional, advierte que en Venezuela no hay libertad de expresión https://t.co/wnvUCwbBY3 pic.twitter.com/1c8UGI6u7l

— Clases de Periodismo (@cdperiodismo) November 8, 2015

Petkoff, que dirige el pequeño semanario Tal Cual, y Ravell,  propietario el sitio web La Patilla, son otros de los directivos de medios que han alzado su voz de protesta.

Diosdado Cabello, presidente del Parlamento y número dos del chavismo, demandó en abril a los tres medios de comunicación venezolanos con cargos de difamación agravada por replicar informes del diario español ABC, que lo vinculaban a investigaciones de fiscalías federales estadounidenses como presunto líder de una red de tráfico de drogas operada por militares venezolanos.

La comisión pidió que “tomando en cuenta la denunciada reducción del pluralismo informativo y la disminución de los medios de comunicación independientes en Venezuela” es necesario “garantizar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión” de los cuatro directivos.

Según el órgano de derechos humanos de la OEA, en Venezuela existe un “discurso estigmatizante por parte de funcionarios públicos”, incluyendo a Cabello, que puede poner en riesgo a periodistas y comunicadores.

Las autoridades venezolanas deben emprender una “atención urgente y acciones específicas para que cesen los actos de estigmatización y hostigamiento” contra los cuatro directivos, apuntó la CIDH.

En más de una década, Venezuela no ha permitido visitas a la CIDH, a la que acusa de haber convalidado el golpe fallido contra el entonces presidente Hugo Chávez en 2002.

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