«Se omitió a la ciudadanía dicha información por lo que se incurrió en censura previa, razón por la que se sanciona a los medios con diez salarios básicos y se los motiva a mejorar sus prácticas periodísticas», dijo el titular de la Supercom, Carlos Ochoa.

Los medios sancionados, tras una denuncia interpuesta por el Observatorio Ciudadano por una Comunicación de Calidad, son los diarios El Comercio, La Hora, Expreso, El Universo, y los canales de televisión Televicentro, Teleamazonas y Ecuavisa.

En «Lasso, el magnate de las offshore», el reportaje del diario izquierdista argentino que coincide con la gestión de Rafael Correa, denunciaba que el candidato de derecha está asociado a 49 empresas en paraísos fiscales. Se publicó el 15 de marzo.

Se acusaba a Lasso, expresidente del Banco de Guayaquil, de haberse enriquecido con la especulación con los bonos emitidos tras el feriado bancario en 1999, considerada la mayor crisis financiera en Ecuador.

La Supercom recuerda que Página 12 «es uno de los principales medios multimedia de Argentina» y que la «ley dispone abstenerse de omitir, intencionalmente, información de relevancia pública o interés general».

«¿El patrimonio de un candidato a la presidencia, sus orígenes y el lugar donde este se encuentra, es o no un hecho de interés público?», dijo Ochoa en una conferencia de prensa, donde no permitió las preguntas de los periodistas.

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CUESTIONAN REPORTAJE

En la audiencia del caso, El Comercio argumentó en la Supercom que la publicación de Página 12 no cumplía con el artículo 22 de la Ley Orgánica de Comunicación vigente, que exige a los medios publicar notas periodísticas contrastadas, verificadas, precisas y contextualizadas.

El Comercio precisó en su defensa que desde el 10 de marzo del 2017 entró en vigencia la campaña electoral, regulada por el Código de la Democracia, el cual en su artículo 203 señala que los medios deben abstenerse de hacer promoción directa o indirecta a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tiendan a incidir a favor o en contra de determinado candidato.

La ley de Comunicación, cuestionada por organizaciones internacionales y locales de libertad de prensa, surgió de una consulta popular y es defendida por Correa como un freno a los abusos de los medios privados, a los que suele identificar como su mayor opositor.

CONDENABLE

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció nuevamente el uso de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador como arma de persecución en contra de los medios de comunicación ecuatorianos, a los que el gobierno de Rafael Correa acusa de no reproducir la noticia de Página 12  en contra del candidato de la oposición durante las recientes elecciones presidenciales.

La SIP calificó de insólito el proceso iniciado por la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), el brazo ejecutor de la Ley Orgánica de Comunicación, que asumió una denuncia del presidente Rafael Correa durante una de sus sesiones sabatinas.

Correa denunció públicamente que varios medios ecuatorianos no se hicieron eco de una noticia que el diario Página 12 de Buenos Aires publicó sobre el candidato electoral de la oposición, Guillermo Lasso.

El presidente de la SIP, Matt Sanders, editor senior y gerente general del Deseret Digital Media, de Salt Lake City, Utah, dijo que «estamos ante un caso insólito en el que se usa la ley mordaza del Ecuador para castigar por omisión a los medios de su país. Pese a que el presidente Correa invoca el tema de censura previa, lo que estamos viendo es cómo se viola sistemáticamente el derecho de los medios a su libertad de criterio editorial».

La medida, según dijo a Radio Mitre, se someterá al Congreso.

“Ayer (30 de diciembre) se tomó la decisión de ir hacia una ley de convergencia digital, que será estudiada por el Congreso y llevará un tiempo importante, por lo menos 2 años, para que se tenga una ley que les permita a los medios expresarse y que la gente pueda comunicarse”, dijo Aguad. 

Conoce aquí la Ley de Medios de Argentina.

Para el nuevo ministro, «el gobierno anterior le había declarado la guerra a los medios tratando de acallar las voces que no quería escuchar”.

“A través de una ley, creó un fenomenal monopolio de organismos públicos y privados apoyados, para tratar de acallar a los medios independientes, lo cual generó enormes regulaciones que trabaron inversiones para mejorar la tecnología”, dijo.

«Se crea el Ente Nacional de Telecomunicaciones. Absorbe a los organismos AFSCA y AFTIC» (siglas de agencias de control antimonopólico y tecnológico), refirió Peña, citado por AFP.

Ambos entes reguladores fueron intervenidos hace una semana con la fuerza policial tras una orden de desalojo de la justicia. Habían sido creados por la Ley de Medios en 2009, con apoyo casi unánime del Congreso. Fue una iniciativa de la expresidenta Cristina Kirchner.

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En una entrevista realizada por Federico Poore para Buenos Aires Herald, Edison Lanza, aseguró que el propósito de Macri es conformar un organismo “a imagen y semejanza” del partido ganador, lo que atenta con la autonomía de AFSCA que garantizaba Martín Sabbatella al frente del directorio y un regreso “al momento en que los gobiernos manejaban la oficina”.

Ver Lo que debes saber de La Ley de Medios de Argentina

Lanza opinó que están “siguiendo esta situación en la relatoría y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Para el relator la intervención “se hizo sin usar lo que indica la ley, que establecía claramente un mecanismo para la remoción del directorio”.

Los estándares internacionales, reflexionó, dicen que lo adecuado es tener organismos con autonomía tanto del ejecutivo como de los poderes fácticos.

Argentina: Conoce al periodista que tendrá a cargo los medios públicos https://t.co/ld4fX0u3We pic.twitter.com/wzgl5FullD

— Clases de Periodismo (@cdperiodismo) December 27, 2015

“Los anuncios que van en el sentido de intervenir justamente cuando cambia el gobierno — es decir, cuando el organismo se pone a prueba, cuando cambian la mayorías (legislativas) — para hacerlo a imagen y semejanza de quien gana, bueno, quiere decir que se acabó la autonomía, que se vuelve al momento en que los gobiernos manejaban la oficina”, explicó.

CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Con respecto a las declaraciones del ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, que sugirió que no había concentración de medios en Argentina, Lanza fue contundente: “A todas luces hay un grupo que tiene niveles de concentración muy importantes. Esto es importante, estamos hablando de libertad de expresión, no de una empresa que vende galletitas. Los medios de comunicación son vehículos para la libertad de expresión. Los monopolios, oligopolios y la concentración indebida afectan la libertad de expresión”.

Y remarcó: “En el caso de la concentración de medios lo que ocurre es una afectación de la democracia, porque ese grupo va a imponer su mirada, va a limitar otras, va a combatir a ciertos gobiernos o criticar a la oposición”.

Remarcó que “una de las obligaciones, lo ha dicho la Corte Interamericana, ha sido evitar la concentración de medios a favor de la diversidad. Hemos seguido muy atentamente la aplicación de la ley. Aplicar una ley que pone límites a la concentración de medios tiene su delicadeza, y el Grupo Clarín impugnó algunas de estas decisiones  que terminaron en medidas cautelares, y la justicia está estudiando el tema”.

La acción gubernamental es para el extitular de la Afsca, Martín Sabbatella «un brutal atropello a la ley» y definió a la gestión del presidente Mauricio Macri como «un gobierno legal que actúa como un gobierno de facto».

El Foro de Periodismo de Argentina (FOPEA)  afirmó el 20 de diciembre en un comunicado que «ningún cambio a la ley, aprobada por el Congreso Nacional y cuya constitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia, debería ser efectuado mediante un decreto de necesidad y urgencia».

El jefe de Estado puso a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones, que dirige Oscar Aguad. La modificación no pasó por el Congreso y fue firmada por decreto, una decisión cuestionada desde varios sectores de la oposición. Cambiemos, el partido de gobierno, reclama la renuncia del presidente de la AFSCA, Martín Sabbatella, quien  quiere permanecer en el cargo hasta que concluya su mandato, en diciembre de 2017.

La ley de medios –promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner–tiene puntos para resaltar, pero durante el gobierno de Cristina Kirchner se cuestionó la manera de su aplicación, incluso al término de la campaña electoral, como advierte el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Para los críticos, la ley tenía como un objetivo: el grupo Clarín.

El periodista José Crettaz, de La Nación de Argentina, opina en su columna «Un paso previo al principal objetivo: desactivar la pelea con los medios» que «los objetivos de largo plazo son desactivar completamente la pelea política con los medios de comunicación, fomentar las inversiones para ayudar a la reactivación económica y, a la vez, desarrollar la maltrecha infraestructura de comunicaciones». Para Telesur, que ha iniciado una evidente batalla a favor de la Ley de Medios, la norma en cuestión fue «otro logro de los 12 años del kirchnerismo».

Argentina ocupa el puesto 57 en el ranking de Libertad de Prensa elaborado por Reporteros sin Fronteras, organismo que en su momento apoyó los principios generales de la ley.

El hashtag #LaLeyDeMediosNoSeToca sigue fuerte en las redes sociales, y la protesta ha llegado a la plaza pública.

La ley planteaba en resumen:

1.  La desconcentración y pluralidad de medios.

2.  La transparencia en la  propiedad de medios, la separación entre los intereses periodísticos de los comerciales o de otra índole, el respeto por las normas tributarias, previsionales y laborales, la capacitación de los trabajadores de prensa, la generación de informativos y programas periodísticos propios.

3. La existencia de Códigos de Ética; el derecho a réplica, el respeto de la libertad de conciencia; y la creación de un Defensor de la audiencia.

4. Garantizar que los medios públicos sean estatales y no gubernamentales, que apunten a respetar la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos; y que su plantel se complete con concursos públicos transparentes; que promuevan los debates políticos y sociales, y programaciones dirigidas a sectores sociales postergados.

Ley de medios Argentina

Más sobre la Ley de Medios aquí

“Existe una rebeldía por parte de las autoridades de atenerse al nuevo régimen del Ministerio (de Comunicaciones), que fija las políticas de comunicación del país”, dijo el ministro Óscar Aguad en rueda de prensa al anunciar la medida.

El decreto presidencial establece la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC).

El primero tiene por función la aplicación de una controvertida ley de medios audiovisuales sancionada en 2009 para reemplazar a otra vigente desde la última dictadura militar (1976-1983). La norma estableció límites a la propiedad de los medios de comunicación y fue cuestionada judicialmente por el Grupo Clarín, uno de los mayores conglomerados de medios de la región.

“Es un acto ilegal de atropello imposible de justificar vía decreto y de ningún tipo. La ley establece que sea un organismo autárquico. Si no les gusta, tienen que ir al Parlamento y modificar la ley”, manifestó Martín Sabbatella, titular del AFSCA.

Sabbatella es líder del partido Nuevo Encuentro, una de las fuerzas de centroizquierda que se aliaron al oficialismo durante el gobierno de Fernández (20087-2015), y su mandato concluye en 2017.

AFTIC regula las telecomunicaciones y su responsable es Norberto Berner, a quien se sindica como miembro de la agrupación La Cámpora, liderada por el hijo de la exmandataria Máximo Kirchner. El mandato de Berner concluye en 2019.

Tras asumir el nuevo gobierno ambos funcionarios fueron invitados a dejar el cargo por Aguad, pero se negaron y adujeron que están amparados por la ley.

El decreto firmado por Macri designó como interventores a Mario Frigerio en la AFTIC y a Agustín Garzón en el AFSCA durante 180 días.

POLÉMICA

La Ley de Medios fue aprobada en el 2009 con apoyo incluso de sectores de la oposición, para poner fin a monopolios mediáticos y abrir licencias de radio y televisión a organizaciones sociales.

«Estamos estudiando una convergencia tecnológica y de controles», respondió sin dar detalles Aguad ante una pregunta sobre si impulsará cambios a la Ley de Medios.

La Ley está impugnada en la Justicia por el grupo Clarín, uno de los más grandes conglomerados de medios de Latinoamérica, lo que inició una batalla judicial y una agotadora polémica diaria. La división antimonopólica nunca pudo aplicarse al grupo Clarín que apeló a los tribunales.

Los medios de Clarín denunciaban que el gobierno de Fernández quería silenciarlos y el gobierno sostenía que la acusación era una excusa para defender intereses de grandes grupos económicos.

Para algunas organizaciones de noticias, como Telesur, la ley de medios es un logro del kirchnerismo.

Fuente: EFE / AFP

La especialista aseguró que se debe detener la violencia del crimen organizado contra la prensa. Además, degradación el estado de derecho en muchos países.

En Ecuador, la ley no garantiza el ejercicio de la libertad de expresión. “Lo que hace es debilitarlo”, sostuvo.

Consideró que esa normativa es “probablemente, después de Cuba, la ley más agresiva que hay en la región”.

SOBRE LA LEY
Ecuador aprobó en 2013 una nueva ley de medios, pero de caracter restrictivo, la cual crea supervisores oficiales de los medios y genera la imposición de sanciones en caso se dañe la reputación de las personas. La norma también limitaría un tercio de las licencias de radio y TV a los medios privados, que representan en su mayoría a la oposición.

Esta propuesta, de acuerdo con el político y promotor de este proyecto de ley Mauro Andino, se trata de proteger la libertad de expresión, pero con un enfoque hacia los derechos de todos, y no solo para un grupo de “privilegiados”. El ‘observatorio de medios’ tiene autoridad para imponer multas y hacer que los medios emitan disculpas públicas si se llega a cometer delitos de difamación o a provocar una reacción “violenta” del público.

El alto funcionario dijo que Clarín busca ejercer un «absolutismo monárquico». Agregó que los «grupos mediáticos concentrados no defienden la libertad de expresión».

Lo que dice la ley
La norma determina que un medio de difusión nacional tenga un máximo del 35% del mercado de TV. Ese porcentaje se repite en la televisión por cable.

Además, las organizaciones no deben tener más de 10 licencias de radio, 24 canales de televisión por cable y una de televisión por satélite.

Sigue la etiqueta #LeydeMedios en Twitter para mantener la discusión.

De otro lado, el Grupo Clarín realiza una amplia cobertura en esta red social sobre su posición:

[Escalada #LeyDeMedios] Nelson Castro: «El objetivo del Gobierno es destruir a Clarín» http://t.co/E1ERtTvNBp vía @todonoticias

— Grupo Clarín (@Grupo_Clarin) octubre 9, 2014

El medio relata en su editorial «Un sentido adiós» que hace 16 años “sembraron la semilla de un sueño”  pero la actual situación hace imposible la labor de la prensa.

Según Fundamedios, el cierre incluye a la web. La última edición en papel circuló el 31 de julio.

Fundamedios cita la declaración de la Intendenta de Comunicación de la Zona 4, Fernanda Hidalgo, quien rechazó que La Hora Manabí «pretenda difundir al país, atribuyendo, con total mala fe, a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) el fin de sus actividades» . En un pronunciamiento público sostiene que «adjudicar a la ley una errada gestión administrativa es pretender echar la culpa a otros de su propia inoperancia»

#ALERTA #Ecuador Edición de diario La Hora Manabí dejará de circular tras 16 años de difusión http://t.co/9ecHsJLLo2 pic.twitter.com/OC1yZKsfjy

— FUNDAMEDIOS (@FUNDAMEDIOS) agosto 1, 2014

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