Foto: gentedigital.es

El congreso peruano aprobó ayer la norma que sanciona con cuatro años de cárcel a los ciudadanos que difundan comunicaciones privadas obtenidas ilícitamente. Al respecto, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) pidió que el Ejecutivo observe la denominada “ley mordaza”.

“Lo impracticable es que el periodismo haga un estudio jurídico antes de dar cuenta de hechos de interés público para determinar si son delictivos o ilegales. Eso es tarea de la justicia, no de la prensa”, se indica en un comunicado.

La norma es considerada una amenaza para la profesión. Las razones expuestas por la institución:

• El compromiso de altos funcionarios públicos en conductas contrarias a la ética o moralmente reprochables, aunque no constituyan delito ni contravengan norma legal alguna, como recientemente ha sostenido en su defensa el vicepresidente Omar Chehade.
• Graves contradicciones entre el discurso público y privado de un gobernante en asuntos de alto interés nacional.
• Falta de idoneidad o capacidad de un funcionario público para el ejercicio de su cargo o en asuntos de alto interés público.
• La identificación de los autores de una campaña de difamación anónima contra políticos de oposición al gobierno.

Revisa el comunicado del consejo directivo.

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