Por  Marcelo De Angelis, Periodista (Argentina)

Se trata de Juan Pablo Suárez, editor del diario digital Última Hora, quien recuperó la libertad tras estar detenido 9 días acusado de “instigación a la sedición”.

En medio de los levantamientos policiales en el interior del país, seguidos de saqueos y con un saldo de 13 víctimas fatales, el policía Nelson Roberto Villagrán se encontraba junto a su familia realizando una protesta y reclamo salarial en la provincia argentina de Santiago del Estero, cuando fue detenido de forma violenta. Suárez, que estaba presente cubriendo la protesta, filmó el arresto y lo publicó en el portal de noticias.

La noche del lunes 9 de diciembre, unos 40 policías arribaron a la redacción de Última Hora en la capital provincial, y en un procedimiento inusual por su magnitud y despliegue, allanaron las oficinas, secuestraron computadoras y filmadoras, y detuvieron a su responsable editorial.

El operativo fue ordenado por la doctora Rosa Falco, jueza del Crimen de 5ª Nominación de la justicia ordinaria local, por presunta instigación a la sedición, tras lo cual se declaró incompetente y elevó la causa a la Justicia Federal de Santiago del Estero.

Judith Wede, esposa de Suárez y propietaria del periódico digital, denunció que el operativo “estuvo viciado de nulidad ya que algunos de los testigos ya venían con los uniformados. Luego apareció dentro de nuestro local, un señor de apellido Parra domiciliado sobre calle Pellegrini para oficiar de testigo siendo él secretario del Ministro de Justicia Dr. Ricardo Daives, siendo que a nuestro abogado no le permitieron el acceso a nuestras instalaciones”.

Tras 9 días de detención, el fiscal federal Pedro Eugenio Simón emitió un dictamen a favor de la liberación, aceptado por la jueza federal subrogante Karina Salomón, que permitirá al periodista seguir el proceso judicial fuera de la cárcel.

Organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y el Foro de Argentino (Fopea) manifestaron su preocupación por la situación de Suárez. El delito de “sedición” se encuentra tipificado en el Código Penal entre los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, y contempla penas que van de uno a seis años de prisión.

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