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No solo Venezuela: Bolivia y Ecuador y sus restricciones a la libertad de prensa
Por @cdperiodismo
Publicado el 09 de abril del 2016
Las críticas en la región en temas de libertad de prensa apuntan a Venezuela –ya se sabe que cierran diarios por falta de papel, que la censura es constante y el hostigamiento incansable–, pero, ¿qué pasa con Bolivia y Ecuador?
#Venezuela: Se busca silenciar y criminalizar a la prensa https://t.co/gMEedZF81O #InformarNoEsDelito pic.twitter.com/ToCPfdPyB7
— Clases de Periodismo (@cdperiodismo) March 13, 2016
Reporteros sin Fronteras opina así sobre Bolivia:
“En Bolivia los medios de comunicación tienen un fuerte incentivo para evitar hacer comentarios negativos del gobierno o del presidente Evo Morales, en el poder desde 2006. En virtud del Decreto Supremo 181 (aprobado en 2009), la publicidad oficial no se otorga a los medios de comunicación que “mienten”, “hacen política” u “ofenden” al gobierno. Esta presión financiera adquiere un papel aún más importante si se considera que Bolivia es uno de los países más pobres de Sudamérica. Las detenciones abusivas de reporteros y la impunidad, también favorecen un clima de autocensura en todo el país”.
“El control de la información aumentó desde que Rafael Correa llegó al poder, en 2006. El presidente no duda en atacar personalmente y en público a los medios críticos con su gobierno. Las sanciones más frecuentes que enfrentan los periodistas son el despido y juicios por difamación. Algunos medios reciben a menudo amenazas de cierre y de tener que pagar multas exorbitantes. La Ley Orgánica de Comunicación (adoptada en 2013), que establece la distribución de las frecuencias entre los medios públicos, privados y comunitarios, es un medio disfrazado para debilitar un poco más a los organismos privados mayoritarios”.
Lo que dice el Comité de Protección de Periodistas: “En 2015, el Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) informó que Ecuador “tiene uno de los peores registros de la libertad de prensa en América Latina, con los periodistas sujetos a medidas legales, demandas por difamación e insultos públicos”. Advirtió que la organización local de vigilancia a la libertad de prensa Fundamedios estaba en peligro de cerrar después que el gobierno la acusó de “haberse convertido en una organización política crítica de Correa”.
Además, dijo el CPJ que “los esfuerzos de las autoridades de reformar la constitución para categorizar las comunicaciones como un ‘servicio público’ son vistos como otro intento de censurar noticias y controlar la información”.
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