Preocupante. “La censura manipulada por la publicidad estatal, la censura previa promovida por leyes, la asfixia financiera a los medios de comunicación y la intolerancia con puntos de vista críticos, generan un riesgo para las libertades de prensa y de expresión, y por ende para la democracia”, alertó el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Marcelo Miralles Iporre.

Durante la audiencia sobre la Situación del Derecho a la Libertad de Expresión y la Libertad de Prensa en la Región Andina, en el 167 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Colombia, Miralles advirtió sobre el conjunto de normas y políticas orientadas a silenciar el trabajo de periodistas y medios independientes de Bolivia.

Informó que entre 2010 y 2017, la ANP reportó un total de 136 agresiones físicas contra periodistas y medios de información, además de otros 155 casos de agresiones verbales y amenazas.

Junto a representantes de Fundamedios de Ecuador, el Instituto de Prensa y Sociedad de Perú (Ipys Perú) y el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela) que integran el Bloque Voces del Sur, el ejecutivo expresó rechazo a la acción judicial que determinó el encarcelamiento preventivo de periodistas y sin elementos que justifiquen esa medida extrema.

En un informe entregado a la CIDH, la ANP abogó por el cese de la persecución judicial contra el periodista Wilson García, y demandó justicia para las periodistas Yadira Peláez y Claudia Pardo, ambas procesadas por denunciar acoso en la empresa estatal de televisión. La organización boliviana hizo este pedido de la misma manera en que se pronunció contra el injusto encarcelamiento de los periodistas Carlos Quisbert y Juan Carlos Paco, en el año 2015.

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