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Perú: ANP protesta por maltrato laboral de periodistas ante despidos y recortes de salarios

Por Fernanda Juárez

Publicado el 21 de mayo del 2020

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) elevó su voz de protesta por el maltrato laboral que sufren los periodistas -entre otros trabajadores de medios de comunicación de alcance nacional– quienes han sido despedidos, sufren el recorte de sus salarios, soportan el adeudo de los mismos y temen anunciados cambios de razón social de las empresas mediáticas como mecanismo para evadir las deudas.

El caso más reciente ha sido denunciado por los hoy extrabajadores del Grupo La República -propietaria de 5 medios digitales y 4 medios impresos, entre ellos el diario La República y El Popular-, que en dos días ha despedido vía correo electrónico a personal de planta con más de 10 años de servicio, en algunos casos, y a corresponsales en las regiones.

El grupo, desde iniciada la cuarentena, mantuvo diálogo abierto con editores y redactores, para adoptar una serie de medidas que iniciaron con un fraccionamiento de las remuneraciones con la promesa de prorrogar el abono pendiente, para luego reducir y renegociar los contratos con reducciones salariales.

“Resulta inadmisible que habiéndose establecido canales formales de comunicación y negociación la empresa unilateralmente haya optado por el despido vía email. Dicha figura que constituye despido arbitrario en toda norma debe ser considerada improcedente por la autoridad de trabajo”, indica la ANP.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú reclama con firmeza que las empresas mediáticas respeten los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras. En un contexto de emergencia sanitaria y la consecuente crisis económica y social el despido equivale a un atentado contra la subsistencia.

También recordó al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que las empresas que se han acogido al programa Reactiva Perú o al subsidio del 30% de las planillas, deberían verse impedidas de aplicar cualquier medida que vulnere el derecho al trabajo. Legal y moralmente es abusivo. Requerimos que el Estado asuma su rol garantista y pase del discurso a la acción para salvaguardar los derechos de las personas.

Lee el pronunciamiento completo aquí

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