Los reclamos ocurrieron mientras se realizaba una ceremonia protocolar encabezada por el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz.

Valdez, un especialista en asuntos de narcotráfico reconocido en el ámbito internacional, fue asesinado a balazos en la calle, a plena luz del día, el pasado 15 de mayo, cerca de la sede de Ríodoce, el semanario del que fue fundador. Con 50 años, también era corresponsal del diario La Jornada y fue colaborador durante una década de la AFP.

Los manifestantes colocaron cruces rojas de madera al exterior del recinto legislativo, mientras que en el interior del Congreso tres periodistas se ubicaron detrás de altos funcionarios portando carteles con la leyenda «impunidad», la imagen del gobernador y del fiscal Juan José Ríos.

Ismael Bojórquez, director de Ríodoce, denunció que a seis meses del asesinato de Valdez aún no tienen resultados de la investigación que realiza la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra de la Libertad de Expresión de la Procuraduría General (fiscalía). El veterano reportero no merece un trato así. Tampoco los otros periodistas fallecidos en ejercicio de su profesión.

«Nos han dado a conocer algunas cosas, pero no vemos solidez en la investigación. Mientras más tiempo pase, más tierra le va a caer al caso y va a ser muy difícil (…) el crimen de Javier, por el alto impacto que tuvo a nivel nacional e internacional, tiene que aclararse», aseveró Bojórquez, citado por la agencia AFP.

EL CRIMEN ORGANIZADO

Añadió que entre las posibles líneas de investigación sobre el móvil del crimen, una de las más probables es la participación del crimen organizado.

Poco antes de ser asesinado, Valdez publicó una entrevista con uno de los jefes del cartel de Sinaloa, rival de los hijos de su antiguo líder, Joaquín «El Chapo» Guzmán, por el control de la organización, desde que el capo fue capturado y extraditado en enero a Estados Unidos.

México es considerado uno de los países mas peligrosos para ejercer el periodismo. En más de 90% de los casos no se han detenido a los responsables materiales ni intelectuales de estos crímenes.

El diario The New York Times publicó un amplio informe sobre los retos para reforzar la seguridad de la prensa en ese país. Y el mayor desafío sigue siendo la impunidad. Lo dicen los periodistas y las autoridades.

“Es un problema que no se resuelve con la protección, uno por uno, de los periodistas”, dijo Roberto Campa Cifrián, subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación. “Sin duda tenemos un enorme reto, que es el de la impunidad.”

El 98% de homicidios quedan impunes. Según NYT, la  Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una decisión en marzo que dicta que todos los delitos contra los periodistas deben enviarse a los tribunales federales. Pero los casos antiguos no se ven involucrados. Es decir, la impunidad nuevamente vuelve a enfrentar a la justicia.

“En Veracruz es muy fácil matar periodistas”, dijo Jorge Sánchez Cerezo, cuyo padre, Moisés, fue secuestrado y asesinado hace dos años. No tiene justicia.

Algunas fuentes anónimas revelaron que el gobierno tiene pocas intenciones de mejorar la situación. “No es que no puedan resolver esos casos, sino que no quieren o no los dejan”, comentó un funcionario de alto nivel que pidió mantener su anonimato por miedo a represalias por parte del gobierno. “Es una cuestión política. Los periodistas muertos hacen quedar mal al gobierno, pero es peor si su muerte se debe a que estaban haciendo su trabajo”, agrega al NYT.

Esto le hace daño a la prensa: en muchos casos los periodistas aceptan los sobornos de los narcotraficantes para cambiar sus coberturas y cuidar su seguridad. Cada uno debe valerse por sí mismo. Un periodista anónimo dijo que no lo enorgullece, pero tampoco puede dejar de hacerlo. Su vida está en riesgo.

¿Qué podemos hacer desde nuestras redacciones? No olvidemos. Recordemos a las víctimas y ‘gritemos’ por justicia. Algún día esos gritos serán escuchados.

La presidenta de esa nueva instancia legislativa, la panista Brenda Velázquez Valdez, se comprometió a dar resultados que se traduzcan en acciones concretas para la protección de los agraviados, y frenar la impunidad.

La legisladora explicó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR ha abierto, en los últimos seis años, una serie de investigaciones. Los datos son preocupantes:

Más de 800 averiguaciones por delitos cometidos contra periodistas y 99.7 por ciento de esas averiguaciones quedaron sin castigo.

“Por ello es necesario construir una metodología estadística común, una plataforma que permita conocer con precisión caso por caso el problema, se debe avanzar en un monitoreo certero con el que se pueda trabajar de manera activa y proactiva”, enfatizó.

El monitoreo, dijo, debe permitirnos transparentar y dar seguimiento a los resultados de los mecanismos institucionales. 

#México: Solicitan protección para personal del semanario Zeta https://t.co/66WdX6UbN2 pic.twitter.com/iRguqvqieq

— Clases de Periodismo (@cdperiodismo) November 30, 2016

Ricardo Nájera Herrera, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR), ofreció a los integrantes de la Comisión facilidades para que conozcan los asuntos que tiene este organismo relacionados con las agresiones a periodistas. Se comprometió a que ninguna petición quede en el aire.

Fuente: Notimex.

En su opinión, la libre expresión ha sido amenazada por quienes «quieren impedir cambios o imponer su ideología y valores callando la de los otros«.

Sostuvo que hay impunidad «de los funcionarios que violan los derechos a la libre expresión, el incremento en los ataques a los periodistas, la falta de instituciones adecuadas para la defensa de ese derecho y los criterios judiciales restrictivos».

Una posible solución es sumar. En ese caso, propone una Organización de Medios Unidos en todo el mundo para combatir «las acechanzas que tienen el crimen organizado contra los medios».

Dijo que tuvo que dar espacio en El Universal, en 1969, a todos los partidos en México cuando «era un delito grave que escribiera una persona ajena al poder político». También recordó que 11 periodistas en México han fallecido por ejercer su profesión.

Así lo reveló el Comité para la Protección de los Periodistas en informe «Índice de Impunidad Global 2016«, donde destaca los altos niveles de impunidad que existen en crímenes contra la prensa.

El ránking anual fue elaborado con datos de la última década y toma en cuenta en el número de asesinatos sin resolver o que no han desenlazado en una condena judicial.

De acuerdo con el informe, son en total 24 los periodistas somalíes asesinados durante la última década. La gran mayoría fueron víctimas de miembros del grupo extremista Al-Shabaab, considerado una organización terrorista.

Todos los datos del informe aquí.

En el informe está registrado el número de periodistas muertos en la última década que hasta el momento no han encontrado justicia.

Encabeza la lista Irak (71 periodistas asesinados), Filipinas (41) y Somalia (24). México empata en el quinto lugar con Pakistán, ambos con 21 crímenes a periodistas sin resolver durante la última década.

EL DATO

El CPJ informó que solo tomando en cuenta las cifras del 2016, la lista es liderada por segundo año consecutivo por Somalia. Para la organización la presencia del grupo radical Al Shabaab es la consecuencia de que varios miembros de la prensa hayan desaparecido.

Vía: CPJ