La tutela es un recurso que todo ciudadano colombiano puede usar, en este caso la FLIP la emplea contra la decisión de un juez. La autorización para revisar en Facebook de Solano es incompatible con la Constitución de Colombia.

«Esta autorización se dio tras la solicitud de un fiscal que investiga a Solano por el presunto delito de injuria, pretendiendo de esta manera tener acceso a las fuentes del periodista», señaló la FLIP en un comunicado publicado en su página web.

El 13 de junio de 2017, un juez de garantías de Buga anunció su decisión: autorizaba a la Fiscalía a buscar información de William Solano en su cuenta de Facebook. La autorización se dio luego de que la fiscal que investiga a Solano por el presunto delito de injuria pidiera acceso a esa cuenta. La intención es acceder a las fuentes del periodista para usarlas dentro del proceso judicial.

Carolina Botero, directora de Fundación Karisma, opinó sobre este tipo de acciones procesales: “La caja de herramientas de la Fiscalía para investigar delitos es amplia y requiere pensar cuidadosamente cómo aplicarla para Internet”.

La orden, adoptada en mayo de 2016 por la Oficina de la Propiedad Intelectual de Pekín, exigió detener la comercialización de los iPhones 6 y 6 Plus, pero fue rápidamente suspendida debido a la apelación interpuesta por Apple.

Las ventas del gigante californiano no se vieron afectadas.

El Tribunal de la Propiedad Intelectual de Pekín —una de las instancias judiciales especializadas implementadas estos últimos años por el régimen comunista— dio finalmente la razón a la marca de la manzana.

La Oficina de la Propiedad Intelectual, un órgano administrativo del ayuntamiento de Pekín, consideró que los dos modelos de Apple afectados «infringían una patente de diseño» del discreto fabricante de teléfonos Baili.

El juez Thomas Rueter, de Filadelfia, ha indicado, según Reuters, que aunque la recuperación de los datos electrónicos de Google desde sus centros de datos en el extranjero parezca una invasión de la privacidad, la infracción real se produce en el momento de la divulgación en los Estados Unidos, algo que no ocurrirá fuera del FBI.

Google ha respondido que los emails se guardan en diversos servidores en todo el mundo, por lo que es posible que ni siquiera sepan dónde se almacena realmente la información que se solicita, por lo que apelaría la decisión.

«El juez en este caso, se apartó de los precedentes, y tenemos la intención de apelar la decisión», refirió la empresa.

Google recibe más de 25.000 solicitudes anuales de las autoridades estadounidenses para la divulgación de datos de los usuarios en materia penal.

El fallo afirma que causó daño a los derechos de personalidad, honor y prestigio del presidente de MVS, Joaquín Vargas Guajardo, quien es mencionado en el prólogro prólogo del libro “La Casa Blanca de Peña Nieto”.

El juez del Quincuagésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, Odilón Centeno Rendón, ordena en el fallo incluir en todas las ediciones y publicaciones del libro un extracto de la sentencia donde se condena a la periodista.

La periodista Carmen Aristegui anunció desde su sitio web que apelará

El pronunciamiento de Joaquín Vargas:

El pronunciamiento de Carmen Aristegui léelo aquí.

Vía: O Globo

Al respecto, un juez federal ha emitido una orden para que la policía de Misouri ya no impida dar cobertura en la zona, así como tomar fotos de los agentes.

La orden fue determinada luego de que la Unión Americana de Libertades Civiles indicara que la policía actuó de manera inadecuada con la prensa que cubría las investigaciones de la muerte de Michael Brown.

Además, los periodistas han regresado a la ciudad para continuar con las investigaciones, pues se espera la decisión de las autoridades sobre la acusación del oficial que habría acabado con la vida de Brown, quien estaba desarmado.

Esta semana se declaró estado de emergencia en Ferguson ante la espera del anuncio de los funcionarios judiciales.

Con información de AP

Un informe del Consejo de Protección a Periodistas ya había advertido sobre el aumento de casos de amenazas judiciales contra periodistas. Esta vez, el periodista brasileño Lúcio Flávio Pinto ha sido forzado a dejar de investigar y publicar informes sobre el proceso contra los representantes del Grupo O Liberal, que tiene a su cargo varios medios de comunicación. De lo contrario, el comunicador será arrestado y deberá pagar una millonaria multa.

Flávio Pinto dijo al Diario Online que cumplirá la orden judicial. Sin embargo, no está de acuerdo con dicha medida. “Mi nota defiende el interés de las personas en los dineros desviados. Cuando existe un conflicto entre la privacidad y el derecho de la sociedad, prima el derecho de la población a saber qué está sucediendo”, añadió.

En sus artículos publicados en Jornal Pessoal reveló que altos funcionarios de esa compañía -Romulo Maiorana Júnior y Ronaldo Maiorana- fueron acusados de fraude para obtener recursos de incentivos fiscales de la Superintendencia de Desarrollo de la Amazonía.

Vía knight Center