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México: Preocupa violencia contra mujeres periodistas

Por Milagros Olivera Noriega

Publicado el 14 de agosto del 2014

Las constantes amenazas contra las periodistas mexicanas Lydia Cacho y Ana Lilia Pérez Mendoza, el asesinato de Regina Martínez Pérez y los allanamientos y robos en las oficinas de la agencia Cimacnoticias, perteneciente a la organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) son los casos que integran el informe  “Impunidad. Violencia contra Mujeres Periodistas. Análisis legal”.

El informe, presentado por la CIMAC, el gobierno está en deuda con la libertad de expresión de las mujeres, principalmente con las periodistas, pues no les garantiza justicia cuando son agredidas, lo que genera impunidad. Por ejemplo, las amenazas contra la periodista Lydia Cacho han tenido una respuesta deficiente por parte de las autoridades. Además, han tenido sesgos sexistas y han violado el debido proceso.

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Foto: CIMEC

 

Además de enfrentar los riesgos de su profesión, son víctimas de violencia institucional de género. El primer paso es la discriminación; el segundo es que  las autoridades no consideran su labor periodística como factor de la agresión y les niegan protección y justicia.

Yunuhen Rangel Medina, coordinadora de Redes de Periodistas y Programa de Libertad de Expresión de CIMAC, explicó el método que utilizaron para identificar la problemática. Para ello escogieron cuatro casos que permitieran ver diversas aristas de los ataques contra la libertad de prensa y con las que pudiera identificarse cualquier periodista mujer.

El portal Sin embargo realizó un recuento de los 4 casos que aborda el informe:

 

CASO 1:

Ana Lilia Pérez Méndez: Periodista que investigó la corrupción de las empresas Naviera Oceanografía y la trasnacional gasera Grupo Zeta, casos que implicaban a Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que provocó que en 2007 Grupo Zeta la demandara por daño moral, acusación que hoy día sigue vigente. El análisis de CIMAC indica que la demanda por daño moral contra la reportera es un ejemplo del uso del aparato judicial para limitar la libertad de expresión, ya que además puso en riesgo la vida de la informadora, quien en junio de 2012 tuvo que salir del país por las amenazas en su contra.

CASO 2:

Regina Martínez Pérez: Corresponsal en Xalapa, Veracruz, del semanario Proceso y quien fuera asesinada el 28 de abril de 2012, el estudio encontró que la investigación se enfocó en la vida privada de la reportera y en desacreditar su labor periodística, lo que derivó en violencia institucional. En la indagación de este asesinato, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJE) no realizó pesquisas que permitieran un juicio justo, hubo un mal resguardo de las evidencias, de la preservación y recolección de pruebas y de la identificación de testigos, por lo que hasta ahora hay dudas sobre quiénes fueron los autores intelectuales y materiales del crimen.

CASO 3:

Lydia Cacho Ribeiro: Periodista que en 2005 fue demandada por Kamel Nacif por los delitos de difamación y calumnia, luego de que ella revelara la existencia de una red de pederastia y pornografía infantil en la que presuntamente participaba el empresario textilero, destacó la colusión del entonces Gobernador de Puebla, Mario Marín, y las irregularidades en la integración de la averiguación previa por las acusaciones contra Cacho Ribeiro que dieron pie a que en diciembre de 2005 la periodista fuera detenida y sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

CASO 4:

Robo y allanamiento de la agencia Cimacnoticias: En 2008 y 2011, el informe destaca que el hecho de que el delito se investigara como robo simple fue una omisión, porque no se incluyó como línea de investigación la labor periodística y de defensa de los derechos humanos de las mujeres de quienes laboran en ese medio de comunicación.

CONCLUSIONES

El 35%  de los casos ocurrieron en el Distrito Federal, lo que la convierte en la ciudad  más peligrosa para las mujeres que ejercen el periodismo en el país, seguida de Veracruz.

La coordinadora de Redes de Periodistas y Programa de Libertad de Expresión de CIMAC aseguró que es necesario comprender cómo operan las desigualdades de género y las prácticas sexistas para tomar las medidas adecuadas.

Con información de Sin Embargo.

 

 

Publicado por:

Feminista. Estudio Periodismo en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Fui editora de Cultura de Diario16.

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