La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la organización Access Info Europe (AIE) presentaron esta semana un Amicus Curiae (amigos del tribunal) ante una corte en Perú, en respaldo de un pedido de acceso a correos electrónicos oficiales de un ex ministro, planteado judicialmente por el Centro de Información Abierta Liber (Centro Liber).

En un comunicado, el Centro Liber, asociación civil sin fines de lucro creada en 2014 para promover el fortalecimiento de las libertades de información y expresión y el derecho al acceso a la información pública, planteó un recurso de Hábeas Data contra el Ministerio de Energía y Minas del Perú por el acceso a los correos electrónicos oficiales de Eleodoro Mayorga Alba, ministro que dejó el cargo en febrero de este año.

Algunos correos electrónicos entre Mayorga y el ministro del Ambiente sobre posibles conflictos de interés e irregularidades entre el Estado y la empresa petrolera Karoon ya fueron publicados por los medios de comunicación peruanos. El Centro Liber pidió la transparencia de todo el intercambio. Una sentencia a su favor fue apelada por el Ministerio de Energía y Minas.

En ese sentido, el presidente de la SIP, Pierre Manigault, presidente del periódico estadounidense The Post and Courier, explicó que en el documento se respalda “la apertura y transparencia de toda la información en asuntos de interés público, basados en principios, legislación y experiencia internacionales, lo que compete al derecho del público a saber, algo esencial en democracia”.

En una nota de prensa, SIP recuerda que Perú cuenta con la Ley de Acceso a la Información Pública desde 2013 la que incluye una cláusula que define como documento cualquier soporte, incluido el digital.

En tanto, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, expresó que es parte de su “responsabilidad respaldar este caso, que podría sentar un precedente en materia de acceso a la información pública en el país, tratándose que es la primera vez que se reclama ante el Poder Judicial el derecho de los ciudadanos a acceder a los correos electrónicos oficiales de un funcionario”.

El recurso fue enviado con el fin de contribuir a la promoción de la transparencia y la fiscalización de los poderes públicos desde la sociedad civil.

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