La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de acto de intimidación la demanda penal por difamación que interpuso el presidente de Bolivia, Evo Morales, contra el periodista Humberto Vacaflor, la que busca incentivar un efecto disuasivo en contra de la libertad de prensa en el país.
En un comunicado se indica que el periodista fue demandado tras informar en un programa del canal Católica TV el 4 de julio que Morales fue uno de los autores intelectuales del asesinato de un policía y su esposa en el 2000 en la zona del Chapare.
Se recuerda que en esa época Morales era diputado y dirigente campesino. La denuncia, a la que el juez René Delgado determinó enviar a etapa preparatoria de juicio por difamación, fue presentada el 12 de julio.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, expresó que «no es la primera vez que observamos a mandatarios extralimitarse en el uso de su poder con la intención de hostigar, limitar la información de interés público y castigar a los periodistas críticos».
Paolillo explicó que cuando se trata de una figura pública «estas acciones penales contravienen la jurisprudencia internacional», además de estar encaminadas a «buscar un efecto disuasivo en contra de la libre actividad periodística».
