La revista Rolling Stone resolvió una demanda por difamación interpuesta por  la Universidad de Virginia, a la cual difamó al denunciar una violación grupal en el campus.

La casa de estudios demandó a la revista y a la reportera Sabrina Rubin Erdely, quien pidió disculpas por haber elaborado una historia sin ningún rigor.

El abogado de la universidad, Libby Locke, dijo BuzzFeed que se llegó a un acuerdo «amigable», pero que los términos son confidenciales.

Nicole Eramo, decana adjunta para Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Virginia, fue la principal perjudicada con esta historia.

El artículo fue publicado en noviembre de 2014, y en noviembre de 2016 el jurado de una corte federal indicó que la revista había cometido difamación contra un ex decano asociado a la mencionada institución, pues había sido retratado negativamente en el artículo “A Rape on Campus” (“Una violación en el campus”). Wenner Media, el dueño de la revista Rolling Stone, así como la autora de la historia también fueron encontrados responsables.

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El jurado de una corte federal indicó este viernes que la revista había cometido difamación contra un ex decano asociado a la mencionada institución, pues había sido retratado negativamente en el artículo «A Rape on Campus» («Una violación en el campus»). Wenner Media, el dueño de la revista Rolling Stone, así como la autora de la historia también fueron encontrados responsables.

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El jurado también refirió que la autora, Sabrina Rubin Erdely, está comprometida con una real malicia, que significa que el autor informó algo sabiendo que era falso o imprudentemente hizo caso omiso de si algo era verdadero o falso.

Nicole Eramo, quien denunció el caso en primer lugar, inicialmente pedía US$ 7.5 millones por daños y perjuicios. Pero aún se debe definir la suma total.

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El artículo, publicado en noviembre de 2014, inmediatamente llamó la atención por su representación de un asalto sexual cometido por numerosas personas contra una mujer en una fiesta de fraternidad. La historia se trató como un retrato realista de un problema que recién se hacía visible en los campus universitarios de EE.UU.

Otro periodista comenzó a investigar algunas partes de la historia y encontró inconsistencias. El resto es historia.

La organización tendrá que resolver otros casos.

El arrepentimiento de una periodista que no verificó los datos de su reportaje

Vía The Washington Post / Mashable

Como se sabe, Martha Meier Miró Quesada lo denunció por difamación agravada debido a la publicación del artículo titulado “¿Qué hacemos con la primita?”, según medios locales.

El columnista de la revista Caretas apeló a la sentencia que le dictó, en mayo pasado, la juez Susan Coronado, del 42° Juzgado Penal de Lima. En ese momento se le impuso el pago de S/. 6 mil de reparación civil, ya que se consideró que el texto afectó el honor, la economía, además de causar ansiedad y depresión a Martha Meier.

El tribunal integrado por los jueces Juan Gonzales Chávez, Óscar Sumar Calmet y Enrique León Sagástegui revocó la mencionada sentencia y resolvió que el artículo de Rafo León no tuvo una intención difamatoria sino crítica.

“De la lectura de la columna del imputado (Rafo León) no se evidencia información, hecho, expresión o juicio de valor referidos a la esfera íntima o personal de la demandante, sino más bien sus críticas recaen sobre aspectos de naturaleza pública o de interés público”, se señala en la resolución de los magistrados.

«La querellante en su condición de periodista escribió sobre el desempeño de un funcionario público -de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán-, el mismo que claramente es de relevancia pública, por su contenido es netamente político, razón por la que la querellante (Martha Meier) debe estar dispuesta a soportar también criticas de esa naturaleza», se indicó en otra parte del texto.

«ES EL PRECEDENTE CORRECTO»

«Los jueces de la Sala Superior están estableciendo el precedente correcto. No existe el delito de opinión y eso es lo más importante de esto», refirió Rafo León a El Comercio tras acabarse el proceso.

«Los tres jueces por unanimidad me han absuelto en el entendido de que mi texto, por el que la querellante (Martha Meier Miró Quesada) se sentía ofendida, no era difamatorio», añadió.

«En este caso todos somos personajes públicos y la querellante está en todo su derecho de opinar sobre personajes públicos, como lo hace constantemente en su Twitter. En este proceso todo es claro. Primero, no es ofensivo en lo personal, no es difamatorio. Segundo, es un tema de opinión y, tercero, es un tema de opinión entre personas públicas que debemos estar expuestas con total tolerancia a la opinión de los demás», resaltó al mencionado medio.

Foto: Luis Centurión / Perú21

En un comunicado indican que los recientes fallos judiciales a dos periodistas peruanos, constituyen peligrosos precedentes que van en contra del libre ejercicio de la profesión y del derecho a la libertad de expresión y de opinión.

Rafo León: IPYS expresa su preocupación a jueza por amenaza a la libertad de expresión https://t.co/E81fcvXiR5 pic.twitter.com/dhhDG7YYM7

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«En un país democrático, con un pleno ejercicio de la libertad de prensa, un periodista no debe ser condenado por sus opiniones o por informar», se señala.
En la opinión del gremio,  toda persona tiene derecho de ser protegida de una difamación que afecte su reputación, pero consideramos que en las recientes condenas judiciales esta situación no se ha dado.

«Recordemos que toda persona pública está sujeta al escrutinio de la opinión pública y la prensa tiene el derecho, y la obligación, de investigar sus actos y de informar y opinar libremente sobre ellos», dijeron.

Añaden: Expresamos nuestra solidaridad con los colegas e invocamos que hechos como estos, que no solamente van en contra de dos periodistas sino de la prensa en su conjunto, y también en contra del derecho de todos los peruanos a la libre información, no se repitan. Y esperamos que estos recientes fallos judiciales contrarios a la libertad de prensa sean corregidos.

El documento fue presentado ante la Corte federal de Manhattan y se refiere a un artículo publicado en mayo del 2015 en el que se apuntaba que las autoridades de EE. UU. investigaban a Cabello y a otros integrantes del Gobierno venezolano por delitos como tráfico de drogas y lavado de dinero.

En la demanda, el congresista Cabello, que presidió la Asamblea Nacional de Venezuela de enero del 2012 al mismo mes de este año, señala que el artículo del WSJ contiene “acusaciones falsas y difamatorias” por las que pide una compensación.

El artículo se tituló “Funcionarios venezolanos sospechosos de convertir al país en un centro global de cocaína” y llevaba el subtítulo: “Investigación de EE. UU. va contra el segundo al mando del Gobierno, Diosdado Cabello, y demás personas, bajo sospecha de narcotráfico y lavado de dinero”. 

El artículo, dice el demandante, “provocó una avalancha de reediciones por varios medios de comunicación de EE. UU. y a nivel internacional”, lo que ha provocado “graves perjuicios” a la imagen de los mencionados en el artículo.

La propietaria del rotativo económico, cita Prensa Libre, contestó a través de un comunicado a la demanda y señaló que la empresa tiene “total confianza en el rigor y la precisión de la investigación”.

News Corp., propietaria de Dow Jones & Company, editores del WSJ, apuntó que defenderá “con determinación”  al diario contra la demanda.

El caso deriva de una demanda interpuesta a mediados de 2014 por Martha Meier Miró Quesada, entonces editora general del diario El Comercio de Lima.

Rafo León: Lee la columna de opinión que podría llevarlo a prisión https://t.co/vYc4hCKSfR pic.twitter.com/fPhYMw7N0b

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Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, manifestó su preocupación por la posibilidad de que los periodistas puedan ser condenados a penas de prisión por lo que piensen, opinen o escriban, lo que contradice principios establecidos en tratados internacionales, en la Declaración de Chapultepec y en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Lee Rafo León: ¿En qué consiste el delito de difamación y qué sucede en la práctica?

Paolillo recordó que en junio de 2014 integró una delegación internacional de la SIP que visitó Lima, donde se reunió con el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, Enrique Mendoza Ramírez. El magistrado dijo a la SIP que debido a las muchas denuncias y demandas contra periodistas por delitos de difamación, difundió un exhorto público a los jueces para que analizaran en forma responsable e independiente si las querellas contra periodistas tenían fundamento o simplemente eran formas de censurar y promover la autocensura.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) también respaldó a León y cuestionó que se pretenda condenar a un comunicador por el derecho a opinar.

Rafo León: IPYS expresa su preocupación a jueza por amenaza a la libertad de expresión https://t.co/E81fcvXiR5 pic.twitter.com/dhhDG7YYM7

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El Nobel Mario Vargas Llosa expresó también su respaldo a Rafo León.

EL COMENTARIO DE VARGAS LLOSA

Querido Rafo,

Siento muchísimo la trampa en que te han metido y, como tú dices en tu nota de Facebook, el precedente que se podría crear es gravísimo para el futuro de la libertad de expresión en el Perú. Puedes contar conmigo para cualquier protesta o adhesión a ti en estos días difíciles.

]]> https://www.clasesdeperiodismo.com/rafo-leon-sip-y-mario-vargas-llosa-expresan-respaldo-a-periodista-denunciado-por-difamacion/feed/ 0 https://www.clasesdeperiodismo.com/egipto-seis-periodistas-son-llevados-a-juicio-por-supuesta-difamacion/ https://www.clasesdeperiodismo.com/egipto-seis-periodistas-son-llevados-a-juicio-por-supuesta-difamacion/#respond Thu, 07 Jan 2016 17:03:32 +0000 http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=271992 Un fiscal egipcio informó que seis periodistas locales serán llevados a juicio por presuntamente difundir «noticias falsas» que difaman el ministro de Justicia.

El fiscal Fathy Bayoumi dijo el miércoles que los seis fueron enviados a los tribunales después de que los investigadores encontraron que «publican información falsa para difamar» al ministro de Justicia, Ahmed al-Zind.

Los informes aseguran que al-Zind, como jefe de la poderosa Jueces Club, vendió tierras estatales a un familiar por debajo del precio de mercado.

Los acusados ​​incluyen editores del sitio web de noticias Al-Ahram de propiedad estatal y Abdel-Halim Kandeel, un conocido periodista.

Al-Zind ha generado controversia en el pasado por la defensa de la décadas de práctica de dar prioridad a los hijos de los jueces en la contratación para el cargo de juez, informa AP.

El 4 de marzo, Gawker difundió en su web la nota“My Year Ripping Off the Web With the Daily Mail Online» de James King, quien ya no labora en Dailymail.com. En el texto se indicaba que el modelo editorial del Mail online depende de la “deshonestidad”.

También dijo que el Mail Online “roba material con derechos de autor” y comete “sensacionalismo”.

La demanda por difamación ya está en la corte suprema del estado de Nueva York, en EE.UU. debido a que Gawker tiene sede en ese país.

El documento legal tiene 34 páginas y se argumenta que el diario Mail online ha sido perjudicado en cuanto a su reputación. También se especifica que el negocio comercial ha sido afectado.

King fue freelance entre mayo del 2013 y julio del 2014. El periodista se quejó sobre el funcionamiento del medio porque le daban notas para ‘voltearlas’, es decir, reescribirlas.

En su texto hay otras quejas sobre el Mail Online reiterando que se copia contenidos de otros medios. La defensa legal del Mail Online argumenta que el diario “entrena a sus empleados y a sus colaboradores externos  a citar contenido y dar atribuciones de manera correcta”.

En su edición del 10 de febrero de 2015 y en su versión en línea del 8 del mismo mes, Le Monde publicó una investigación sobre el sistema de evasión fiscal puesto en práctica por el banco británico, en particular por su filial suiza HSBC Private Bank Suisse (HSBC PB).

El diario francés citaba a varias personalidades que habrían tenido, entre 2005 y 2007, una cuenta oculta en Suiza.

Entre ellas figuraba equivocadamente el de Malkovich, declaró este lunes su consejero, Hervé Témime, en un comunicado.

El actor de 61 años denunció a Le Monde y a los periodistas Gérard Davet y Fabrice Lhomme a través de una citación directa, lo que permite una comparecencia ante el tribunal.

Malkovich fue titular de una cuenta-títulos en Suiza, pero entre 1994 y 1999 en un establecimiento bancario que más tarde fue adquirido por HSBC PB, explica el abogado en su comunicado. Además, se trataba de una cuenta declarada desde su apertura ante la administración estadounidense.

El actor está «profundamente afectado porque su nombre haya sido denunciado, incluso cuando el diario sabía», según el comunicado, que esa cuenta no tenía nada que ver con las vinculadas a las actividades del HSBC.

Nicole Eramo, decana adjunta para Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Virginia, pide una reparación de 7.85 millones de dólares a la revista estadounidense, a la periodista Sabrina Rubin Erdely y a la editorial Wenner Media.

La académica acusa a la revista, cita The Washington Post, de haberla desacreditado en el artículo donde una chica identificada como Jackie afirmaba haber sido violada en el campus de la Universidad de Virginia en 2012, en una fiesta de una hermandad.

. @RollingStone y la historia de un fracaso periodístico que se pudo evitar http://t.co/wGmVo2GV30 pic.twitter.com/8sa1DJBLVJ

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