El estudio concluye que las leyes que permiten que los periodistas sean enjuiciados penalmente por el contenido de sus reportajes representan un peligro para la libertad de prensa y para el derecho de los ciudadanos a estar informados.

«Como lo describió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe Anual de 1994, tales leyes tienen un «efecto inevitablemente inhibidor . . . para la libertad de expresión»… Ciertamente, hay un creciente consenso internacional entre los tribunales y las autoridades alrededor del mundo incluida la CIDH, las Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), de que el castigo penal es una sanción desproporcionada para la difamación, y que solo las expresiones que crean una amenaza directa de violencia ilícita podrían alguna vez dar lugar a responsabilidad penal», explican.

En las Américas, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos otorga a los estados autoridad limitada para restringir el derecho a la libertad de expresión, se cita.

Este informe, precisan, intenta presentar un sondeo del estado de las leyes penales sobre la difamación y otras leyes que penalizan o restringen la expresión en las Américas.

Según el estudio, la difamación puede definirse de manera general como el acto de dañar la reputación de otro haciendo una declaración falsa a un tercero, aunque su definición específica y su aplicación varían conforme a las leyes de cada país y, en los Estados Unidos, conforme a las leyes de cada estado.

Otras leyes que penalizan el discurso en la región incluyen, por ejemplo, la injuria (que se define de manera general como una declaración difamatoria expresada en un medio fijo, lo que incluye películas, letreros o emisiones electrónicas), las calumnias (que se definen a menudo como una acusación falsa de que otra persona ha cometido un delito específico) y, en ciertos países, delitos de «desacato» (a menudo traducido al inglés como «contempt» o «insult» y definido de manera tal que incluye insultar u ofender el honor del estado o de los funcionarios estatales).

La mayoría de los países incluidos en este informe aún tienen leyes que penalizan algunos o todos estos delitos, incluso cuando las mismas no se aplican activamente. Este informe describe además la aplicación de estas leyes a los medios de comunicación móviles y por Internet, que se están volviendo cada vez más comunes como método de difusión de noticias en todo el mundo.

Revisa el informe completo.

La agencia oficial de noticias Xinhua dijo que las restricciones son obligatorias en virtud de una ley antiterrorista aprobada el fin de semana, pero dio pocos detalles, informa AP.

«Las diversas restricciones pretenden prevenir los delitos de imitación, proteger a los trabajadores de primera línea contra el terrorismo y mantener a la sociedad de protegida de los rumores», dijo Xinhua. «Es por el bien común que los medios de comunicación extranjeros en China, así como a las organizaciones de medios de comunicación nacionales, que se cumplen con estas normas y hacen su debida contribución a la lucha mundial contra el terrorismo», agregó.

La nueva ley contiene una cláusula que dice que las organizaciones de noticias deben ayudar en la lucha contra la propaganda referente al terrorismo, así como someterse a algunas restricciones generales sobre lo que puede ser reportado.

«No hay instituciones o individuos que puedan fabricar o difundir información sobre incidentes terroristas forjados, informes o difundir detalles de las actividades terroristas que se puedan copiar, ni publicar escenas de crueldad o inhumanidad sobre las actividades terroristas», se indica en la ley.

Pekín ha afirmado que China es una víctima del terrorismo global tras los enfrentamientos étnicos violentos que involucran a miembros de la comunidad minoritaria musulmana Uighur en la región extremo noroeste de Xinjiang. Los expertos extranjeros, sin embargo, han argumentado que no hay ninguna prueba de ello y que la violencia en Xinjiang es en gran parte una reacción a las políticas gubernamentales opresivas.

Diario chino asegura que 95% de internautas “apoya expulsión” de periodista francesa https://t.co/5Qm8OQLVUg pic.twitter.com/hwWsVCFoWe

— Clases de Periodismo (@cdperiodismo) diciembre 28, 2015

La Asamblea Nacional francesa aprobó la enmienda 50, que ve el siguiente párrafo incluido en la legislación, citado por VentureBeat:

«II. – El ministro del Interior podrá tomar cualquier medida para garantizar la interrupción de cualquier servicio de comunicación pública en línea que causen comisiones de actos de terrorismo o que lo glorifiquen».

Esta es la portada de #Time tras los atentados en #Francia https://t.co/CTSKpZvxEU pic.twitter.com/MWfcNK8abK

— Clases de Periodismo (@cdperiodismo) noviembre 19, 2015

La cláusula ofende la labor periodística, en opinión de la organización. Por ello, se ha pedido eliminar la ley porque “viola la libertad de expresión”.

El artículo de la norma especifica que las cadenas televisivas y radiales no deben expresar opiniones personales. También se les prohíbe adaptar los hechos seleccionados de forma tal que  no estén en línea del valor noticioso.

DICTADURA

La periodista Esty Perez dijo que una democracia que prohíbe expresar opiniones presenta debilidad y pánico que es propio de las dictaduras.

En tanto, el corresponsal Chico Menashe se siente avergonzado de esta normativa y espera que se cambie lo más pronto posible.

El gremio espera que el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu se encargue de la modificación de la ley, pues está a cargo del portafolio de comunicaciones actualmente.  La normativa fue aprobada por 25 votos a favor y 18 en contra.

Vía Times of Israel

La normativa está disfrazada como una ley contra los terroristas, pues se establece la pena de muerte. Al respecto, The Telegraph advirtió que algunos grupos de derechos humanos temen que la nueva ley sea utilizada para amordazar aún más a los críticos. 

La Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra dijo que la nueva legislación está en contra de «garantías legales y de derechos humanos«.

En ausencia de un parlamento, el presidente está tomando medidas para imponer nueva legislación supuestamente para enfrentar a una insurgencia islamista fragmentada en todo el país. En la provincia empobrecida de Sinaí del Norte, ubicado en la frontera con Israel y Gaza, Estado Islámico de Irak y el Levante leales (Isil) han lanzado ataques regulares contra los militares, recientemente mostrando su destreza con armas pesadas, reportó el diario.

Las detenciones, que al parecer tuvieron lugar a finales de mayo, no se informaron en los medios de comunicación egipcios. Y algunos medios están ansiosos de ganarse el favor de las autoridades.

El diario informó en su página web que la demanda fue argumentado porque esa información debe hacerse pública por ley. La publicación había solicitado por escrito datos sobre media docena de agentes que fueron acusados por conducir ebrios, robar, entre otros delitos.

En opinión del Globe, se está bloqueando información de acceso público. En tanto, un vocero dijo que se revisará la denuncia pues el registro “no sería público”.

En tanto, informó que no solo el Globe criticó el rechazo de la solicitud, también los medios Herald y GateHouse.

Cabe recordar que la ley CORI fue creada en 1972 para que se levante información en una base de datos sobre los antecedentes penales de los agentes de orden público.

La demanda fue colgada a Document Cloud

«El Tribunal decidió que los motores de búsqueda deben evaluar la solicitud de eliminación de contenido de cada persona y que un motor de búsqueda solo puede seguir mostrando algunos resultados cuando exista un interés público en hacerlo», informó Google.

El sitio web más implicado es Facebook con 4,153 URL eliminadas, le sigue Profile Engine con 4,031 y Groups Google con 3,178. Luego está Badoo.com, YouTube, Wherevent.com, Yasni.de, 192.com, yasni.fr y Google Plus.

Según Google, se evaluó 602,479 URL para la eliminación. En tanto, Google recibió 174,226 solicitudes. El mes pasado la cifra alcanzó los 500 mil.

Entre los países más afectados están Francia, Alemania, Reino Unido, España e Italia.

Google publicó información general sobre algunos casos en esos lugares.

La empresa matriz Turner International señaló que no hay una fecha, pero el servicio se interrumpiría el 31 de diciembre.

«Turner International examina las opciones de distribución de CNN en Rusia a raíz de los cambios recientes en materia de legislación sobre los medios», se indica en la nota de prensa. «Ponemos punto y final a nuestra relación de distribución actual en este proceso», sostuvieron.

Según Business Standard, la oficina de CNN en Moscú «no se verá afectada» por esta decisión.

De acuerdo con la agencia AFP, la nueva ley limita al 20% la parte del capital que una entidad extranjera puede ostentar en una empresa mediática en Rusia.

Vía BS / Time

Así lo prueba un reciente caso. El pianista Dejan Lazic obtuvo una crítica de un concierto en el diario estadounidense The Washington Post. No le agradó, simplemente,  y el 30 de octubre pasado envió una petición al medio para que se elimine el review del 2010.

Aseguró que su nombre se vincula a esa nota en la primera página de resultados de Google por varios años.

The Post informó que en un correo electrónico, Lazic aseguró que la petición no tiene nada que ver con la censura o el cierre del acceso a la información. Afirmó que lo hace para el control de «la verdad» sobre su imagen personal.

Para The Post, en esta situación, hay dos o más verdades. Tanto el medio como el artista tienen posiciones diferentes sobre lo que debe ser informado.

Según el artista, la crítica Anne Midgette no presentó adecuadamente su caracterización. En tanto, la especialista dijo que su intención fue resaltar que su talento podría dar mucho más. La petición continúa en revisión.

A través del presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de esta organización, indicó que si bien el nuevo decreto representa un avance sensible en la protección de los derechos de los periodistas, aún muestra ciertas debilidades.

Claudio Paolillo también indicó que la ley hondureña tiene aspectos que podrían convertirla en una norma difícil de operar e ineficaz. Y es que para el funcionario, no existe claridad sobre el presupuesto que el gobierno ofrecerá a esta iniciativa, la capacidad de operación y cómo será supervisada.

Agregó que la mayor preocupación de la SIP es que la medida de protección termine igual que la ley que se estableció en México, que tras dos años de vigencia no logró constituirse como un verdadero mecanismo útil para la seguridad de periodistas amenazados.

Conoce más sobre esta legislación a través de este enlace.

LA PRENSA NECESITA PROTECCIÓN

Honduras es un país en donde constantemente se reportan ataques a miembros de medios de comunicación y periodistas independientes.

Tan solo el año pasado, un boletín informativo del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos informó que el 97% de los asesinatos contra periodistas permanecían impunes.

Estas cifras han generado que el país se ubique en la posición 132 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2014 de Reporteros Sin Fronteras.

Vía: La Prensa